Aquello obedeció un mandato presidencial en contra de la voluntad de Marco Adame Castillo, antecesor de Graco Ramírez Garrido Abreu. El general en retiro, pues, portaba bajo el brazo un enorme legajo conteniendo magníficas intenciones para resolver el delicado problema de la inseguridad pública, pero no lo consiguió. El espinoso asunto no admite buenos deseos, sino resultados, que comenzaron a notarse hasta marzo y abril de 2011 tras el artero asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia Zardaín, y seis personas más. Empero, he de aclararle que la desarticulación de importantes células delincuenciales no corrió a cargo de la autoridad estatal, sino de la Policía Federal y del Ejército.

Desde que asumió el cargo siempre cuestioné que Gastón Menchaca Arias no hubiera socializado su función.Y el mismo error cometieron sus relevos, los también generales en retiro Gilberto Toledano Sánchez y Rafael García Aguilar. Tocante a Menchaca, para mediados de marzo de 2010 su situación y presunta incompetencia lo tornaban insostenible al frente de la SSP. El Congreso del Estado lo mandó traer para que, en una interesante comparecencia, informase sobre los resultados de su dependencia en el combate al crimen organizado. Acudió al Palacio Legislativo el 10 de marzo de 2010 percibiendo la hostilidad e incomprensión de los principales actores en el Congreso, simple y sencillamente derivadas del bajo perfil y cerrazón con que siempre se manejó el otrora secretario de Seguridad Pública. Ante las comisiones unidas de Seguridad y Protección Civil y Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, el mando policíaco expuso el escenario externo e interno de la SSP. Pero por más esfuerzo desplegado, el funcionario recibió una calificación reprobatoria.

Lo anterior era comprensible debido al protagonismo de los legisladores ahí presentes, quienes, de manera irresponsable, soslayaron información valiosa contenida en varios documentos leídos por el general Menchaca. El interés de aquellos actores era político y de ataque al gobernador Adame Castillo. Varios de los comunicadores sociales que nos mantuvimos en aquel escenario hasta la conclusión de la comparecencia, conseguimos datos relevantes y rescatables hoy en día para reflexionar sobre la estructura financiera del sector, cuyas principales características han sido y siguen siendo la pobreza y el estado de indefensión ante el crimen organizado. Es el escenario sobre el cual se encuentran la maestra Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública en el régimen de Graco Ramírez Garrido Abreu, y el general (también retirado) José Leopoldo Martínez González, flamante subsecretario Operativo de la multicitada dependencia.

En lo personal, no creo que el esquema financiero aprobado para la SSP en el año 2010 tenga mucha diferencia con el monto vigente hasta octubre de 2012. Fue la misma Legislatura la que autorizó los presupuestos. El total del presupuesto ejercido durante 2009 ascendió a 382 millones 987 mil 411 pesos. Es decir casi 383 millones, mientras en 2010 se dispuso de un presupuesto de 335 millones 778 mil pesos. El Congreso, en aras de crear una bolsa especial dizque destinada al mantenimiento del sector educativo, le redujo casi 50 millones a la SSP estatal impactando en la falta de contratación de nuevo personal y la operatividad de algunos servicios, entre ellos el patrullaje. De los casi 383 millones ejercidos durante 2009, 238 millones 497 mil pesos se aplicaron al gasto directo de la SSP, mientras 144 millones 489 mil pesos fueron absorbidos por la Subsecretaría de Reinserción Social, la Dirección General de Seguridad Privada y la Dirección de Medidas para Adolescentes. Aquí se incluía la manutención de todos los reclusos en Morelos y el pago de custodios. Para la remuneración de todo el personal se pagaron 148 millones de pesos, mientras 64 millones 166 mil pesos se destinaron al pago de prestaciones sociales. Y paren ustedes de contar. Sólo quedó una piscacha para capacitación y mejoramiento profesional de nuestros policías. Sobra decir que el crimen organizado, en un solo golpe, consigue los 335 millones de pesos aprobados por el Congreso a la SSP en 2010.

Allá y entonces, Menchaca Arias solicitó “de la manera más atenta” al Congreso local solidaridad con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) e incrementar el presupuesto de la dependencia. Expresó sus motivos para aquel reclamo: “La existencia de miles de pandillas a nivel nacional y en Morelos es consecuencia de un tejido social frágil y desgastado, en el cual siete millones de jóvenes en todo el país no estudian ni trabajan, mientras en Morelos, durante el año 2009, 19 mil 814 personas se sumaron a la población económicamente activa en un marco de desempleo, falta de oportunidades, accidentes y migración; todo un panorama en el cual la policía busca hacer su trabajo mediante una mejor preparación de sus elementos y una nueva regionalización para hacerla más efectiva”. Y actualizando el escenario, yo agregaría el siguiente comentario: la SSP no ha dejado de estar en la precariedad. Así no se puede trabajar. No obstante, los diputados presentes en la comparecencia aludida pidieron el cese fulminante de Menchaca, quien meses después presentó su renuncia, pero no por las presiones de los ínclitos legisladores, sino por la realidad financiera de su entonces dependencia. Se fastidió. En este mismo contexto me causó hilaridad que un grupo de diputados adscritos a la 52 Legislatura tuvieran la pretensión de hacer comparecer a Alicia Vázquez Luna, quien no lleva ni un mes al frente de la SSP. Yo creo que los acelerados promotores de la idea deberían reunirse con el Gobernador y Vázquez Luna para conocer de manera interna la realidad de la SSP a fin de comenzar la estructuración de nuevos esquemas financieros para la institución. El problema es la escasez de recursos que, cabe subrayarlo, en el Congreso sobran. En esa arcadia financiera no hay pobreza. Todos los grupos parlamentarios andan en pos de cargos dentro del Legislativo para saldar facturas políticas. Qué asco. Ahí le van cuatro nombres como prospectos a integrar la terna para procurador general de justicia: Adela Manzanares Alonso, Israel Rafael Pérez, Daniel Montero Zendejas y Josué Rodolfo Tapia. A ver.