Diputados de diversos colores estiman que estando en México, donde todo es posible si se tiene la bendición de los poderosos, aprobar tal aberración ocurriría solo si las izquierdas recibieran línea del equipo en el poder. De otra manera no pasará esa pretensión que ayer por la tarde se detallaba en el seno del Tribunal Superior de Justicia y que desde la mañana fue rechazada por diputados como Héctor Salazar Porcayo, el petista presidente de la Comisión del Trabajo Previsión y Seguridad Social, quien tendría participación directa para dictaminar cualquier iniciativa en ese sentido y quien, además, se ha destacado como contrario al saqueo de las arcas públicas por parte de la burocracia dorada, pues junto con el perredista Juan Ángel Flores Bustamante fue el iniciador de la reforma que eliminó el aguinaldo para los altos funcionarios. Sobre este tema es oportuno recordar que el 16 de febrero pasado, los diputados emitieron al Poder Judicial un exhorto precisamente para que se pronunciara sobre la manera de determinar el Haber de retiro que en su favor establece la ley desde la reforma de 2008 que terminó con la inamovilidad de los magistrados y estableció que pueden serlo por un máximo de 14 para después irse y obtener un Haber de retiro porque no son empleados, sino más bien patrones. Terminaré haciendo una pregunta, amables lectores, a sabiendas de que en el pleno del TSJ pululan personajes bien identificados por sus transas: ¿Merecerían una pensión vitalicia como la que pretenden?

2.- El de mañana será un día difícil en el centro de Cuernavaca, según se puede advertir con el anuncio de que un grupo de maestros, que se espera numeroso, marcharán hasta el Congreso del Estado para manifestarse en defensa de sus intereses laborales, de cara a la Reforma Educativa y las iniciativas que con relación a la misma entregó a los diputados el Poder Ejecutivo a través del secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, el lunes anterior. La marcha de la disidencia magisterial colapsará el ya siempre conflictivo centro de la ciudad y permanecerán cerradas las calles de nuestro minúsculo Centro Histórico, de tal manera que darán la razón a los comerciantes del lugar que justamente ayer se pronunciaron por poner orden a tanta movilización social que, dicen, les disminuye las ventas hasta en un 80 por ciento. Además del centro habrá problemas viales en la zona norte de Cuernavaca, por la marcha de trabajadores del sector salud que tomarán la calle para reclamar por la inseguridad pública que estiman grave y en la que médicos y enfermeras han pasado a ser presas frecuentes de extorsionadores y secuestradores.

3.- Y si a las afueras del Congreso las cosas no serán fáciles, al interior del palacio legislativo también será un día atareado para los diputados, quienes además de atender al grupo magisterial deberán desahogar tres diferentes sesiones, la primera de carácter solemne para realizar el Parlamento de Mujeres Morelenses 2014 que es organizado por María Teresa Domínguez Rivera, en su calidad de presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Una sesión más será la continuación de la sesión ordinaria iniciada el 24 de febrero, la cual no se pudo concluir por la insuficiencia de los legisladores, en número. En esta sesión deberán resolver la solicitud de pensión del ex procurador de Justicia Mario Vázquez Rojas. Luego vendrá la sesión ordinaria de la semana, cuyo proyecto de orden del día contempla 77 asuntos, de los que sólo 13 serían sujetos de discusión y votación, uno de ellos el dictamen que incluye la pensión del ex director de la Ministerial Nicolás Suárez Valenzuela (involucrado en la fuga de “El Chapo”, ocurrida en enero de 2001).

4.- Hasta el momento de redactar la presente columna estaba a punto de reunirse el Cabildo de Cuernavaca, bajo la dirección del alcalde Jorge Morales Barud y la secretaria del Ayuntamiento, Cristina Ríos Meraza. Entre los asuntos a tratar destacaba la aceptación del Mando Único en la capital morelense y la sujeción de quienes integran la Policía Preventiva Municipal al abogado tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra, encargado del despacho en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien eventualmente estaría facultado para remover a Víctor Hugo Valdez Ortiz, actual secretario de Seguridad Ciudadana, un hombre ligado a Morales Barud desde su paso por la gubernatura de Morelos (1998-2000). Capella relevaría a Valdez Ortiz colocando en su lugar a un incondicional suyo o a quien se le pegue, tal como lo ha hecho en seis municipios donde ya domina el Mando Único. Sin embargo, no puedo precisar si los regidores del Cabildo aceptaron concederle tal potestad al señor Capella o votaron por establecer, a cambio del Mando Único (entre otras cosas), la condicionante de que Víctor Hugo Valdez Ortiz permanezca donde se encuentra. Es importante subrayar que ayer se hizo correr la versión de que dicho jefe policíaco -no sé cuándo- evadió el examen de control y confianza aplicado por el Centro de Seguridad Nacional (CISEN). En lo personal me parece que Valdez Ortiz no se someterá al control de Capella Ibarra. Iría en contra de su naturaleza. A ver.

5.- Como reguero de pólvora trascendió ayer que el magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, Orlando Aguilar Lozano, dictaminó que el alcalde de Emiliano Zapata, Carlos Martínez Varela, y varios regidores que integran su Cabildo, sean destituidos de inmediato, según la sentencia emanada del expediente 50/2011. El problema parte de un adeudo contraído por la administración municipal de Alberto Figueroa Valladares (2009-2012), a juzgar por la fecha del expediente aludido. Lo malo para Martínez Varela y coacusados fue que, imitando a muchos de sus homólogos que se niegan a reconocer las deudas “institucionales” de sus antecesores, rechazó pagar poco más de cuatro millones de pesos a la empresa “Caminos y Construcciones Sánchez”, cuyos directivos decidieron demandar por la vía administrativa. El magistrado Aguilar Lozano giró la víspera un oficio al secretario general del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, José Manuel Pineda Martínez, para que convoque de inmediato a los suplentes del alcalde y los concejales acusados, cuyos nombres no habían trascendido hasta el momento de redactar la presente columna.

6.- Y ya que cité al presidente municipal de Zapata comentaré que propios y extraños saben cómo se ciñe a los designios de la “pareja presidencial” del trienio anterior, Alberto Figueroa y Catalina Ríos, a quienes por múltiples irregularidades ya no soportan sus vecinos en “Paraiso Country Club”. Se entiende el encubrimiento de Martínez Varela, pues fue tesorero en el trienio pasado. Finalmente diré que la muerte del preso Jorge Ricardo Pérez Gómez (26 años de edad), acaecida ayer en el CERS de Atlacholoaya, debe ser investigada a fondo. Fue una evidente negligencia médica, amén de las acciones y omisiones de quienes dirigen el penal.