De ahí se desprende la preocupación del mandatario electo. Sin la adecuada solución a la problemática, añadió Graco Ramírez, existe la probabilidad de que los 2 mil millones de pesos se transformen en más de 3 mil, cuando hoy el compromiso oscila entre mil 200 y mil 300 millones de pesos. Expresó la necesidad de transparentar la forma en que los recursos fueron utilizados, sentenciando que si hubo malversación de fondos “los responsables tendrán que resarcir los daños”. El objetivo, añadió, es que Morelos tenga solvencia financiera suficiente durante los próximos seis años y sacar adelante los tres años de los ayuntamientos que tomarán posesión el primero de enero de 2013. A ver.
En distinto orden de ideas Ramírez Garrido informó que este miércoles se reunirá con la dirigencia estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo sempiterno líder es el priísta Vinicio Limón Rivera, a la sazón secretario de organización del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), cargo que no descuida por nada en el mundo. El objetivo del encuentro -señaló Graco- es construir el diálogo con los organismos sindicales de Morelos, tal como ya se hizo con el Nuevo Grupo Sindical (NGS) que comandan Bulmaro Hernández Juárez y su familia, agrupación favorecida sobremanera en los pasados cinco años (actualmente participa en los más importantes desarrollos a cargo del Poder Ejecutivo de Morelos y la SCT). A estas alturas de su experiencia política, Graco sabe a plenitud que estos dirigentes gremiales propugnan –dizque para mantener tranquilizada a la “raza”- lucrativos contratos mediante los proyectos de infraestructura a cargo del gobierno estatal. No conocen otro idioma.
Cambiando de tema recordaré algo que escribí el 19 de septiembre de 2001. Para entonces había transcurrido un año y dos meses de la gestión del panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez, caracterizada por haber incluido en el gabinete legal, el gabinete ampliado y los mandos medios a una pléyade de amigos del entonces gobernador. Indiqué que la estabilidad de Morelos durante los próximos cinco años dependería de una buena relación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero también de un acuerdo político incluyente, con objetivos comunes entre todas las fuerzas legalmente establecidas. Para aquella argumentación me basé en un ensayo titulado “Principios y valores de la democracia”, escrito en 1995 por José Woldenberg y Luis Salazar, del cual saqué este párrafo: “Asumir el valor democrático de la fraternidad supone reconocer que las contradicciones sociales, los conflictos entre grupos de interés o de opinión, o entre partidos políticos, no son contradicciones absolutas, antagónicas, que sólo puedan superarse mediante el aplastamiento, la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino contradicciones que pueden y deben tratarse pacífica y legalmente mediante procedimientos capaces de integrar, negociar y concertar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos”. Varios funcionarios estradistas de la época eran proclives a la represión de inconformidades sociales y al exterminio de priístas y perredistas.
No se observaban en el horizonte morelense, a un año de la asunción del gobierno panista, condiciones de certidumbre o signos que hicieran pensar en un cambio de actitudes por parte de los actores políticos, ni tampoco la renovación de las “libertades democráticas” para dejar atrás las tradiciones de un sistema caduco, no sólo autoritarias, sino beligerantes, fuertemente arraigadas en la historia nacional. No se percibían señales del nuevo equipo gobernante sobre la práctica política de un modo diferente, tolerante y racional. Paralelamente se decantaban las posiciones del Comité Estatal panista en su relación con el grupo gobernante, lo cual imperó el resto del sexenio. Aquí quería llegar, amables lectores, pues Graco Ramírez Garrido, actual gobernador electo de Morelos, aquel 19 de septiembre de 2001 hizo un llamado “para alcanzar cuanto antes un gran acuerdo político para impedir que se desencadene la violencia y desestabilización; en este sentido el gobernador Sergio Estrada Cajigal debe convocar a los actores políticos para alcanzar el consenso que facilite encauzar soluciones a los problemas más graves que impone el desarrollo estatal”. Además dijo que el titular del Poder Ejecutivo “obtuvo el dos de julio del 2000 un extraordinario capital político que no puede seguir derrochando al no acercarse a las fuerzas políticas para conciliar, a partir del diálogo y concertación, las decisiones fundamentales para reorientar el quehacer gubernamental. El PAN ha hecho un gobierno que marcha sin rumbo, a la deriva; no tiene plan estatal de desarrollo ni programas; hay vicios y contradicciones en un gabinete integrado por amigos”.
Pero Graco Ramírez no fue el único que se refirió a aquella inestabilidad. Según el entonces senador blanquiazul Marco Adame Castillo, “el Partido Acción Nacional aspira a que, en la medida de lo posible, se valore a los panistas que estén calificados para colaborar en la función gubernamental, pero no por el principio falso y fatuo de las cuotas de poder. Es indispensable construir un acuerdo político estatal, es una condición política sin la cual los cambios de fondo y el avance en la vida democrática del Estado quedan comprometidos si no se logra”. Y añadió quien hoy gobierna Morelos: “Me parece que si no avanzamos en esa dirección, si no se dan las condiciones para que se logre un acuerdo con todas las fuerzas políticas, reconociendo en sana pluralidad las diferencias que hay, y se desarrolle un proyecto de inclusión y de proyección en la acción gubernamental, el avance puede quedar comprometido. Es urgente, es necesario un acuerdo para los próximos cinco años”. A juzgar por las apariencias actuales, la historia se repite en parte. Graco tiene la oportunidad de establecer un gobierno 100 por ciento emanado de la sociedad y no de camarillas. A ver.
