2.- Este último, que también se hacía llamar Noé García Cisneros, fue recapturado al poco tiempo pero ayer trascendió su muerte, presumiblemente a causa de una golpiza, ante lo cual hay un custodio, un supervisor y un jefe de turno sujetos a investigación. Es evidente que el reo fue asesinado, justo horas antes de que revelase los nombres de quienes le apoyaron a él y los otros tres sentenciados para burlar los sistemas de vigilancia en el Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya. A causa de la tristemente célebre evasión, este martes, junto con otros funcionarios de menor rango, fue cesado el director del penal, Mario Solís Montes, y nombrada en su lugar Lorena Maldonado Coria, al menos de forma provisional, mientras una decena de custodios esperan para este viernes la audiencia de vinculación a proceso por su presunta complicidad en la fuga de presos del dormitorio cuatro, misma que ocurrió a pesar del “pitazo” obsequiado anticipadamente a las autoridades sobre el deplorable suceso y de la presencia de elementos del Ejército Mexicano en los alrededores del reclusorio.
3.- Cambiando de tema comentaré que predomina la inconformidad entre congresistas locales por la postura del ayuntamiento cuernavacense de culpar a los diputados del incremento en los servicios municipales, resultado de la Ley de Ingresos que los legisladores aprobaron la noche del 15 de diciembre pasado. Tal incremento se dio en servicios municipales y recolección de desechos sólidos y fue impulsado particularmente por la bancada del PRI, partido al que pertenece el alcalde Jorge Morales Barud, pero particularmente por la del PAN y su coordinador, Javier Bolaños Aguilar, quien defendió en tribuna el incremento que se enmarcó en las muchas negociaciones alternas a la del Presupuesto 2014 del Gobierno estatal. Los diputados esperaban que, luego de hacer su trabajo, la comuna capitalina asumiera el costo político del aumento sin endosar la culpa a los diputados.
4.- Así las cosas, ayer recibieron a un grupo de ciudadanos y mañana en el Congreso será atendida con especial interés la representación de los inconformes con el alza, quienes este viernes harán una marcha que partirá del Calvario al Congreso, a las 11:00 horas. Previo a la movilización, un grupo de los quejosos acudió el martes ante los diputados a interponer una denuncia contra el ayuntamiento por presuntas violaciones a la Ley de Ingresos municipal; y ayer estuvieron de nuevo, encabezados por el abogado Juan Juárez Rivas (chile de todos los moles), y con algunas figuras notables como el profesor y ex diputado local Isaías Cano Morales. En este contexto, el responsable de las finanzas municipales, Rafael Rivera Ruiz, advirtió que se suspenderán los servicios municipales a quienes no paguen su contribución por este rubro. Conclusión: la politización del tema comenzó a escalar rumbo al conflicto.
5.- En su recorrido rumbo a Casa Morelos para demandar el pago de las liquidaciones para unos 200 trabajadores textileros que aún no le ven fin a su conflicto tras 12 años de lucha, los quejosos hicieron un alto frente al Congreso local sólo para lanzar consignas en contra de los diputados. Lo menos que hicieron fue una petición de silencio para que “no los vayan a despertar”. Finalmente siguieron su camino sin ser atendidos por legislador alguno, ya que a dos días de reiniciadas las actividades en la “casa del pueblo”, ningún diputado estaba presente y ya era mediodía. La burla, la sorna, las consignas insultantes de los trabajadores en contra de los diputados, que se repiten en ese tono cada que va un grupo social al palacio legislativo, exhiben cómo a 16 meses de la actual legislatura el Congreso no ha podido cambiar la pésima imagen que tiene en el imaginario colectivo, de que se trata sólo de un grupo de advenedizos sobradamente pagados, que nada hacen a favor de los morelenses.
6.- La reforma político-electoral, aprobada por las cámaras de senadores y diputados, dejará sin trabajo al menos a 100 magistrados de los tribunales electorales en las 32 entidades del país. Los de Morelos irán de patitas a la calle. De acuerdo con la enmienda avalada, el Senado -mediante mayoría calificada- se encargará de elegir a los magistrados electorales en los estados, por lo que los actuales tendrán que presentar su renuncia. ¿Quiénes se quedarán sin chamba? Van los nombres: Carlos Alberto Puig Hernández, Fernando Blumenkron Escobar y Hertino Avilés Albavera. Correrán con la misma suerte que los actuales consejeros en funciones del Instituto Estatal Electoral, hoy a cargo de Jesús Meza Tello. Todos deberán presentar su dimisión cuando sea promulgada la reforma político-electoral. Los únicos que conservarán su trabajo son los integrantes de los tribunales de Coahuila y Nayarit, donde este año se realizarán elecciones locales y, por ese motivo, seguirán en sus puestos.
7.- Finalmente me referiré al multihomicidio ocurrido ayer en Xoxocotla, donde los lugareños están acostumbrados a gobernarse de manera autónoma impidiendo la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuando así les conviene. Pero si llegan a sentir el agua en los aparejos, de inmediato exigen el respaldo institucional. Han bloqueado la carretera federal Alpuyeca-Jojutla en aras de conseguir refuerzos para el combate del grave problema de la inseguridad pública, que no ha sido resuelto por el Ayuntamiento a cargo de Julio Espín Herrera. Luego de la última movilización, el gobierno estatal mantiene la presencia del Mando Único con 25 elementos, pero esto ha sido insuficiente. Y ahí están los resultados ante la masacre de ayer. Así las cosas, las autoridades de la Secretaría de Gobierno se reunieron ayer con el delegado municipal de Xoxocotla, Javier Jiménez, a fin de mejorar la coordinación institucional y permitir el ingreso de los elementos policíacos para cumplir con la prevención del delito. A ver.
La crisis penitenciaria
Impuestos municipales
1.- La evidente crisis por la cual atraviesa el sistema penitenciario estatal prendió focos de alerta en el Congreso morelense, donde los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública y Protección Civil, el priísta Matías Nazario Morales y el perredista Carlos de la Rosa Segura (respectivamente), demandaron investigar a fondo lo que ocurre en el sector cuyo titular es el ex juez penal Jesús Valencia Valencia, coordinador de la Unidad de Reinserción Social que recientemente pasó a formar parte de la estructura de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Jorge Messeguer Guillén. Y es que en los más recientes episodios de esa crisis, el 2 de enero se fugaron del penal de Atlacholoaya los hermanos Santiago y Antonio Domínguez Santiago, así como Ulises Jonathan Bobadilla e Hilario Montaño Montes.