1.- Para entender un poco más el reacomodo del crimen organizado a nivel nacional, sobre regiones que podemos comparar con mercados, es importante recordar que un delincuente potencial viola la ley cuando el beneficio del acto es superior al castigo esperado, mismo que se obtiene multiplicando la severidad del castigo por la probabilidad del mismo. Así, si la pena por cometer un homicidio es 40 años de prisión y la probabilidad de recibirla es de 20 por ciento, el castigo esperado sería de ocho años, multiplicado por el costo de oportunidad del delincuente. Si el beneficio para un delincuente de matar a una persona es igual o inferior a esa cifra, probablemente no lo cometa. En el ensayo “Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta”, escrito por Alejandro Hope, director de Política de Seguridad del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), y publicado por la Revista Nexos en noviembre de 2013, leemos a mayor abundamiento: “Pero, ¿qué pasa si, por razones exógenas, el beneficio traspasa ese umbral? Asumiendo como constante la capacidad de castigo en el corto plazo, el delincuente tenderá a cometer el homicidio y otros delincuentes harán lo mismo. Mientras más homicidios ocurran, menor será la probabilidad de que cualquier acto en lo individual sea castigado y, por tanto, el castigo esperado tenderá a disminuir, generando con ello un incremento adicional en el número de homicidios. El mecanismo es un bucle de retroalimentación.”

2.- Sucede lo mismo con el flagelo del secuestro. Bien se le denomina “delito de alto impacto”, cuya incidencia y recurrencia han causado graves perjuicios a nuestra entidad federativa desde el sexenio de pesadilla (1994-2000) hasta la actualidad. Y tiene mayor impacto cuando las víctimas forman o formaron parte de entes productivos dedicados al trabajo, sin causarle daño a nadie. Al contrario están (o estuvieron) absortas en generar riqueza, progreso y empleo. Son (o eran) hombres y mujeres indefensos ante la inestabilidad del crimen organizado y la debilidad de las estructuras gubernamentales responsables, ya no digamos de erradicar las células delincuenciales, sino por lo menos controlarlas.
3.- Con estricta objetividad es necesario reconocer que las circunstancias financieras de la Procuraduría General de Justicia de Morelos no le permiten enfrentar a las células delictivas tal como la sociedad lo requiere. El escenario en que desarrolla sus actividades es de impunidad, fenómeno que se repite en otras entidades azotadas por la incidencia criminal, ya no del narcotráfico o el narcomenudeo, sino por el secuestro, la extorsión, el asalto con violencia, el robo de vehículos, los robos a casa-habitación, etcétera. Todo ello del fuero común. Deseo que la unificación de esfuerzos entre el gobierno federal y los estados a partir de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, sirva para algo, al igual que la naciente Coordinación Nacional Antisecuestros, a cuyo frente estará Renato Sales Heredia, ex subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR. Se supone que la Federación creará diez unidades regionales antisecuestro, en igual número de estados afectados por la reiterada comisión del delito. Morelos será incluido. A ver. Mientras tanto, la Unidad Antisecuestros adscrita a la PGJ está desmantelada, ante lo cual se propició un grave contexto de impunidad y la alta incidencia de plagios ocurrida el año pasado: 150 casos denunciados en la Procuraduría, amén de los delitos inscritos en la “cifra negra”.
4.- El tema de la inseguridad fue manipulado ayer por los detractores del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, a escasas horas de que utilice (este sábado) la tribuna del Congreso local para leer un apretado resumen de su Primer Informe. Efectivamente. El complicado rubro de la seguridad en Morelos fue abordado por algunos diputados locales. La bancada del PRI que lidera Isaac Pimentel Rivas cumplió el anuncio hecho el lunes por Matías Nazario Morales, y salió a fijar una postura en particular sobre la entrada del Mando Único y fuerzas federales que han tomado el control de Yautepec, pero en términos generales hablaron sobre la incidencia delictiva, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, su visión en cuanto a que el Mando Único y la Secretaría de Seguridad estatal se encuentran rebasados, y empezaron a manifestar desconfianza por la labor de Jesús Alberto Capella Ibarra, con quien pretenden celebrar una reunión en la que participen todos los diputados locales del tricolor, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, y el procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes. A este evento llevarían a víctimas del delito para que expongan sus casos ante las autoridades. Bien por este planteamiento, pero pésimo el haberle fijado al titular del Ejecutivo un plazo de ocho días (los legisladores tricolores no dijeron si “hábiles” o “naturales”) para mostrar avances en la materia. Eso es grilla y ánimo de sacar raja política.
5.- La Universidad Autónoma del Estado de Morelos está en riesgo de vivir una huelga a partir del sábado, estallada por el Sindicato de Trabajadores Administrativos, pero los 34 mil alumnos de la comunidad universitaria, más los docentes, manifiestan que están prácticamente en la indefensión. Fermín Esquivel, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, encabezó ayer una marcha para pedir que salones de clases y laboratorios, de darse la huelga, sean declarados como áreas blancas, pero otros actores que en situaciones similares del pasado han sido importantes, se mantienen al margen, como en el caso de los diputados locales, de quienes hasta ahora sólo se ha pronunciado el panista Javier Bolaños Aguilar pidiendo cordura y entendimiento.
6.- Quizás el problema es que los diputados no sienten suya a la Universidad porque no pasaron por sus aulas, parece que sólo con excepción de Juan Ángel Flores Bustamante y Rosalina Mazari Espín, quienes cursaron su licenciatura en la UAEM (también son profesionistas Teresa Domínguez, Carlos de la Rosa, Jordi Messeguer, Tadeo Nava, Isaac Pimentel, José Manuel Agüero, Manuel Martínez Garrigós, Matías Nazario, Amelia Marín, Javier Bolaños, Erika Cortés, Mario Arizmendi y Fernando Guadarrama). Joaquín Carpintero Salazar es ingeniero y Roberto Yáñez Moreno es abogado. Tienen maestría en educación Erika Hernández Gordillo y Griselda Rodríguez, y son maestros normalistas Humberto Segura y Alfonso Miranda. Dirán los diputados que no tienen vela en el entierro, que su compromiso es con sus partidos y no con la sociedad ni la educación, pero me parece que una huelga en la UAEM sería un mensaje de fracaso de todas las instancias gubernamentales vinculadas al desarrollo social y la paz pública. Imagínese usted como se vería la noticia del informe del gobernador aparejada a la del estallamiento de la huelga. Esto último hace pensar en que por todos los medios los cabilderos oficiales buscarán que se conjure.