Y la cultural, que crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. Surge entonces la inevitable pregunta: ¿Estamos inmersos en una cultura de violencia, entendiéndola como la respuesta violenta a los conflictos? En el caso concreto de los morelenses ¿la vemos como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas que nos encontramos a diario? Desde mi particular punto de vista respondo con un rotundo sí. A lo largo de 41 años de carrera periodística he visto la evolución de la violencia en mi entidad natal. Diez gobernadores (tres en el sexenio de pesadilla 1994-2000) y ninguno ha podido controlar la violencia, mucho menos evitar la cultura de la violencia. Sin duda debo vincular todo lo antes dicho con recientes escaladas de agresiones directas a personas ejecutadas por criminales que están recurriendo (sobre todo) al robo con violencia para conseguir dinero, movilidad y armas.
2.- Para Lolita Bosch, escritora mexicano-catalana radicada en Barcelona (España), el narcotráfico, unas autoridades y unos políticos impunes y una corrupción desmedida son la causa de la violencia que azota a México. Para ella, “la violencia es histórica si se entiende como estrechamente vinculada con el Partido Revolucionario Institucional en el poder, y es estructural en el sentido de que ha corrompido todos los niveles de la sociedad.” Agrega, además, que la violencia está vinculada con la política, su amparo, su venta y su protección. Asegura que “al derrumbarse el régimen de control priísta, la violencia estalla en México igual que en Irak la violencia estalla al derrumbarse el control autoritario.” Cree que México siempre será violento y corrupto. Y lo compara con el sur de Italia, Albania y el continente africano. “Hay formas culturales residuales que no se modifican y producen sociedades de enfermos mentales que normalizan la patología”, concluyó. ¿Ustedes qué opinan, estimados lectores? Para mí no hay duda: en Morelos prevalece la cultura de la violencia. Y demasiada impunidad.
3.- Cambiemos de tema. La Junta Política y de Gobierno del Congreso, a cargo del priísta Isaac Pimentel Rivas, deberá recibir este lunes la propuesta oficial del Grupo Parlamentario del PRD para crear una comisión legislativa que se involucre en la solución del conflicto que vive el ayuntamiento de Amacuzac, tal como lo anunció el miércoles anterior el perredista Juan Ángel Flores Bustamante. Hay interés del Congreso por llegar al fondo del asunto porque está involucrado uno de los actuales diputados y los señalamientos en su contra están llenando de lodo a una legislatura que, además, no goza precisamente de una imagen impoluta. Se da por descontado que la propuesta será aprobada por los coordinadores parlamentarios que integran la Junta y en la sesión del miércoles 12 de febrero la Asamblea le dará luz verde. Lo que no queda claro es qué posición asumirán los legisladores, pues en los últimos días han enviado señales encontradas; a veces respaldan la legalidad a plenitud y otras se advierten enfrentados con el Poder Ejecutivo. Lo que sí tienen presente al menos dos de los coordinadores de bancadas es que de no darse una solución pronta a este caso, contaminará el proceso electoral del año próximo, en cuya etapa previa ya estamos entrando. A ver.
4.- La semana anterior señalamos que el Poder Ejecutivo y sus alfiles de otras áreas impulsan ya la creación de un pacto o alianza social para enfrentar todos juntos la problemática de la inseguridad pública. Tal intención ya va tomando forma a través de acciones y declaraciones del secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, con su activismo para formar un Frente, para el cual ya se viene reuniendo con dirigentes de partidos afines al régimen. Y si se trata de involucrar a todos los actores políticos, la pregunta es si ahora sí habrá disposición en Palacio de Gobierno para abrirse al diálogo con las diferentes bancadas del Congreso local, donde el fondo de los problemas sería la falta de canales de comunicación entre Legislativo y Ejecutivo, además de la postura soberbia y avasalladora de algunas estrellas del régimen. Veremos si con diálogo y tolerancia mutua obtienen apoyo de figuras que han mantenido oposición firme, como los priísta que lidera Isaac Pimentel. En caso de que se busque imponer la unidad por decreto, el Frente resultará nonato.
5.- Ante el cúmulo de información por temas como el Caso Amacuzac y la sesión misma, pasó prácticamente inadvertido el anuncio que el miércoles pasado hizo la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, presidida por el petista Héctor Salazar Porcayo, con relación a la facultad que ya tienen los ayuntamientos para resolver las pensiones de sus propios trabajadores, a partir de que el Ejecutivo publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 22 de enero pasado, el decreto número 1874 por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, en una decisión que deriva de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante controversias constitucionales promovidas por los ayuntamientos de Xochitepec, Puente de Ixtla, Zacatepec, Jiutepec, Coatlán del Río, Ciudad Ayala, Tlayacapan, Jojutla, Tlaltizapán, Yautepec y Cuernavaca.
6.- “La SCJN resolvió que el Congreso del Estado al emitir los Decretos Pensionatorios a favor de trabajadores de algún Municipio de la Entidad, viola el Principio de Autonomía en la Gestión de la Hacienda Pública Municipal consagrado en el artículo 115 Constitucional, ya que es al propio Municipio al que le corresponde disponer libremente de sus recursos presupuestales en términos de lo previsto por la fracción IV del citado dispositivo Constitucional, sin la intervención de cualquier otro Poder como lo es el Legislativo”, explicó la Comisión del Trabajo, la cual prepara 153 expedientes de trabajadores municipales que tienen en curso su solicitud de pensión y/o jubilación y cuya entrega-recepción deberá darse a más tardar en la primera semana de marzo. Así que a partir de ahora los burócratas municipales deberán realizar este trámite en el municipio donde laboren. Hay municipios para cuya raquítica estructura burocrática y el corto alcance de sus finanzas, será pesado atender esta nueva responsabilidad, pero tendrán la opción de firmar convenios con el Congreso para que éste se siga ocupando de las pensiones. A ver.