El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, exhortó a los gobernadores involucrados a diseñar las medidas preventivas para evitar la migración esperada. Y como Morelos no es una ínsula aislada frente al resto el país, ya que se localiza dentro de una cuenca severamente afectada durante décadas por el crimen organizado, el gobernador Graco Ramírez ha declarado que todas nuestras fronteras están blindadas. Así, estaríamos hablando de 26 accesos y salidas en el territorio morelense. Son muchos recursos de comunicación con estados aledaños cuando alguien hace las veces de exterminador de plagas en otras zonas mexicanas, surgiendo de manera reiterada el riesgo del “efecto cucaracha”, mismo que vamos a referir a continuación con las siglas EC.

2.- Una definición con relación al EC sería: efecto de dispersión que surge cuando se altera el comportamiento de la plaga mediante luz, iniciándose el ocultamiento en sitios que permitan la subsistencia. Los focos insalubres aparecen tras prolongados lapsos en que no existieron condiciones de saneamiento, ni de prevención y mucho menos de corrección. En el argot policíaco el fenómeno se explica a la manera del Estado de Michoacán. Dentro del crimen organizado o la delincuencia común, el EC se deriva de la eliminación de oportunidades para la comisión de un delito. Empero, lo anterior no impide que las actividades criminales no vayan a repetirse, pues los delincuentes se desplazan a otros sitios buscando movilidad, armas y recursos económicos. Existen cinco formas en que el delito tiende a desplazarse: de una localidad a otra (desplazamiento geográfico); de un tiempo a otro (desplazamiento temporal); de un objetivo a otro (desplazamiento de objetivo); el delito puede ser cambiado por otro (desplazamiento táctico); y la sustitución definitiva de un delito por otro (desplazamiento de tipo de delito).

3.- Lo que está sucediendo en Yautepec, municipio ubicado entre Cuernavaca y Cuautla allende la serranía del Cañón de Lobos, indudablemente tiene relación con el EC propiciado por el combate a delincuentes de todo tipo en la zona metropolitana de la capital morelense. Según declaraciones vertidas por el alcalde Agustín Alonso Mendoza, entre diciembre de 2013 y enero de 2014 se han cometido 20 secuestros, amén de otros ilícitos de carácter patrimonial. Y la ciudadanía ya se fastidió. Fue así como este fin de semana se llevó a cabo la Marcha por la Paz, cuyos integrantes retuvieron durante tres horas a las secretarias de Cultura e Innovación Tecnológica del gobierno estatal, Cristina Faesler Bremer y Brenda Valderrama Blanco, ocurriendo los hechos en la cancha de la colonia Rancho Nuevo, donde las funcionarias tenían previsto iniciar la Caravana de la Ciencia, Cultura y Educación. Al sitio se presentaron dicho alcalde y el encargado del despacho en la SSP-Morelos, Alberto Capella Ibarra. Antes de ello, víctimas se secuestros, extorsiones y familiares de mujeres asesinadas denunciaron que tan solo en diciembre y lo que va de enero contabilizan 20 plagios de comerciantes o de sus hijos. Después de dos horas de negociación para liberar a las secretarias, Capella se comprometió a que el Mando Único de Policía se haría cargo de la seguridad en el municipio. Etcétera. Aunque algunos vecinos de Yautepec indican que quienes cometen los delitos son bandoleros locales (de la colonia Huizachera, por ejemplo), es indudable que la situación se agravó por el “efecto cucaracha”. A ver.

4.- Cambiemos de frecuencia. El Congreso local en su conjunto, pero en particular los diputados Roberto Carlos Yáñez Moreno, David Martínez y Gilberto Villegas Villalobos, están obligados a involucrarse en el conflicto por la intención del gobierno estatal de liberar un número indeterminado de concesiones de transporte público, el cual ha llevado por lo pronto al enfrentamiento verbal entre dirigentes de ruteros y de taxistas y amenaza con escalar. Los legisladores en mención no deben escurrir el bulto ni llamarse a sorpresa, pues integran la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del Congreso y el artículo 80 de la Ley Orgánica les asigna, entre otras obligaciones, la responsabilidad de: “Emitir opinión sobre los programas de expansión y mejoramiento del transporte público implementados por el Ejecutivo del Estado”. Además, al igual que los otros 27 legisladores son representantes populares, es decir que deben representar al pueblo en los asuntos que a éste atañe y que son los que lesionan sus intereses, y no dejar a los ciudadanos en estado de indefensión como ha venido ocurriendo tradicionalmente en Morelos en asuntos transporteriles, en los cuales el gobierno tiene muchas autoridades que lo representan y los transportistas tienen líderes añejos que los defienden, pero nadie representa al ciudadano común, al de a pie, al que se lesiona sin rubor imponiéndole alzas tarifarias o dejando sin control los precios en el servicio de taxi, o ampliando derroteros, o quitando paraderos, o permitiendo que los ruteros cancelen su servicio muy temprano por las noches o lo dejen de prestar los domingos.

5.- No se trata de calificar como benéfico o perjudicial el proceso de entrega de concesiones que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó  detener el jueves anterior (en una decisión que será apelada por el Poder Ejecutivo, según anunció el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer), mientras entra al fondo de un recurso presentado por transportistas del servicio colectivo, particularmente la Federación Auténtica del Transporte que encabeza Dagoberto Rivera Jaimes, y Rutas Unidas, liderada por Aurelio Carmona Sandoval, a los que apoya la Confederación de Alianzas del Transporte, a cargo de Enrique Ramos Cepeda. Se trata de impedir que una vez más se negocie con los intereses de los ciudadanos, al margen de los propios ciudadanos; de evitar que transportistas y autoridades acuerden según su beneficio propio y no antepongan, como debe ser, el interés supremo de la mayoría.

6.- Y es que el caso derivará en un mero jaloneo de intereses si nadie media a favor de la sociedad en el enfrentamiento que ya tienen los ruteros citados, con los taxistas agrupados en una serie de membretes que están a favor de la liberación de concesiones, y que son encabezados de manera destacada por el ex diputado local y viejo proxeneta de taxistas Enrique Rodríguez Zagal, conocido más por el mote de “El Cancún”, quien encabeza una agrupación con nombre de sindicato blanco: Confederación de Alianzas de Transporte en sus Diferentes Modalidades del Estado de Morelos; Silvestre Mendoza Villalobos, de la Federación Estatal del Transporte Organizado, perredista a quien María Teresa Domínguez Rivera le arrebató la diputación por el IV Distrito local; Víctor  Mata Alarcón, de la Unión de la Clase Trabajadora, que es la única que tendría que estar involucrada si el propósito real de las concesiones fuera una regularización; y otros como Jesús Delgado Arizmendi, de la Confederación Democrática del Transporte de la Nueva Visión –nótese el nombrecito interesado en quedar bien con el equipo gobernante- y Anselmo Delgadillo Saavedra, de la Confederación de Agrupaciones de Taxis en el Estado de Morelos.