“Algunas de las inconsistencias detectadas por nosotros en el proyecto de Reglamento tienen relación con las decisiones para todo cambio o alteración de espacios (tratándose del centro histórico). Se pretende otorgar la capacidad de decisión a la autoridad que determina el proyecto en cuestión, pero los promotores de la idea olvidan que no pueden hacerlo porque invadirían esferas de competencia que la Ley Orgánica Municipal tiene asignadas a otras dependencias del Ayuntamiento. Un ejemplo de ello es que, tratándose de construcciones en inmuebles del centro histórico, la autoridad que deberá autorizar es la que señala el proyecto de Reglamento y no la Dirección de Licencias que es la legalmente facultada. No es válido que dos autoridades otorguen permisos sobre la misma solicitud. Asimismo, quiero comentarle que hace 15 años el Ayuntamiento se obligó por escrito ante la Canaco a no expedir más permisos al comercio ilegal, basándose en un acuerdo suscrito con nosotros para reubicar al entonces comercio callejero en las plazas Lido y Degollado. Pero el Ayuntamiento ha quebrantado su obligación: el centro histórico está nuevamente plagado de comerciantes ambulantes con el consentimiento de las autoridades municipales. El problema de fondo es que los políticos no honran su palabra, y aunque se diera una solución con el pretendido Reglamento, éste no tendrá efecto sin la voluntad para cumplir y hacer cumplir la ley. Las calles son espacios públicos a cargo del municipio y el municipio no puede enajenarlos sin el consentimiento del Congreso local. Sin embargo, esto no le ha importado a las tres o cuatro administraciones anteriores”. Hasta aquí la carta del abogado José María Román. Servido.

A continuación la carta enviada por Arturo Salgado Porcayo: “Estimado Guillermo. Leí tu columna de hoy donde mencionas el proyecto de Reglamento del Centro Histórico que el regidor Luis Salas Catalán pretende se apruebe. Si lo revisas te darás cuenta de que se refiere escasamente al control del comercio en la vía pública. Desde mi punto de vista es necesario incrementar las restricciones para ocupar tales espacios, así como también establecer mayores sanciones a quienes lo hagan sin un permiso para ello. Además debe contener sanciones para los servidores públicos -incluidos los regidores- que por corrupción, omisión o complicidad contribuyan al aumento ilegal de esta actividad, de la misma manera en que debe haber acuerdos con los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que no sigan otorgando amparos a las personas que, sin tener una autorización oficial, se instalen en la vía publica. Además, te comento que por petición de Manuel Martínez Garrigós, al inicio de la actual administración, le hicimos llegar una serie de propuestas para modificar el Reglamento de uso de la vía pública, pero nunca fueron tomadas en cuenta. Y en cuanto al padrón de comerciantes que existe actualmente en el Ayuntamiento, es de alrededor de mil trescientos comerciantes con permiso y alrededor de mil quinientos tolerados, o sea sin permiso, de los cuales no se tiene un registro oficial. Espero que estas reflexiones sean de tu interés; y te adjunto el Reglamento del Centro Histórico tal como se pretende aprobar”. Firma José Arturo Salgado Porcayo. Servido.

Cambiando de tema comentaré que tras el recrudecimiento de la violencia en Morelos, en menos de 12 horas (entre el lunes y ayer) se registraron diez asesinatos. Todos los homicidios se registraron en Cuernavaca, donde se focaliza el despliegue más importante dentro del Plan Morelos Seguro, mismo que opera desde el pasado mes de mayo en toda la entidad sin que haya logrado abatir los índices delictivos. En este contexto, el alcalde electo de la capital morelense, Jorge Morales Barud, opinó ayer favorablemente respecto al crédito de 980 millones de pesos que gestionará la comuna de Cuernavaca y cuya tramitación dio anteayer el primer paso en el Cabildo, donde fue avalado por la mayoría de regidores. Ahora falta la aprobación del empréstito en el Congreso local. Cabe subrayar que el nuevo financiamiento, propugnado por el alcalde Rogelio Sánchez Gatica y destinado (entre otras cosas) a renegociar el fuerte endeudamiento del Ayuntamiento cuernavaquense (hoy tiene comprometido el 86 por ciento de las participaciones federales), servirá para otorgarle a Morales Barud margen de maniobra ante determinados agravios sociales. El primero de ellos es precisamente la inseguridad pública.

Luis Alberto Machuca, presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos, advirtió ayer que quienes formen parte del gabinete del gobernador electo Graco Ramírez tendrán una prioridad: cumplir todos los compromisos contraídos por la Coalición Nueva Visión Progresista ante la ciudadanía. Al hablar sobre el perfil de los próximos funcionarios estatales, Machuca señaló que emergerán del sector público y el privado. “Todos, sin excepción, estarán sometidos al escrutinio público, pero también al nuestro. Además, la apertura será de una forma diferente. Los tres partidos de izquierda (PRD, PT y MC) formarán parte del gabinete teniendo voz y voto en las reuniones. Siempre estaremos atentos sobre la marcha de la administración estatal, porque así como hemos sido atentos y críticos con las administraciones de otros partidos políticos, así lo haremos con el gobierno del estado en la gestión de Graco. Señalaremos los aciertos, pero también los errores”, declaró Machuca Nava. Y en el contexto de los inminentes reacomodos dentro del Poder Ejecutivo, varias agrupaciones de abogados rechazaron ayer cualquier apoyo para Marcelino Vázquez Huitrón, a fin de que sea parte de la terna de candidatos al cargo de procurador general de Justicia. Dicen que ha sido abogado personal del gobernador electo. ¿Y por ello tiene tache? A la toma de posesión de Graco (tendrá como escenario la Plaza Emiliano Zapata de Cuernavaca) podrían venir Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Un asistente obligado será Marco Adame Castillo.