Durante los años posteriores, pero adentrados ya en el régimen de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), esa infraestructura fue escenario de escándalos ligados a bandas criminales (principalmente narcotraficantes) y funcionarios de los tres órdenes de gobierno inmiscuidos en actividades ilegales. Nunca ha tenido éxito, debido a múltiples factores, entre los que destacan su inadecuada ubicación geográfica, la falta de equipamiento e infraestructura y la corrupción. Así llegó al 9 de junio de 2004, cuando se autorizó la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria denominada “Aeropuerto de Cuernavaca S. A. de C. V.”, con el fin de obtener la concesión correspondiente para la operación de la terminal portuaria.
2.- Fue hasta el 11 de febrero de 2008 cuando la SCT otorgó a dicha empresa el título de concesión para manejar el aeropuerto, que en enero de 2009 se “internacionalizó” mediante un decreto del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Así las cosas, la empresa aludida asumió la administración del “Mariano Matamoros”. La distribución accionaria quedó de la siguiente forma: el gobierno estatal, 51 por ciento de las acciones, y el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el 49 por ciento restante. La página de internet de la multicitada pista aérea presume que “esta es sin duda la empresa de mayor presencia e importancia en materia de administración aeroportuaria dentro de nuestro país”. Etcétera, etcétera.
3.- Calderón Hinojosa vino el 20 de septiembre de 2012 a inaugurar el “Aeropuerto Internacional de Cuernavaca”, con lo cual, supuestamente, se fortalecería el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, ascendiendo a 15 las terminales nuevas o modernizadas durante la gestión calderonista. Allá y entonces se presumió la inversión de 550 millones de pesos en “esta nueva terminal, la cual tiene un potencial para atender a 500 mil pasajeros por año, aunque la aspiración inmediata es recuperar los niveles de 2009, cuando la cifra fue de 100 mil viajeros”. Pura falacia, estimados lectores, pues el “Mariano Matamoros” nunca ha podido despegar. Todas las aerolíneas ahí asentadas han reventado, por angas o mangas. En otro entrego periodístico me referiré a algunas licitaciones realizadas por el gobierno federal y estatal sobre el multicitado aeropuerto, que solo sirvieron para enriquecer a funcionarios de cada época.
4.- Con estos y más altibajos, el “Aeropuerto Internacional de Cuernavaca” llegó a la víspera (16 de enero de 2014), cuando el secretario general de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, atestiguó y convalidó la conclusión del proceso de regularización de seis hectáreas donde hace mucho, muchísimo tiempo se edificó el otrora conocido como Aeropuerto de Tetlama. A partir de ayer los predios ya no pertenecen al ejido de Temixco, sino al gobierno estatal. Llama poderosamente la atención que el procedimiento de regularización hubiese comenzado hace diez años, es decir durante el régimen de Sergio Estrada Cajigal, pagándose quién sabe cuántos millones de pesos como indemnización a los ejidatarios respectivos, sin haberse protocolizado ni formalizado las seis hectáreas como propiedad a favor del gobierno morelense. Como que se tardaron un poco. Pero la esperanza muere al último y ayer se firmó el protocolo correspondiente ante la notaria pública Marinela Gándara. A partir de ya (teóricamente hablando), las más altas autoridades morelenses pueden iniciar una nueva etapa histórica en aras de atraer recursos frescos al “Mariano Matamoros”. A ver si pronto podemos anunciar que ha vuelto a emprender el vuelo.
5.- Cambiemos de tema. Cuando el martes de la presente semana el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Javier Bolaños Aguilar, difundió un comunicado para denunciar presuntas anomalías en el decreto mediante el cual las autoridades estatales expedirían un número indeterminado de concesiones del transporte público, pareció adelantar la que podría ser una de las consecuencias del asunto: una nueva alza a la tarifa del transporte colectivo. Según el documento, la regularización es “ilegal y arbitraria”, amén de que afectará a los transportistas. Así, benévolo como es, el legislador de marras anunció que acompañará a los transportistas para adoptar cualquier medida legal en contra del procedimiento que, cabe subrayar, inició todavía David Gómez Basilio con su carácter de secretario de Movilidad y Transporte. Al dejar el cargo, Basilio le aventó la papa caliente al arquitecto Manuel Santiago Quijano, quien hasta el momento mantiene congelado el famoso decreto. No se ha expedido ninguna concesión.
6.- Y el alza tarifaria es precisamente el fin último de los ruteros organizados con quienes Javier Bolaños Aguilar ha venido trabajando de la mano, verbigracia en aquella protesta por el “Morebús” que llenó de choferes y permisionarios el salón de plenos. Todos se aprestan ya para ejecutar sus movilizaciones el próximo año. El más reciente incremento a la tarifa, que llevó la mínima a los 6.50 pesos actuales, se dio en la agonía del sexenio de Marco Adame, en 2012, cuando ya Graco Ramírez Garrido Abreu tenía constancia de gobernador electo y, claro, con la anuencia de éste. A ver.
7.- En su calidad de integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, los diputados Rosalina Mazari Espín, Alfonso Miranda Gallegos y Roberto Carlos Yáñez Moreno recibieron la tarde del miércoles a ayudantes municipales y habitantes de Amacuzac que mantienen bloqueados los accesos del municipio. Aquella movilización tuvo como objetivo exigir la caída del alcalde Noé Reynoso Nava, a quien acusan de no hacer obra y haberlos cansado ya con el argumento de que la culpa de la falta de recursos en el ayuntamiento es de su antecesor, precisamente el diputado Miranda Gallegos, ubicado desde hace un buen rato en el Congreso local como el promotor de los líos contra el edil amacuzteco. Fastidiado, el edil Reynoso Nava ha denunciado que el cuestionado ex alcalde (propios y extraños lo vinculan con bandas delictivas de la zona sur) lo ha intentado extorsionar. Miranda habría pedido, nomás, ocho plazas con sueldo de 15 mil pesos cada una para permitir que Reynoso Nava trabaje en paz. Por lo viciado del asunto fue que en la reunión del miércoles no se presentó la presidenta de la Comisión, la panista Amelia Marín Méndez.