El proceso en cuestión data del siglo XVII en Inglaterra (y, aproximadamente, treinta años más tarde en Francia), siglo de desarrollo de la urbanización y de la aparición del concepto de espacio privado en la burguesía de las ciudades. Habermas muestra cómo “las reuniones de salón y los cafés han contribuido a la multiplicación de los debates y discusiones políticas, los cuales gozan de una publicidad por medio de los medios de comunicación de la época (relaciones epistolares, prensa naciente)”. Sin embargo, considero importante reflexionar sobre otros conceptos inherentes al espacio público para entender lo que sucedió con él en Cuernavaca durante las dos décadas pasadas. Una apretada definición, después de consultar a varios autores, indica que el espacio público “es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público”.
La Dirección General de Licencias de Funcionamiento y la Dirección de Gobernación Municipal de Cuernavaca, dentro de un ambicioso programa de actividades diseñado por el entonces alcalde Manuel Martínez Garrigós al principio de su administración, asignó un sitio preponderante a la recuperación del espacio público partiendo de la regularización de determinadas actividades económicas en su mayoría efectuadas al margen legal o bajo tolerancia de las autoridades citadinas, no obstante su condición anárquica. Es el caso del comercio ambulante que, en algunas calles y avenidas, adquirió la calidad de semifijo, inclusive cobijado por amparos federales. El regidor Luis Salas Catalán se ha reunido en infinidad de ocasiones con líderes de varias organizaciones de vendedores ambulantes, a fin de encontrar opciones viables que, además de propiciar la recuperación del espacio público, garanticen a esos fenicios extensos periodos de desarrollo económico. Pero los avances han sido magros.
Cuando fue presidente municipal de Cuernavaca en el trienio 1997-2000, Sergio Estrada Cajigal impulsó la regularización y control del ambulantaje, básicamente en el centro de la capital morelense, generando la apertura de dos importantes plazas comerciales: Lido y Degollado. Aunque el reacomodo en esos espacios despertó la codicia de los líderes comerciales de la época, amafiados con servidores públicos corruptos (acapararon infinidad de locales), durante varios lustros sirvieron para mitigar la proliferación descontrolada de vendedores. Empero, actualmente existe un padrón con alrededor de mil 500 registros.
La problemática no es de fácil solución, pues requiere financiamiento para encontrar predios destinados al reacomodo de comerciantes ambulantes. Y es en tal escenario donde vuelve a surgir la esencia del espacio público: la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. El comercio ambulante no es dueño del suelo donde ejerce sus actividades cotidianas, sino toda la sociedad de Cuernavaca. Y lo mismo puede afirmarse tocante a los problemas que, proporcionalmente, enfrentan otros municipios.
El espacio público, teóricamente hablando, es el suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) para usos sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades culturales y a veces comerciales, etcétera).
Y hacia la recuperación del espacio público se encamina una nueva iniciativa propugnada por el Ayuntamiento de Cuernavaca bajo los auspicios del regidor Salas Catalán, con el respaldo del alcalde Rogelio Sánchez Gatica. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de su Facultad de Derecho, participará en la revisión jurídica de lo que será el primer Reglamento del Centro Histórico de la ciudad de Cuernavaca cuyo primer texto, como ya lo dije, se elaboró por iniciativa del regidor Luis Alberto Salas Catalán. Al respecto, el alcalde Sánchez Gatica se pronunció por la consolidación de un instrumento jurídico que permita una normatividad acorde al desarrollo turístico e histórico de la capital morelense.
Así las cosas, este fin de semana se desarrolló un acto en el auditorio de la citada Facultad, ante la presencia del director de ese plantel, Raúl Vergara Mireles, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, entre otras personalidades, donde Sánchez Gatica expresó la necesidad de que el gobierno municipal y la propia sociedad dispongan de una reglamentación que tutele, proteja y preserve el patrimonio cultural, su fisonomía visual, imagen, ambiente y comunicación de los espacios y elementos urbanos que componen el Centro Histórico.
En su oportunidad, Luis Alberto Salas Catalán dijo que con este nuevo esfuerzo, como continuación de varias acciones iniciadas hace más de dos años (varias de ellas apoyadas por el INAH-Morelos), empieza a generarse una eficiente estructura jurídica para el centro de Cuernavaca en aras de la recuperación del espacio público. Y destacó que la intención de invitar a la Facultad de Derecho a la revisión del Reglamento aspira a que los especialistas en la materia den su punto de vista sobre el borrador que se tiene. “Hemos hecho lo que deben hacer todos los políticos, indistintamente de colores o partidos, como es establecer lazos de unión entre agrupaciones sociales, liderazgos y autoridades”, apuntó. Que todo sea en aras de erradicar la anarquía y pésima fisonomía del centro citadino ante propios y extraños. Finalmente deseo enviar un abrazo afectuoso a Roberto Martínez-Vara, ex coordinador de comunicación social del Ayuntamiento de Cuernavaca, por el sensible fallecimiento de su esposa Patricia Gil Freixas, acaecido ayer. Animo.
