Tal como ocurrió con Pérez Moreno y los más importantes asesores y dirigentes sindicales de Morelos, su poder provino de alguna parte. ¿De dónde? Ni duda cabe: de los tribunales laborales. Hoy me referiré concretamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de la cual dependen tres juntas especiales. Propios y extraños saben que la JLCA convirtió su principal tarea de defender a los trabajadores en un negocio para sindicatos de protección y abogados y líderes corruptos que han manejado y siguen manejando los emplazamientos a huelga y la toma de nota como mercancías ante el mejor postor. Ese tribunal laboral fue concebido para dirimir los conflictos entre los trabajadores y los patrones, pero a su sombra han florecido empresas personales para el manejo de casi 90 por ciento de los sindicatos de Morelos. La Junta Local y las juntas especiales perdieron su independencia, los objetivos de conciliación y la defensa de los derechos laborales; pero más grave aún es que en la mayoría de los casos no resuelve conforme a derecho, sino que hasta tergiversa la interpretación de la ley para restringir la libre asociación. Una práctica común es que al amparo de las juntas se hacen grandes negocios, donde algunos seudo líderes firman contratos colectivos de trabajo al servicio de las empresas antes de que éstas empiecen a contratar personal; obtienen en condiciones turbias y extrañas el registro de decenas de sindicatos, es decir, al por mayor; negocian con las tomas de nota, las cuales comercializan al mejor cliente, y reciben por ello una iguala mensual. Etcétera.

El tristemente célebre Jimmy Hoffa, identificado como “el símbolo viviente de la corrupción sindical” en Estados Unidos, es personificado por quienes siguen empleando en Morelos sus mejores estrategias para lograr pingües ganancias aliados a empresarios que evaden el pago de prestaciones previstas por la Ley Federal del Trabajo, sí, esa que los diputados federales se niegan a aprobar con las reformas que evitarían los vicios estructurales de siempre en los multicitados tribunales laborales. Parte de la actual problemática consiste en que cuando los trabajadores se organizan para defender sus derechos, se inscriben en un sindicato y emplazan a huelga, el presidente de la junta simplemente les dice que ya hay un contrato firmado y que no puede dar trámite a una nueva representación; les ponen trabas administrativas; malinterpretan la ley para no reconocer los movimientos sindicales legítimos, y entorpecen la obtención de una sola toma de nota.

No menos del 90 por ciento de los contratos son falsos, y dichas juntas ayudan a este modelo de control que tiene atrapada a la mayor parte de los trabajadores morelenses. Hay quienes calculan en 100 el número de sindicatos de protección existentes tan sólo en Cuernavaca, los cuales controlan alrededor de mil contratos colectivos de trabajo. El 14 de mayo de 2006 este diario publicó la siguiente afirmación de Vinicio Limón Rivera, sempiterno secretario general de la Federación de Trabajadores de Morelos afiliada a la CTM: “Buscaremos terminar con los sindicatos blancos que operan dentro de las tiendas de autoservicio transnacionales, donde sus trabajadores reciben salarios menores al mínimo, con jornadas de labores sobre las 12 horas y sin prestaciones sociales. Las juntas de Conciliación han promovido la aparición de esos sindicatos, cuyos dirigentes cobran un salario en las nóminas de los supermercados y hasta dentro de oficinas gubernamentales”. Limón se ahorcó con su propia lengua, pues los sindicatos de protección, que conoce muy bien, no eran nada nuevo. Lo peor es que su operación persiste hasta nuestros días.
La sobrevivencia de sindicatos fantasmas, especialmente en actividades como la construcción, es un fenómeno real. Hablamos de un promedio de 500 sindicatos ¡con registro!, que a simple vista pudieran considerarse como legalmente en operación, aunque la toma de nota de la mayoría y la validación por la Junta Local de Conciliación se otorgaron hace mucho tiempo, presentándose el ridículo caso de líderes que ya fallecieron pero que continúan al frente de esas organizaciones. Aunque esos sindicatos de estructuras irregulares extorsionan, chantajean y amenazan con la clausura de obras particulares o huelgas (cuando no existe ninguna ley que los ampare y valide en sus acciones), nada se hace por desaparecerlos. Para colmo de males siempre ha sido una quimera la difusión pública de un padrón de sindicatos registrados ante la JLCA, pues ni a los empresarios, ni a los líderes les conviene. Los poderosos dirigentes sindicales cobran entre 3 y 6 por ciento de cuotas a los trabajadores y otro porcentaje a las empresas, pero “dependiendo del sapo es la pedrada”.

Algunos ex presidentes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje son los siguientes personajes: Fernando Martínez Procel, Karla Aline Herrera Alonso, Rafael Santoyo Velazco, Alfredo de la Torre Martínez, Alicia Aspires Tejeda, Jorge Rendón Montealegre, Jorge Escutia Villegas, Pascual Archundia Becerril, Javier Mújica Díaz y José Antonio Villarreal Díaz. Varios de ellos fueron acusados por corrupción en sus respectivas gestiones. Alicia Aspires Tejeda (se le atribuyó la misteriosa pérdida de expedientes), José Antonio Villarreal Díaz y Fernando Martínez Procel también son ex presidentes de la JLCA; pero actualmente son procuradora estatal para la Defensa del Trabajo, director general de Políticas Laborales y director general de Inspección del Trabajo, respectivamente. Se supone que el encargado de vigilar el desempeño de toda la estructura hoy encabezada por José de Jesús Pérez Moreno será Oscar Gabriel González Vilchis, el poderoso subsecretario de Justicia y Equidad Laboral, a quien, tal vez, le llegue pronto su “Principio de Peter”, pues se trata de un abogado dizque laboralista, gris, conflictivo y proclive a los comelitones, pero quien al parecer manejó asuntos particulares de algunos encumbrados miembros de la actual administración. Uno de los más grandes retos de González Cianci será eliminar el rezago de 14 mil asuntos, resolver la inejecución de 800 laudos, localizar miles de expedientes extraviados y, desde luego, combatir la corrupción. A ver.