2.- Antes de seguir con otros textos extraídos del citado libro formularé la siguiente pregunta: ¿Estamos o no en condición de indefensión? Saquen ustedes, amables lectores, sus propias conclusiones: “El efecto político más extendido es la pérdida de eficiencia en el funcionamiento de instituciones públicas, generalmente como consecuencia de la corrupción promovida a distintos niveles y en diferentes áreas para favorecer intereses privados (…) Esas prácticas corruptas y las complementarias acciones intimidatorias dirigidas contra empleados de la administración suelen ir orientadas a promover la distribución parcial de los recursos, quebrando así el principio de equidad en la implementación de políticas públicas. Una forma alternativa de generar efectos semejantes, aunque más graves, tiene lugar cuando una organización criminal logra extender su influencia hasta las altas esferas políticas, lo que le permite condicionar el ejercicio del poder legislativo y ejecutivo, que afecta la promulgación de leyes o a la toma de decisiones gubernamentales.”
3.- Todo lo antes descrito se relaciona con lo declarado el pasado fin de semana por el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en Asunción, Paraguay, donde visitó al presidente Horacio Manuel Cartes Jara. Entrevistado por el diario paraguayo ABC, Calderón señaló que en México la lucha contra el narco debe ir más allá del asunto de las drogas debido a la sofisticación de los grupos criminales. He aquí lo que nos interesa hoy porque tiene vinculación con todo lo expuesto: “Las organizaciones criminales han adquirido tal grado de sofisticación que se están apoderando de las instituciones”. Explicó que su gestión, marcada por la lucha frontal y militar contra los cárteles, no tuvo como único objetivo perseguir al narcotráfico per se. “Más que una lucha al narcotráfico en sí mismo, fue una batalla por la seguridad pública que estaba comprometida y amenazada”, dijo el ex mandatario. Y concluyó opinando sobre la eventual legalización de la mariguana en México. Dijo que no se opone a ella, como algunos le atribuyen. “Para mí, la polémica no es si se legaliza o no. Tiene que revisarse, tarde o temprano, pero el problema de México no es un asunto de drogas nada más.”
4.- En concordancia con lo manifestado por Felipe Calderón, el libro de Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-Salinas Framis (espero que lo compren) añade: “El crimen organizado puede erosionar también los fundamentos y pilares del Estado de derecho. La propia acción del crimen organizado constituye ya un desafío para el mantenimiento del principio de legalidad vigente. La quiebra de este principio podría ser impulsada de varias maneras, aunque las fórmulas más habituales están mediatizadas por algún cambio en la cultura política, es decir, en el sistema de valores, creencias y actitudes que condicionan la acción política de los ciudadanos (…) De entrada, la impunidad de la que en ocasiones gozan las actividades ilegales relacionadas con la delincuencia organizada puede generar desconfianza ciudadana respecto del ordenamiento jurídico, lo cual alimenta un proceso de deslegitimación del sistema judicial en particular, y del sistema político en general. Como es obvio, el conocimiento o la sospecha de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las administraciones públicas y condicionar leyes y decisiones políticas no harán sino reforzar la deslegitimación de la justicia y del Estado. Y lo mismo puede ocurrir cuando, haciendo uso de diversos recursos, las organizaciones criminales que vulneran sistemáticamente la ley consiguen ganar cierto respaldo popular, por ejemplo invirtiendo dinero en obras y servicios sociales o promoviendo campañas en las que acusan al Estado de ineficacia y discriminación. Cuando esas campañas tienen éxito o cuando la desconfianza hacia el Estado y las instituciones públicas forman parte de la cultura política local, las organizaciones criminales pueden llegar a crear sus propios sistemas de justicia alternativos o paralelos, lo cual les permite investirse de autoridad para resolver conflictos, regular comportamientos, vender favores y usurpar funciones propiamente estatales, incluida la regulación del crimen común.” Desde mi particular punto de vista, estimados lectores, así es el Estado fallido. ¿Hay semejanza con nosotros o es simple coincidencia?
5.- Tocante al tema de la inseguridad pública y el imparable avance del crimen organizado, el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES), Arturo Mattiello Canales, informó que tienen reportes sobre la presencia de integrantes del Cártel del Golfo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El representante de la red de más de 500 escuelas agrupadas en la Federación explicó que personas vinculadas con ese grupo delictivo acuden a platicar con los alumnos para convencerlos de que “están haciendo una revolución”. Aunque la mayoría de los estudiantes los ignora, la red tiene conocimiento de que algunos creyeron en el discurso y se unieron a sus filas.
6.- No obstante, según los resultados de la Primera Encuesta Nacional Universitaria sobre la Violencia, las Drogas y el Delito 2013, para los estudiantes la universidad representa seguridad. Empero, el también director de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica señaló que los estados más peligrosos para las comunidades universitarias son Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Quintana Roo y Coahuila. “En estas entidades se registra el mayor número de secuestros, extorsiones, asaltos, situaciones de riesgo, balaceras y presencia de narcotráfico y otras organizaciones delictivas.” Algunos datos duros: 76% ha sido víctima de un delito o conoce a alguien que lo fue; 53% no lo reportó a las autoridades; 50% de los jóvenes ha tenido acceso a alguna droga; 77% conoce a alguien que consume drogas; 63% considera que es seguro asistir a la escuela; 48% cree que los medios no dan suficiente espacio a las noticias sobre violencia, drogas y delitos.