Es evidente que a menos de un año de su nombramiento no tiene el total de las culpas en el caos en que está convertido el organismo, como cierto parece que su sucesor, Héctor Ignacio Figueroa Cisneros, poco podrá hacer para sacar al buey de la barranca si su caso es un mero continuismo basado en la idea de ordeñar al SAPAC en sus finanzas mediante asignación de obras y de plazas laborales, y no en la de optimizar el funcionamiento del organismo con el concurso de las autoridades municipales y también de los legisladores del Congreso local, que al menos en teoría tienen funcionando una Comisión Especial nombrada a fines de octubre pasado e integrada por los perredistas María Teresa Domínguez Rivera, Jordi Messeguer Gally y Carlos de la Rosa Segura; el petista Héctor Salazar Porcayo, el panista Javier Bolaños Aguilar y el priísta Matías Nazario Morales.

2.- Esa comisión fue creada formalmente para revisar, investigar y determinar las condiciones de la contratación de la empresa española Proactiva, determinar la legalidad con la que procedió el SAPAC al contratar de manera directa a tal consorcio, así como establecer las consecuencias de ese hecho, poniendo especial énfasis en la protección y cuidado de los derechos de los trabajadores de base y de confianza , quienes en número de 150 deben ser despedidos, según el contrato en cuestión; lo que implica que los diputados comisionados deben conocer la forma y el fondo de la problemática financiera del SAPAC. Pero a tres meses de haber recibido la encomienda, los legisladores no han dado resultados y parece que ya se les olvidó el asunto. Este dato es oportuno tomarlo en cuenta para entender como un simple chiste –chiste malo- el anuncio de Juan Ángel Flores Bustamante que comentaba ayer, en cuanto a que el Congreso creará una Comisión Especial para el caso Amacuzac, pues cabría preguntar: ¿Una comisión para no llegar a nada?

3.- En la sesión del miércoles, el Congreso local dio entrada a la propuesta del panista Javier Bolaños Aguilar para emitir un exhorto al gobierno estatal a fin de que cumpla con la entrega del presupuesto correspondiente a la UAEM, que es del 2.5 por ciento del total del Presupuesto de Egresos, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos, según una reforma aprobada a finales de la LI Legislatura y cuya declaratoria le correspondió hacer a la LII Legislatura; una reforma que, además, le ha permitido a decenas de diputados pavonearse ante el pueblo orgullosos de su labor y que ha motivado numerosas muestras de agradecimiento por parte de la comunidad universitaria, pero que –ya se ve- es letra muerta. La propuesta del exhorto deriva del oficio 0036/14 de la UAEM, enviado por el rector Alejandro Vera Jiménez al presidente de la Junta Política y de Gobierno, el priísta Isaac Pimentel Rivas, y al presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el panista Mario Arizmendi Santaolaya. Es este documento se denuncia que en 2013 a la UAEM le escamotearon 39 millones 487 mil 875 pesos del presupuesto que le correspondía, y para 2014 quieren hacerle lo mismo con seis millones 343 mil 850 pesos. Bien dicen que prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.

4.- Dirigentes y permisionarios del servicio de taxi sitiaron ayer el palacio legislativo situado entre las calles de Matamoros, No Reelección, Arteaga y Aragón y León, en el centro de Cuernavaca, como parte de su protesta por la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de suspender el proceso de regularización del transporte colectivo, que implica la entrega de concesiones que podría superar las tres mil. El caso partió de un recurso presentado por transportistas del servicio colectivo y fue resuelto por el magistrado de la Segunda Sala del TCA, Orlando Aguilar Lozano, contra quien los taxistas piden juicio político en un documento que fue recibido formalmente por el presidente de la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, quien como correspondía, sólo se comprometió a que la solicitud será sometida al proceso legislativo correspondiente para determinar si es o no procedente. La protesta fue más ruido que nueces, pues tan pronto como llegaron se fueron los inconformes cuya movilización se vio ostentosa por el lugar que ocuparon sus vehículos y no por el número de personas.

5.- Si algo tuvo de sui generis la ocupación del centro cuernavacense por parte de los taxistas, fue que se plantaron frente al Congreso con un enorme equipo de sonido que apenas encendido llenó el ambiente con las notas de conocidas canciones de música tropical, y que después sirvió para lanzar loas desmesuradas a favor de personajes sobradamente conocidos por la sociedad y no precisamente por sus buenas acciones a favor de ésta, como el caso del ex secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio, a quien más de uno quizás le habrían besado la mano en caso de estar presente. Y respaldados por dirigentes multiconocidos y multipermisionarios como Juan Tinoco, ex manejador del Radio Taxi Línea Dorada, o líderes de fama indiscutible y de beneficio discutible como Manuela Sánchez López, los taxistas se dieron vuelo también alabando la creación del grupo de los Taxis Rosas y de los Taxis Turísticos, gritando a voz en cuello que ambos deben crecer, quizás porque ya les permitieron obtener en un corto plazos decenas de concesiones.

6.- En la sesión del miércoles anterior, los diputados aprobaron una nueva Ley de Protección Civil. El ordenamiento armoniza la legislación local con la federal y desaparece el Instituto del ramo para crear la Comisión Estatal de Protección Civil, mientras que en los municipios la Unidad correspondiente pasará a ser Coordinación. No es sólo un cambio de nombre, pues la Ley exige que en lo sucesivo los nombramientos de los titulares recaigan sobre personas con preparación certificada, lo cual permitirá combatir la improvisación eventualmente traducida en acciones y omisiones criminales (porque pueden costar vidas), y también en la falta de compromiso que casi siempre convierte a las oficinas de protección civil en reductos para la obtención de recursos ilícitos, desde luego por parte de sus responsables y aún de sus superiores. Quienes tienen un establecimiento comercial, una empresa, una escuela, saben lo que implica cumplir forzosamente con las normas de protección civil, y la facilidad con que ese hecho se presta para la  extorsión oficial.