Sin embargo, me parece que la médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UAEM (ahí fue condiscípula del propio Adame y de quien fuera su anterior jefe directo, Víctor Manuel Caballero Solano) se topará ante la disyuntiva de retornar al gobierno morelense o mantenerse en áreas científicas importantes. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), donde ha recibido dos invitaciones tentadoras a corto plazo: por un lado el ofrecimiento para coordinar un grupo de análisis a los costos del dengue en el mundo/país, cuya sede será la Universidad John Hopkins en Baltimore (EUA); y por otro viajar en septiembre próximo a Lisboa, Portugal, a fin de participar en un congreso internacional sobre el costo de la diabetes mellitus.

Siempre es halagador hacer alguna referencia a morelenses destacados en distintas disciplinas. Y vaya que María Luisa Gontes Ballesteros ha ocupado un lugar relevante en el complicado tema de la salud pública en nuestra entidad. Posee una maestría en ciencias de la economía por el INSP; es investigadora, docente y consultora de agencias internacionales, entre ellas la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) y el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social; y fue catedrática en Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador y Honduras, por citar varios países extranjeros, así como en algunas entidades mexicanas. Por así convenir a sus intereses rechazó ofertas de trabajo para ser evaluadora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington y otras instituciones con sede en Nueva York. Y respecto a su responsabilidad en el Instituto Nacional de Salud Pública, a donde regresó el año pasado tras haber cumplido de manera eficaz su trabajo en la Secretaría de Salud de Morelos, está coordinando la especialidad de promoción de la salud. Pésele a quien le pese, la doctora Gontes está bien plantada, tiene prestigio y me parece que más allá de la grilla barata (la cual abunda en Morelos) debe mantenerse dentro de los círculos apropiados para la autorrealización personal y coadyuvar en la búsqueda de soluciones a los crecientes problemas de la salud pública mundial. Enhorabuena.

Cambiando de tema me referiré a lo que la sociología define como conflicto social. De manera sucinta es “toda forma de lucha constante entre sujetos que intentan destinar los recursos disponibles para ambos a objetivos incompatibles entre sí”. Implica la interacción más o menos consciente entre dos o más sujetos, individuales o colectivos. Se caracteriza por la divergencia de objetivos y los escasos recursos para alcanzarlos simultáneamente; cada parte pretende neutralizar o desviar hacia otros objetivos, o impedir la acción de los otros; y se dirigen a la adquisición de prestigio, poder y recursos en una situación de escasez. No requerimos ser doctos en el análisis político para detectar que el conflicto social está latente en el rechazo a dos proyectos: la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla y el desarrollo de dos termoeléctricas y un gasoducto en Yecapixtla, concretamente en Huexca y áreas circundantes. Ambos casos exponen el fondo: un conflicto de intereses económicos. Es decir: la disputa por recursos.

Tanto en Tepoztlán, como en Yecapixtla subyace la distribución de cantidades millonarias que han beneficiado a determinados grupos, pero afectado a otros. Es el fondo de lo que sucede en torno a los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dos consorcios españoles especializados en termoeléctricas y gasoductos. Y no soy yo quien lo asegura, sino el alcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, quien anteayer declaró que el Ayuntamiento (a escasas semanas de que concluya su mandato) analiza la posibilidad de revocar los permisos para llevar a cabo las obras de la CFE. Ahora resulta, según él, que la dependencia federal no tomó en cuenta a las poblaciones de Yecapixtla. Entre otras cosas, ha dicho que cuando se enteró de los proyectos en enero pasado los presentó a la gente de Huexca, la cual solicitó información, “pero desde un principio hubo resistencia por la existencia de viviendas aledañas al predio donde la CFE edificará sus termoeléctricas”.

Y aquí viene lo hermoso, amables lectores. Irving se separó de la alcaldía por un periodo de tres meses a fin de buscar una diputación local (perdió) dejando como relevo al síndico Armando García Domínguez quien, durante su ausencia, autorizó los permisos de construcción. He aquí lo más grave. Por esa “luz verde” la comuna debió ingresar alrededor de 200 millones de pesos, a pesar de la creciente oposición social al complejo eléctrico. “Antes de irme le pedí a Armando que no entregara las licencias porque no se había socializado el proyecto; creo que es bueno, pero como representante del pueblo debo privilegiar el derecho de la gente”, añade el edil de extracción panista. Puntualizó que, por la licencia para construir una planta eléctrica de ciclo combinado, el síndico recibió 800 mil pesos, y por el gasoducto la estratosférica cifra de 200 millones 200 mil pesos. Hágame usted el favor. Y a continuación el colofón del deslinde respectivo. Dijo Irving que el dinero ingresó a las arcas municipales para obra pública, ya que es una contraprestación que se exige a las empresas, pero ¡no sabe cómo fue utilizado! ¿En una población tan pequeña como Yecapixtla? ¿Le creemos, estimados lectores?

La realidad es que Irving Sánchez Zavala no encuentra la forma de salvar las apariencias, tal como empieza a ocurrir con integrantes del Comisariado Ejidal de Tepoztlán, beneficiados con la aportación de más de 12 millones de pesos provenientes de la empresa Tradeco, encargada de llevar a cabo la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, dizque para indemnizar a los afectados por la utilización de 20 hectáreas. Siempre surge la danza de los millones y, en consecuencia, el conflicto social. Así las cosas, Yecapixtla y sus alrededores se dirigen hacia un escenario bastante delicado, pues cualquier ciudadano puede percibir el dolo y las maniobras discrecionales. Con razón los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, a quienes algunos funcionarios de la CFE llamaron revoltosos, esgrimen argumentos de peso y han conseguido la solidaridad hasta de grupos sociales radicados en entidades federativas periféricas.