Tocante a Huexca se trata de un gasoducto proveniente de Tlaxcala que recorrerá 170 kilómetros sobre territorio tlaxcalteca, 14 municipios poblanos y tres de Morelos hasta concluir en dicho poblado de nuestra entidad. El gobierno federal invertirá 170 millones de dólares pagaderos a las empresas españolas Elecnor y Enagás. El objetivo del gasoducto, según han expresado autoridades federales y locales, será conducir 350 millones de metros cúbicos de gas natural a una termoeléctrica de ciclo combinado proyectada también para Huexca, obra que será coordinada por la CFE teniendo como contratista a la poderosa multinacional -también española- Abengoa, a la cual se le liquidarán 450 millones de dólares. Cifras estratosféricas, que ninguno de nuestros paisanos afectados imagina. Dichos proyectos, aún sin el beneplácito general en Tlaxcala, Puebla y Morelos, se insertan dentro de un contexto social analizado hace unos días en el pueblo de Temecapulín, Jalisco. Cualquier parecido con el asunto de Huexca e inclusive con el de la ampliación a cuatro carriles de la Autopista La Pera-Cuautla (abarcando territorio de Tepoztlán), no es mera coincidencia, sino la más pura realidad en lo concerniente a la violación de los derechos civiles.
2.- La construcción de presas hidroeléctricas tiene un mismo “modus operandi”: basado en la falta de consulta a los pueblos donde se asientan, devastación del ambiente, destrucción del tejido social y falta de cumplimiento de acuerdos, por lo que es urgente que las autoridades abandonen ya este modelo depredador. Así lo afirmaron los jueces de la pre-audiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad, de la mesa de devastación ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, quienes los pasados 5 y 6 de noviembre se reunieron en Temecapulín, Jalisco, para escuchar los testimonios de personas y comunidades afectadas por esos megaproyectos. Ahí analizaron los casos de las presas Paso de la Reina y Cerro de Oro, en Oaxaca; la Parota, en Guerrero; Las Cruces, el Cajón y La Yesca, en Nayarit; El Naranjal y Zongolica, en Veracruz, y El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco. En todos ellos, los especialistas mexicanos y extranjeros del TPP encontraron violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores, entre los cuales destacan el desalojo, el desplazamiento forzoso, el desmembramiento de territorios indígenas, la omisión del derecho a la consulta y la criminalización de los movimientos sociales de resistencia. Si se fijaron ustedes, son los mismos factores que atañen a Huexca y Tepoztlán.
3.- El alcalde electo de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, lanzó un SOS al secretario de gobierno, Jorge Messeguer Guillén. El ex gobernador de Morelos en el bienio 1998-2000 tomará posesión el 1 de enero próximo sin tener fondos ni siquiera para pagar la primera quincena de enero. Y hasta el momento no hay ningún avance en el Congreso local para autorizar a la comuna cuernavaquense un nuevo empréstito por 980 millones de pesos para refinanciar sus adeudos actuales y conseguir mejores márgenes de maniobra económica. Morales Barud sabe que sin el apoyo del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu no podrá con el tremendo paquete. Así, se reunió este fin de semana con el secretario de Gobierno, con quien habló sobre las necesidades económicas de la futura administración municipal, pero también respecto a la integración de la Policía Estatal de Mando Unico, la gobernabilidad metropolitana y los proyectos indispensables de infraestructura, entre los cuales destaca un programa de reconstrucción de calles y avenidas. En el encuentro estuvieron presentes el líder de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Juan Ángel Flores Bustamante; el subsecretario de gobierno, José Luis Correa Villanueva; y, el diputado local por el primer distrito electoral, Jordi Messeguer Gally. Los legisladores asistentes serán factor de cabildeo en el Congreso de Morelos para conseguir los aludidos 980 millones de pesos.
4.- El atentado cometido el 24 de agosto pasado por 14 agentes de la Policía Federal (PF) en contra dos agentes de la CIA y un marino mexicano, tuvo su verdad histórica desde el mismo día en que ocurrieron los hechos teniendo como escenario un paraje de Tres Marías. Estos lamentables hechos y el secuestro con extorsión agravada de una comerciante asentada en el Paseo Cuauhnáhuac de la capital morelense, confirmaron que la Policía Federal está infiltrada por células del crimen organizado. Respecto al caso de Huitzilac es importante recordar que muchos de los pobladores conocían el contubernio existente entre malos agentes de la PF y bandas locales dedicadas a la extorsión, el secuestro, el asalto a mano armada y el robo de vehículos. Así las cosas, la PGR comprobó que los 14 federales cometieron los delitos de homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. Y si están en la cárcel, esto se debe a que la camioneta en que viajaban los norteamericanos y el marino estaba blindada. Nomás le dispararon en 172 ocasiones. El tráfico de armas no se explica sin la participación de oficiales al servicio de la Defensa Nacional; el contrabando (o lo que queda de él dentro de los tratados de libre comercio) no tendría razón de ser sin la implicación de aduaneros; el narcotráfico carecería de esencia sin las cuotas pagaderas a pésimos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y su cada día más deteriorada Agencia Federal de Investigaciones; y el resto de delitos de “alto impacto”, como son el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos y demás ilícitos patrimoniales, no podrían ser reiteradamente cometidos sin la colusión de corporaciones corruptas en los tres órdenes de gobierno.
