Y un prospecto para aplicarle lo segundo sería el diputado Isaac Pimentel Rivas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, quien este fin de semana declaró que el PRI no perdió nada con la designación del diputado Angel García Yáñez, miembro de la bancada parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. A leguas se percibe que el ex presidente municipal de Ciudad Ayala, metido con calzador al liderazgo de los legisladores priístas, no tiene la menor idea sobre lo que dice.
Por si no lo sabe, son tres las comisiones más importantes y poderosas en el Poder Legislativo morelense: la de Puntos Constitucionales y Legislación, que encabeza la perredista Lucía Meza Guzmán; la de Gobernación y Gran Jurado, a cargo de la panista Amelia Marín Méndez; y la ya mencionada Comisión de Hacienda, cuyo titular es Angel García Yáñez. Entre algunas facultades relevantes de esa demarcación legislativa, según plasma el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se encuentran las siguientes: recibir toda la información sobre la cuenta pública trimestral del Poder Ejecutivo; conocer y dictaminar sobre el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; conocer sobre la Cuenta Pública Anual que rindan los Ayuntamientos; solicitar a la Auditoría Superior de Fiscalización (que a su vez depende de la misma Comisión) toda la información sobre los recursos públicos ejercidos por el gobierno estatal y los 33 ayuntamientos; conocer y dictaminar en torno a las revisiones de cuentas públicas aplicadas por la Auditoría Superior de Fiscalización al gobierno estatal y los gobiernos municipales; dictaminar sobre las iniciativas o proyectos de leyes de ingresos del gobierno morelense y los 33 ayuntamientos, así como todo lo referente a empréstitos, créditos y demás actos jurídicos vinculados a la deuda pública; emitir dictámenes sobre solicitudes de empréstitos municipales. Y mejor ya no le sigo, porque el resto de facultades ridiculiza todavía más a Isaac Pimentel Rivas y su dicho de que “el PRI no perdió nada al no haber conseguido la presidencia de la Comisión de Hacienda”.
Sin embargo, lo tangible en sus declaraciones es la evidente rivalidad entre quienes integran el grupo parlamentario que él encabeza, pues han de saber ustedes que el propio Pimentel Rivas, junto con Juan Carlos Rivera Hernández y Humberto Segura Guerrero, ex alcalde de Xochitepec y Yautepec, respectivamente, decidieron integrar una especie de bloque dentro de la bancada a fin de bloquear cualquier iniciativa proveniente de los también diputados priístas Rosalina Mazari Espín y José Manuel Agüero Tovar, los que en más de una ocasión, desde el 1 de septiembre a la fecha, han demostrado su experiencia parlamentaria y legislativa desde luego adquirida tras su paso por la Cámara de Diputados federal. Es decir: los ex ediles sienten envidia, hágame usted el favor. Aplican de manera absurda el dicho de que “es poco el amor para matarlo con celos”. Lo peor es que a veces son apoyados por Matías Nazario Morales, cuya posición dentro del GPPRI es la de un diputado “bisagra”, inclinándose hacia determinado lado según se mueva el viento.
Así las cosas fue inevitable que Javier Estrada González, ex diputado local y dirigente estatal del PVEM, advirtiese que el progresivo divisionismo dentro del grupo parlamentario priísta no contribuiría a la gobernabilidad del Congreso, ni tampoco le redituaría nada importante a su partido. Fue así como decidió ponerle fin la coalición partidista que su instituto político tuvo con el PRI para participar en las elecciones del 1 de julio pasado (lo cual ya es historia) y decidió pactar con Juan Angel Flores Bustamante, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, así como coordinador de la bancada parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mediante la inclusión tácita (por ahora) de los tres legisladores del PVEM a las decisiones de las izquierdas, Estrada González obtuvo automáticamente la presidencia de la Comisión de Hacienda a favor de Angel García Yáñez. Y no duden ustedes que de un momento a otro consiga, además, ser titular de la Secretaría General del Congreso. La sumatoria de los diputados del PVEM al grupo de las izquierdas, lo he dicho reiteradamente, le otorga a Juan Angel Flores Bustamante la posibilidad de disponer de 21 votos en el Pleno cuando se requiera tomar decisiones relevantes. El PRI, siendo la segunda fuerza política en la 52 Legislatura, en realidad es la tercera y no tiene peso específico.
Según observamos, aquello de distribuirse -como si fueran un pastel- las canonjías más redituables entre los tres principales grupos parlamentarios luego de un periodo electoral, cuestión no contenida en la normatividad del Congreso pues se trata en realidad de reglas no escritas que provienen del contexto prevaleciente alrededor de las reformas constitucionales acordadas por el PRI y el PRD a comienzos de julio de 2000 para acotar a Sergio Estrada Cajigal (entonces gobernador electo), no está teniendo plena vigencia. Lo vital para el grupo de las izquierdas, pero sobre todo para el nuevo gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, era conseguir la mayoría calificada mediante 21 votos en el Pleno. Con este reacomodo de fuerzas políticas en el Congreso pesa más lo que me comentó algún día Tomás Osorio Avilés, actual secretario general del multicitado cuerpo colegiado: “Aquí manda el Pleno con la mayoría que exige la Constitución”.
Me lo dijo a principios de octubre de 2009 cuando el divisionismo imperante entre el grupo parlamentario priísta produjo la primera crisis parlamentaria del trienio y la sustitución de facto -el 6 de octubre de 2009- del entonces presidente de la Mesa Directiva, el priísta Andrés González García, por Othón Sánchez Vela, del Partido Nueva Alianza. El pleno demostró así su predominio y además destituyó de su cargo a Guillermo del Valle Reyes, Armando Ramírez Saldivar y Zugeily Cabrera Flores, quienes al comienzo de la 51 Legislatura habían sido colocados en las tres posiciones más lucrativas del Congreso: la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, y la Secretaría de Administración y Finanzas, respectivamente. Y en el mismo orden fueron sustituidos por el ya citado Tomás Osorio Avilés, la actual senadora Lisbeth Hernández Lecona y Miguel Avilés Meraz, proveniente del grupo del perredista Rabindranath Salazar Solorio. Hoy el problema para el PRI no sólo es la ineptitud de su coordinador de bancada parlamentaria, sino también el hecho de que durante la presente semana el Pleno tendrá que aprobar, previo acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, un nuevo reparto de prebendas. Así las cosas, los comunicadores sociales tendremos tema para rato.