Es un instinto natural. Y según nuestro marco constitucional es obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad pública, lo que muchas veces no sucede. Ante ello debemos recurrir a medidas emergentes, como la contratación de empresas de seguridad privada. La realidad nacional y estatal demuestra que la inseguridad está desbordada superando por mucho las acciones gubernamentales en la materia. Es, pues, un mandato constitucional incumplido aún y cuando se hacen esfuerzos para enfrentarla, mientras la desesperación de la gente va en aumento y miles de familias sufren el luto ante la pérdida de un pariente.
2.- Sin embargo, las autoridades de los tres órdenes gubernamentales, además de la problemática ya descrita, padecen la politización de la seguridad. Los mexicanos llevamos más de 12 años observando dicha práctica: políticos y politiqueros de todas las tendencias partidarias convirtieron el tema en un recurso para apuntalar carreras y candidaturas. Así las cosas quiero referirme hoy al ensayo titulado “¿Politización de la seguridad o securitización de la política?”, de Lucía Dammert y Javiera Díaz, coordinadora e investigadora, respectivamente, del Programa Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Chile. Dicha institución, con filiales en América Latina y el Caribe, es auspiciada por la UNESCO. Por otro lado diré que el término securitización significa, por ejemplo en el mundo financiero, otorgarle valor a algo. Se adapta por completo al tema de hoy.
3.- Quise sustentar la columna con porciones de esa investigación ante la cada vez más exacerbada politización de la seguridad pública en Morelos que, desde mi particular opinión, comenzó cuando el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu prometió erradicar la inseguridad en el lapso de 18 meses, mismos que comenzaron a contar el 1 de octubre de 2012. Y a escasos dos meses para el vencimiento de dicho plazo, el titular del Poder Ejecutivo local está enfrentando nuevas etapas de politización o securitización del tema. Dicen Lucía Dammert y Javier Díaz: “La tendencia regional que se evidencia en los discursos y programas presidenciales de la región está claramente alejada del análisis técnico de la seguridad. En esta materia el populismo ha marcado las propuestas de la mayor parte de los candidatos y presidentes electos de América Latina. En este sentido, se puede afirmar que el tema de la seguridad es claramente uno de los más sensibles y visibles para la ciudadanía, los medios de comunicación refuerzan la sensación de amenaza constantemente, y los políticos han comenzado a utilizar la temática para aumentar su apoyo popular y engrosar la cantidad de votos. La politización de la seguridad es un fenómeno alarmante pues aleja la temática de la discusión de fondo, en el plano preventivo y de largo plazo, acercándola a discursos altamente populistas, orientados al control y mano dura, con limitados análisis que respalden su éxito, aún en el corto plazo.”
4.- Así las cosas, amables lectores, nos preguntamos: ¿Existe en Morelos una verdadera voluntad por enfrentar con seriedad los problemas de la violencia y la criminalidad? Mi respuesta es NO. Existen muchas evidencias de que el tema se convirtió en una herramienta electoral efectiva y que la securitización de la política va de la mano con la propuesta de políticas públicas altamente represivas (incluida la presencia de las fuerzas armadas). El juego político ha impactado a la esfera de la seguridad deteriorando las visiones técnicas más integrales, de mediano y largo plazo.
5.- Cambiemos de frecuencia. Los concesionarios del transporte colectivo realizarán huelga de pagos como protesta ante el incremento en las tarifas de refrendos, tarjetones, licencias de conducir y otros impuestos y derechos que, acusan, se elevaron de manera criminal, “hasta en tres mil por ciento”, según la amenaza de los principales dirigentes gremiales en Cuernavaca y la zona conurbada, que son Aurelio Carmona Sandoval, de Rutas Unidas, y Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte. Tal amague lo hicieron ambos dirigentes la semana anterior, cuando por enésima vez acudieron a solicitar el apoyo de los diputados del Congreso local, particularmente los jefes de las tres principales fuerzas políticas: Juan Ángel Flores Bustamante del PRD, Isaac Pimentel Rivas del PRI y Javier Bolaños Aguilar de Acción Nacional.
6.- La semana pasada los líderes de ruteros acudieron solos y sin hacer aspavientos, pero no ha sido así todas las veces en que se han decidido a ir a solicitar el respaldo de los legisladores. Por ejemplo, el primero de febrero arribaron al Congreso al frente de un grupo numeroso de permisionarios y choferes y a poco estuvieron de liarse a golpes con beneficiarios de las nuevas concesiones de taxi, pero su belicosa actitud les generó dividendos, de tal manera que fueron recibidos por los diputados y unos días después, el 5 de febrero, el coordinador de la bancada panista, Javier Bolaños Aguilar, presentó en su nombre y los de sus compañeros Amelia Marín Méndez, Erika Cortés Martínez y Mario Arizmendi Santaolalla, una iniciativa para que los legisladores modifiquen la Ley General de Hacienda que, en diciembre, ellos mismos aprobaron y que sí, según aceptó el iniciador, contiene aumentos desproporcionados.
7.- El argumento para pedir que se meta reversa a los aumentos que han llamado a escándalo a los ruteros, es que cualquier incremento en las tarifas oficiales debe ser racional y ceñirse a indicadores como la inflación, que fue de 3.56 por ciento en 2013, o el alza a los salarios mínimos, que fue de 3.9 por ciento y en dinero para Morelos representa la ridícula cifra de dos pesos y centavos para el jornal diario. La misma iniciativa propone recular en ajustes a tarifas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del sector educativo, de impuesto de hospedaje y otros. Señala también que el gobierno en su conjunto no midió el impacto social de estas medidas, mientras que en declaraciones por separado algunos diputados han llegado a reconocer la aprobación de los términos de esta ley impugnada, como un error.
8.- Lo malo para los interesados es que la iniciativa panista aparece entre los pendientes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de ahí que los ruteros hayan comenzado a dejarse ver de nuevo y amenacen con tomar medidas para propiciar la revisión de las nuevas tarifas, en las que según Dagoberto y Aurelio, no quieren un descuento, sino que se les dé marcha atrás porque se trata de aumento superiores a sus posibilidades. Y es que los ruteros hacen cuentas y ven cómo se les acumulan las cifras del alza a los combustibles, a las refacciones, a la mano de obra de los mecánicos y a las que tienen que ver con los gastos de manutención de una familia, como la luz, el agua, el gas, los alimentos, el predial y tal y tal. A fin de cuentas dicen como lo hacen muchos morelenses: que no les alcanza. A ver.
