El asunto tuvo que ser ventilado finalmente mediante un juicio oral para lo cual se requería, por parte del Ministerio Público, la formulación de imputación. Me llevé una desagradable sorpresa al escuchar lo siguiente en boca del fiscal respectivo: “Quisiéramos que su abogado nos ayudara a redactar la formulación de imputación para presentarla ante el juzgado.” El funcionario de la PGJ se estaba refiriendo al doctor Cipriano Sotelo Salgado, presidente fundador de la Asociación de Abogados Penalistas de Morelos e impulsor del sistema de justicia adversarial en nuestra entidad. Para escribir el documento fue necesario recurrir a tratados internacionales en materia de sustracción ilegal de menores. ¿Y saben ustedes quién, estimados lectores, llevó a cabo la investigación? Acertaron: este que ahora escribe. Sin ser abogado me agradó escuchar durante la audiencia de imputación el resultado de mi trabajo. Por lo demás constaté que los agentes del Ministerio Público no sabían ni jota sobre la posibilidad de emplear tratados internacionales en sus procedimientos, lo cual será objeto de otra columna.
2.- Han pasado cinco años después de aquellos hechos. Recientemente se celebró que Morelos hubiese alcanzado un lustro de estar utilizando el modelo norteamericano de juicios orales. Como todos los lunes y en el contexto de aquel “festejo” Cipriano Sotelo Salgado me acompañó en Línea Caliente Vespertino. Le hice una pegunta categórica, en virtud de que siempre ha creído a cabalidad en el nuevo sistema: “¿Los juicios orales contribuyeron a aumentar la incidencia delictiva de Morelos? Nada más dime sí o no.” Sotelo Salgado respondió en sentido afirmativo. Desde luego que le hice el siguiente cuestionamiento: “¿Por qué?”. Y contestó sin ambages: “Porque la Procuraduría General de Justicia no está avanzando conforme lo exigen la dinámica del propio sistema de justicia adversarial, la escalada de delincuencia y los requerimientos sociales de mayor seguridad pública.” Entre muchos factores el Ministerio Público carece de un eficaz ámbito de servicios periciales. No presenta pruebas con fundamento científico porque no posee los recursos para hacerlo.
3.- Es así como llegamos al día de ayer, cuando tres jóvenes acusados de drogar, violar y asesinar el pasado 9 de noviembre a una adolescente de 16 años fueron puestos en libertad, porque el juez de Control (de Juicios Orales), Martín Domínguez Casarrubias, consideró en su resolución que la Procuraduría General de Justicia del Estado no acreditó el hecho delictivo. Han de saber ustedes que los acusados fueron defendidos por Sotelo Salgado. Durante el día emití varios mensajes a través de las redes sociales afirmando que la técnica jurídica venció a la justicia, simple y sencillamente porque la institución del Ministerio Público no sirve; es un total fracaso ante el nuevo sistema de juicios orales. No posee los suficientes recursos para acudir a los tribunales correspondientes sustentando sus acusaciones de manera científica. No tiene el capital para adquirir equipos de investigación y contratar personal capacitado que garantice la calidad de la prueba, que es la base del mentado sistema de justicia adversarial. Un reducido grupo de ocho agentes de la Policía Ministerial investiga al mismo tiempo alrededor de 300 casos. Inconcebible, estimados lectores.
4.- El pasado 11 de octubre el abogado Juan Velázquez, de sobra conocido en Cuernavaca (es el defensor de Manuel Martínez Garrigós en distintos procesos), declaró que México ocupa el décimo lugar en el mundo en tener la policía más corrupta, la segunda en América Latina y el tercer lugar de ineficiencia. Añadió que el proceso de certificación ha servido para maldita la cosa, pues no hay semana en la que uniformados no estén involucrados en actos delictivos. Velázquez participó en un foro organizado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, donde indicó lo que hoy nos interesa: “México definitivamente está lejos de tener una policía científica que investigue y que tenga pruebas verídicas de los delitos, por lo que mientras no se tenga a elementos profesionales para la investigación, el proceso de la justicia oral será un rotundo fracaso.” Es exactamente el escenario sobre el que se sostiene el sistema de juicios orales de Morelos. Sin embargo, he de comentarles que a pesar de sus múltiples deficiencias, la PGJ se ha anotado ciertos éxitos, aunque no en la cantidad que exige la sociedad frente al embate del crimen organizado y la delincuencia común.
5.- En julio pasado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos afirmó que los sistemas de juicios orales y de reinserción social se encaminan hacia el colapso al no aplicarse las medidas alternas a la prisión y las figuras de procedimientos abreviados. El vocero de la organización, José Martínez Cruz, señaló que la procuración e impartición de justicia son ineficientes y siguen re-victimizando a las personas afectadas directa o indirectamente por la comisión de un delito. La Comisión tiene documentados varios casos en los que el sistema de justicia adversarial no ha tenido la efectividad en la procuración e impartición de justicia a las víctimas, que no sólo se duelen de que los procesos siguen siendo largos y tormentosos, sino que tanto los agentes del Ministerio Público como los jueces suelen desestimar a las partes afectadas. Por ejemplo, señaló, hay casos en que a pesar de que las familias de las víctimas piden ser coadyuvantes en la investigación o en el desahogo del proceso penal, se les niega el derecho por parte de los jueces, bajo argumentos de extemporaneidad o falta de legitimidad jurídica, o simplemente los agentes de los Ministerios Públicos ignoran las peticiones.
6.- Conclusiones: Después de muchísimos años en que el sistema judicial mexicano había preservado el procedimiento escrito, entró en boga la implementación del juicio oral como la panacea, el descubrimiento del hilo negro, inclusive como la solución a todos los vicios del aparato judicial. Las reformas constitucionales de 2008 impusieron a los Estados el sistema del juicio oral. Empero, sin temor a equivocarme puedo afirmar que el sistema fracasará si las instituciones de procuración y administración de justicia no fortalecen los principios de honradez, probidad, rapidez y eficiencia. Es obvio inferir que la ineficiencia expandirá los vacíos de autoridad y la impunidad. En todo lo antes dicho también se inserta el Congreso local. A ello me referiré posteriormente.