Así llegamos a la jornada de manifestaciones de ayer que, desde mi particular punto de vista, empezarán a mitigarse conforme los ciudadanos apechuguen el alza. Uno de los movimientos que aparecieron durante las semanas recientes para protestar sobre el asunto fue el de Gabriel Rivas Ríos, ex diputado local del PRD y antiguo activista de las izquierdas morelenses, quien impulsó la creación de un frente contra las nuevas tarifas del transporte. Inclusive llegó a declarar que él y su familia recibieron amenazas de muerte y sufrieron dos atentados, todo ello vinculado a su posición de rechazo. Obviamente, cualquier número de representantes de medios informativos responsabilizaron -sin pruebas- al sector transporteril. Empero, el frente de Gabriel Rivas Ríos llevó a cabo una consulta ciudadana para conocer la reacción de la sociedad ante el incremento tarifario. De un total de 3 mil boletas que se distribuyeron en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata, en mil 320 los ciudadanos se manifestaron en contra de modificar el anterior estado de cosas. Es decir: apoyaron la tarifa anterior de 5.50 pesos. Según Rivas Ríos, 101 ciudadanos indicaron que el aumento debió ser de 50 centavos, y 13 personas aceptaron el pesito que finalmente se autorizó a los permisionarios. Y según él, “con este ejercicio se demuestra al gobierno el rechazo generalizado al aumento, ante lo cual no cederemos y mantendremos las actividades para demostrar el sentir de la población morelense”. Etcétera. Vana palabrería.

Dentro del mismo contexto el secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, declaró ayer que el gobierno morelense “estaba analizando” el exhorto aprobado el pasado miércoles por el Congreso local, donde los ínclitos miembros de la 52 Legislatura solicitan al Poder Ejecutivo, de la manera más atenta, abrogar el decreto 5022 publicado por el Periódico Oficial el miércoles de la semana pasada, instrumento jurídico indispensable para autorizar el multicitado alza al pasaje. No obstante el funcionario dejó bien claro lo siguiente: el incremento ya es vigente desde ayer. Sopas. Y no faltó el protagonismo de quienes, en el propio seno del Congreso del Estado, han pretendido sacar raja del tema. Carlos de la Rosa Segura, diputado del grupo parlamentario del PRD, señaló que “si el Poder Ejecutivo hace caso omiso frente al exhorto del Legislativo será necesario promover, vía ciudadana, un juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo a fin de intentar dar marcha atrás al incremento”. Etcétera, etcétera. Vana palabrería. El golpe está dado, amables lectores.

Durante la sesión del Congreso local correspondiente al pasado miércoles 12 de septiembre me llamó la atención la participación de la diputada priísta Rosalina Mazari Espín, quien propuso el punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás en la aplicación de la nueva tarifa del transporte público. Entre otros argumentos plasmados en la exposición de motivos rescatamos los siguientes: “Se estima que existen alrededor de 21 mil 735 concesionarios de acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte en Morelos y 21 mil 152 unidades que integran el parque vehicular. Y según los datos del gobierno estatal, entre 2008 y 2011 los índices de metas alcanzadas para sujetar el marco legal de estas unidades y la capacitación de 30 mil operadores se han logrado. Sin embargo, la situación actual es distante del escenario oficial. Es otra la realidad padecida por los usuarios, quienes reciben un trato grosero por parte de los operadores quienes se exceden en los límites de velocidad permitidos y muchos pasajeros son derribados por los choferes al descender de unidades en movimiento, entre otras irregularidades. La sociedad expresa que el aumento a la tarifa asciende a un 20 por ciento, mientras el salario mínimo general vigente alcanzó apenas un incremento del 4 por ciento”. Etcétera.

Efectivamente, la Ley del Transporte para el Estado de Morelos establece a los permisionarios la obligación de proteger a los usuarios ante cualquier situación de riesgo y los vehículos no podrán circular sin un seguro que cubra cualquier siniestro. Además, agregó la diputada Mazari Espín, “el artículo 64 del mismo ordenamiento refiere que los servicios de transporte y los operadores de los mismos deben contar con estándares de calidad, como son condiciones higiénicas y de operación, destinar el 10 por ciento de los asientos ofrecidos y ubicarlos en primera fila para el transporte de personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas y adultos mayores en plenitud; el otorgar la exención de pago o el 50 por ciento de descuento para personas con capacidades diferentes, personas adultas mayores y niños menores de tres años; los servicios deberán otorgarse con comodidad, eficiencia, higiene y seguridad para el usuario y que los operadores del servicio estén presentables, aseados y uniformados”. El artículo 65 menciona que los vehículos tendrán una antigüedad que se fijará tomando en cuenta las modalidades del servicio, la zona y el tipo de unidades, lo que considera diez años de antigüedad. ¿Alguien recuerda el “programa de repotencialización del sector transporteril aplicado por el gobierno de Sergio Estrada Cajigal? En realidad se trataba de un Programa de Modernización de las Unidades Automotrices destinadas al Servicio Público de Transporte, que incluía mil y una cosas incumplidas hasta el momento en que se promulgó el famoso decreto 5022 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Por cierto, ahí se retoma casi la misma redacción del acuerdo anterior, relacionado con dicha “repotencialización”. Otra historia de simulaciones empezó ayer con la nueva tarifa.