Empero, cumplió con el mandato constitucional de presentarlo por escrito ante la Mesa Directiva, a través de Jesús Giles Sánchez, otrora secretario de Gobierno. Es importante recordar que Estrada Cajigal cumplió con el protocolo constitucional, tal como lo hicieron otros gobernadores dependiendo de las circunstancias políticas de sus respectivos momentos históricos, aunque haciendo gala de la hermenéutica sobre lo que señala la Constitución Política local en torno al famoso ceremonial.  

2.- Nadie podía, allá y entonces, desgarrarse las vestiduras por el método que utilizó SECR vía Jesús Giles Sánchez. Varios antecesores de Estrada Cajigal emplearon el procedimiento bajo decisión propia u obligados por sus antagonistas parlamentarios, pero cumpliendo así con el requisito constitucional de informar a los excelsos legisladores. Jorge Carrillo Olea no acudió al Congreso Local para leer sus tres primeros informes de gobierno y nadie le reclamó nada; en el cuarto lo hizo frente a la progresiva hostilidad del bloque opositor; Jorge Morales Barud quiso leer personalmente el quinto informe de aquel sexenio, pero los diputados de oposición se lo impidieron. Etcétera. Conclusión: El informe, como mecanismo de rendición de cuentas contemplado para el gobernador por nuestra Constitución, era y sigue siendo obsoleto. El antiguo ritual priísta ya no funciona, y el mecanismo de interpelar al gobernador no opera; sirve más para el lucimiento personal de ignorantes, que para despejar dudas.

3.- A pesar de lo que nuestra historia registra sobre la asistencia o inasistencia de varios gobernadores en el Congreso para rendir sus informes de labores, el actual titular del Poder Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu, sostiene un estéril forcejeo con quienes se sienten propietarios del Poder Legislativo, pues pretende tener una participación el primero de febrero durante la apertura del segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LII Legislatura. Como todos los años, el programa incluye la participación de los coordinadores parlamentarios adscritos a la Junta Política y de Gobierno, para fijar sus posiciones ideológicas y partidistas sobre la vida pública local, siempre buscando minar la resistencia política del gobernante en turno, allí presente (también asiste la representación del Poder Judicial). Aunque Graco Ramírez encabezó el primero de octubre del año pasado un acto alusivo a su primer año de gobierno; y de que todavía le queda hasta el 15 de febrero para presentar su informe por escrito ante el Congreso, busca ser incluido en la lista de oradores de este sábado a fin de leer su informe, lo cual no secunda la mayoría de diputados. No se requiere ser un docto en el análisis político para inferir que entre Ejecutivo y Legislativo se están mostrando el músculo.

4.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso delineó ayer lo que es la aspiración de su bancada y del gobierno estatal para que el gobernador Graco Ramírez acuda el sábado al Congreso y rinda su informe de gobierno desde la tribuna más alta del estado y ante los representantes del pueblo, los cuales se oponen a ello en el caso de los diputados del llamado G-13. Juan Ángel Flores Bustamante dice que el gobernador debe tener la palabra sin límites ni candados, debe hablar luego de que lo hagan los ocho representantes de los grupos parlamentarios y al final él, en su condición de depositario del Poder Legislativo, deberá hacerlo a nombre de la LII Legislatura. Reveló que la decisión final la tomarán el jueves los miembros de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, órgano que encabeza el propio jojutlense. Pero todo parece indicar que la pugna por la tribuna favorecerá a las izquierdas y que Juan Ángel responderá el informe. Por su parte, Graco Ramírez tocó el tema durante su conferencia de prensa de los lunes en Palacio de Gobierno, confirmando que el informe será entregado por escrito en tiempo y forma; pero sostuvo que con base en el respeto entre poderes habrá de realizar un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía para dar a conocer el estado que guarda la administración estatal, así como el detalle de cada una de las acciones realizadas en el primer año de gobierno a favor de la entidad. Me parece, amables lectores, que el gobernador está anunciando la rendición de su informe aprovechando la importante sesión. A ver.

5.- Y en más del Congreso local comentaré que el presidente de la Comisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Matías Nazario Morales, debió reaccionar de inmediato ante la decisión del Ejecutivo de ordenar la intervención del Mando Único para hacerse del control de la seguridad en Yautepec, con el apoyo de fuerzas federales y la anuencia de las autoridades municipales. El gobierno actuó ante la presión de miles de personas que marcharon el sábado y lo volverán a hacer el próximo viernes para demandar el combate a la delincuencia en aquella demarcación, donde se acusa un incremento en secuestros, extorsiones y otros ilícitos. El punto débil del operativo, como lo señala Nazario Morales, es que mientras el Mando Único salva a Yautepec, deja desprotegidos al resto de los municipios. Será este martes cuando la bancada priísta, a la que pertenece, fije una postura en torno de este asunto, comentó el legislador.

6.- Mientras tanto, Alberto Capella Ibarra, encargado del despacho en la SSP-Morelos, precisó que en Yautepec “no se darán palos de ciego”, amén de que el Mando Único se ha hecho cargo de la prevención del delito, desplazando a la policía municipal, cuyos miembros serán sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza. Sin embargo, Capella minimizó la posición de grupos políticos locales y del alcalde Agustín Alonso Mendoza, quienes sostienen que desde diciembre de 2013 a enero de 2014 se han cometido alrededor de 20 secuestros. Capella dijo ayer que la PGJ solo tiene registrado uno. Y presumió que “hemos generado ya una enorme cultura de coordinación interinstitucional con las diferentes áreas, con enorme intercambio de información. Hay informes importantes en estos primeros 15 meses de la administración del Gobernador Graco Ramírez”. Reveló un dato alarmante: la SSP tiene adscritos 700 elementos, a diferencia de los cuatro mil diseminados en los 33 municipios morelenses. ¿Y eso es bueno o malo?

7.- El Congreso tendrá actividades el sábado por la sesión solemne de apertura de su periodo ordinario. Y la próxima semana, en su primera sesión ordinaria, abordará la iniciativa de la Ley Estatal de Fauna que ya desde los últimos días ha generado polémica entre algunos sectores de la sociedad morelense que discrepan de los alcances que deben tener los esfuerzos gubernamentales, y los legislativos en este caso, para procurar la protección de los animales. Y es que para desahogar el tema del maltrato animal legisladores como Griselda Rodríguez Gutiérrez, Jordi Messeguer, Érika Hernández y Roberto Yáñez, que han presentado iniciativas sobre el tema, se reunieron con el diputado queretano Yairo Marina Alcocer el pasado 16 de enero. Lo llevaron a Las Mañanitas para escuchar la experiencia de Querétaro para concretar su ley que prohíbe en ese estado las funciones de circo con animales, que es lo que pretenden hacer en Morelos. Hay quienes apoyan ese propósito y quienes preguntan de qué manera la gente podría ver de cerca un animal de los que se ven en los circos si no hay la opción de un zoológico local o cercano. La polémica podría darse con mayor intensidad.