Las concesiones que está expidiendo el gobierno “nos las vendieron, pagamos 25 mil pesos”, aunque “está barato” porque en otras ocasiones los líderes se las venden en muchos miles más. Como muchos observadores de este proceso de regularización de concesiones, considera que es mentira que no les hayan dado placas a los dirigentes, pues se les ve no sólo tranquilos, sino felices y agradecidos con el régimen.
2.- Se prevé que el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local (iniciado el sábado) será intenso, debido a que los legisladores deberán sentar las bases del juego político que viviremos en 2015, a partir de la reforma político electoral recientemente aprobada y promulgada en el terreno federal y lo que ocurra con las leyes secundarias. Para remendar el Código Electoral del Estado han sido presentadas innumerables iniciativas en los meses recientes, por parte de diputados como Erika Hernández Gordillo, María Teresa Domínguez Rivera, José Manuel Agüero Tovar y David Martínez. La primera, por ejemplo, ha planteado una redistritación local general y el último quiere dividir en dos el quinto distrito y completar 19 diputados de mayoría, pero reducir a 11 los plurinominales. Sin embargo, asesores del Congreso estiman que lo más congruente sería crear un nuevo Código en lugar de parchar el actual, lo cual debería ser planchado mediante la Secretaría de Gobierno y las dirigencias partidistas a través de la Mesa de Consenso para una Sociedad de Derechos, si es que alguien logra hacerla funcionar. A la Mesa, no a la Secretaría de Gobierno, aclaro… ¿O también?
3.- Y con el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional inició también la segunda mitad de la gestión de los actuales diputados. Lo que en lo sucesivo haga o deje de hacer la legislatura 52 será ya en su tramo de bajada, de despedida; de aquí en adelante todo será descenso y para no pocos de ellos comienza la cuenta regresiva para dejar la curul y lanzarse a nuevas aventuras políticas, pues todos quieren brincar a otro cargo de esos con salarios de cien mil pesos mensuales, chofer, secretaria, restaurantes lujosos, vehículo oficial y muchas plazas para la familia, amigos y amantes; así como disfrutan la vida en la actualidad. Con el alto obligatorio a la mitad del camino, sería oportuno evaluar si en el ánimo colectivo esta legislatura ha logrado modificar la percepción de que los diputados sirven para maldita la cosa, que son una carga para el erario, que se les paga mucho y no rinden nada a favor del pueblo. Les falta por caminar, pero ¿superarán a los diputados anteriores que se ganaron el mote de la peor legislatura de la historia?
4.- La bancada del PRI, que lidera Isaac Pimentel Rivas, responderá al llamado de auxilio lanzado por el alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, para apoyarle en su obligación de sacar al ayuntamiento del enorme bache financiero en que se encuentra. El munícipe ha recurrido hasta al Chapulín Colorado con su petición de que el Congreso le autorice un refinanciamiento y los diputados se han comprometido para apoyarlo en ello y también en la autorización de un crédito por 100 millones de pesos para el SAPAC, como se platicó a principios de enero en la reunión entre el Poder Legislativo y la comuna para cabildear la reforma al artículo 14 de la Ley de Ingresos. Pero no será Cuernavaca el único municipio al que respalden los legisladores del tricolor y no es la filiación partidista lo que los mueve, pues en su agenda también está impulsar una solución financiera -vía Congreso- para municipios como Puente de Ixtla, gobernado por el priísta Julio Espín Navarrete; y los de Yautepec y Cuautla, a cargo de los perredistas Agustín Alonso Mendoza y Jesús González Otero. A ver.
5.- Cambiando de frecuencia comentaré que la Procuraduría General de Justicia de Morelos detuvo en 2013 a 199 secuestradores, amén de que desarticuló 52 bandas de plagiarios. Lo anterior se desprende de declaraciones vertidas a algunos medios nacionales (Reforma, entre ellos) por el titular de la PGJ, Rodrigo Dorantes Salgado. Empero, al cuestionársele respecto al número de presuntos secuestradores aprehendidos y posteriormente consignados ante un juez penal, el fiscal dijo desconocer la cifra de sentenciados. Y tampoco pudo responder cuántas personas secuestradas murieron a manos de sus captores el año pasado. Respecto a los grupos criminales desarticulados es importante decir que 33 operaban en la Zona Metropolitana de Morelos, 12 en la Oriente y siete en la Sur-Poniente. Desde el inicio de la Administración de Graco Ramírez, en octubre de 2012, a diciembre de 2013, añadió Dorantes, se detuvo a 226 personas por el delito de secuestro, de los cuales 106 fueron por parte de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Estos logros –digo yo- fueron obtenidos por la PGJ a pesar de las deplorables condiciones en que se encuentra el área de investigación de ese terrible flagelo. Fuera máscaras: propios y extraños conocemos las condiciones sobre las cuales trabajan los agentes ministeriales a cargo de las investigaciones respectivas.
6.- Lo supracitado llevó a la organización México Unido contra la Delincuencia, presidida por Juan Francisco Torres Landa, a afirmar que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Morelos se encuentra entre las de peor desempeño. Calificó de buenas (espero que no haya sesgado los datos) a las unidades de Puebla, Yucatán, Querétaro, Nuevo León y Guanajuato, mientras que las instancias con peor trabajo fueron las de Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, y muy cerca de estarlo están las de Sinaloa y Veracruz. La semana pasada entrevisté en Línea Caliente a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación civil Alto al Secuestro, y repitió casi lo mismo. Torres Landa agregó que la desconfianza a las autoridades, el mal funcionamiento de las unidades antisecuestro y la escasa información al alcance de la sociedad son causas de la alta cifra de casos de secuestros que no se denuncian. Aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que Morelos cerró el año con 150 secuestros (reportados por la PGJ), Miranda de Wallace supone que la “cifra negra” es superior a los 230 casos. Esto es grave en un territorio con la densidad demográfica de Morelos (aplicando la tasa de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes).