En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. El texto contempla las históricas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos.
2.- Bien entonces, con relación a lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de que los tres órdenes de gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo Estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca, implementen lo más pronto posible una estrategia jurídica (y otras medidas emergentes) para preservar las garantías constitucionales de la sociedad cuernavaquense ante la embestida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que, so pretexto de aplicar las facultades que le confiere la Ley de Ingresos 2013, no sólo impone arbitrariamente las tarifas eléctricas, sino que en una auténtica demostración autoritaria cortó anteayer (19 de diciembre de 2013) el suministro de energía a 32 fuentes de abastecimiento de agua potable en la capital morelense (la red hidráulica está compuesta por 70 pozos), dejando sin el servicio del vital elemento a la mitad de la población. Si lo anterior, amables lectores, no es un flagrante quebranto a los derechos humanos a la luz de la citada norma constitucional, entonces no sé dónde estamos parados los mexicanos respecto a la aplicación del estado de derecho.
3.- Esta no es la primera ocasión en que la CFE convierte en rehén a la sociedad de Cuernavaca para cobrarle al Ayuntamiento adeudos históricos o más recientes. Así lo hizo en julio del año pasado. Los usuarios siempre somos los paganos de los platos rotos, no obstante que el agua y la electricidad generada por la CFE gracias a los fondos públicos son patrimonio nacional. Además, sobre el tema es importante subrayar que el artículo aludido al principio no exime a ninguno de los tres órdenes de gobierno para actuar en defensa de los derechos humanos evidentemente vulnerados. Tocante a lo mismo diré que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Esta Resolución, basándonos en el multicitado artículo 1 de nuestra Carta Magna, como un tratado internacional también tiene vigencia en México. Lamentablemente, no hay avezados asesores jurídicos del Ayuntamiento que hagan valer el derecho internacional ante la CFE. La deuda de la comuna con dicha dependencia asciende a 8.5 millones de pesos.
4.- Cambiando de frecuencia comentaré que asombró a propios y extraños que, en uso de sus atribuciones particulares, los legisladores de Morelos emitieran votos diferenciados durante la votación de las leyes de ingresos municipales, de tal suerte que aprobaron algunas por demás polémicas, como la de Cuernavaca, pero a final de cuentas rechazaron un total de seis, metiendo en un verdadero brete a la población y los alcaldes de Amacuzac, Noé Reynoso Nava; Jantetelco, Romualdo Fuentes Galicia; Jonacatepec, Marcos Aragón Reyes; Miacatlán, Sergio Arias Carreño; Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete; y Yautepec, Agustín Alonso Mendoza. Originalmente la oposición a las leyes de ingresos se basaba en el argumento de que los diputados no podían aprobar las que consideraran recursos procedentes de créditos aún no autorizados, porque implicaba dar elementos jurídicos a los munícipes para reclamar del Congreso que emitiera sin chistar el permiso para tales empréstitos. Pero a final de cuentas hubo ayuntamientos que obtuvieron los votos suficientes para su aprobación, como el caso de Tlaquiltenango, cuya ley de ingresos fue aprobada aun considerando recursos crediticios por 66.4 millones de pesos, mientras que otros no corrieron con la misma suerte.
5.- La aprobación de las leyes ocurrió a la media noche del domingo pasado, pero sus consecuencias las vivirán los municipios durante todo un año, pues deberán aplicar la ley de ingresos de 2013, mientras que en el Congreso también habrá repercusiones en febrero próximo, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones y se cumpla la amenaza lanzada esta semana por uno de los munícipes afectados, el ixtleco Julio Espín Navarrete, en el sentido de acudir con habitantes de su demarcación hasta el palacio legislativo, para protestar en contra de los 17 diputados que no permitieron la aprobación de su ley de ingresos y particularmente contra su pariente Rosalina Mazari Espín, diputada local a quien ubica como promotora de ese manojo de votos en contra que, como decíamos al principio, sorprendió porque los legisladores acababan de aprobar, sin chistar, sin debate, como dóciles borregos de manera unánime, el paquete económico 2014 del gobierno estatal.
6.- Sorprendió además, porque entre los actuales legisladores hay varios que por experiencia propia saben la importancia que para una administración municipal y para el avance de un municipio tiene contra con una ley de ingresos que se ajuste al proceso del gobierno en turno, pues no debemos olvidar que en 2013 los ayuntamientos trabajaron leyes de ingresos elaboradas por sus antecesores, pues los actuales munícipes entraron en funciones el 1 de enero de este año. Los que saben de eso son los diputados que vienen de ser presidentes municipales, como en los casos de los priístas Isaac Pimentel Rivas (Ayala), Humberto Segura Guerrero (Yautepec), Juan Carlos Rivera Hernández (Xochitepec), el petista David Rosas Hernández (Jonacatepec), el pevemista Ángel García Yáñez (Zacualpan de Amilpas), y Joaquín Carpintero Salazar (Tlaltizapán) de Movimiento Ciudadano. Estos diputados conocen de cerca lo que es trabajar por una demarcación municipal, y no sólo la romántica teoría por la que se mueven muchos de sus compañeros de legislatura, por lo que es criticable el silencio que han mantenido frente a las decisiones que fueron tomadas sobre las rodillas y tienen en aprietos a seis ayuntamientos. Pero parece que con su pan se lo comerán en febrero próximo, pues ha trascendido que Espín Navarrete y los ixtlecos no irían solos a protestar al Congreso, pues aprovechando su condición de líder del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (IDEFOMM), cuya dirigencia apenas dejó el miércoles en manos del alcalde tepozteco Francisco Navarrete Conde, ha cabildeado con sus iguales Reynoso Nava, Fuentes Galicia, Aragón Reyes, Arias Carreño y Alonso Mendoza, para hacer causa común y exhibir a los legisladores como ignorantes, insensibles y perversos. A ver.