Sin embargo, lo anterior no es nada nuevo, amables lectores. Desde hace décadas trascendió que entre esos negocios solo unos cuantos, que se cuentan con los dedos de una mano, son más o menos confiables. Ocurre lo mismo con sitios dedicados a la compra de metales y las famosas “pedacerías” de oro, la mayor parte del tiempo confabulados con bandas delincuenciales. Mientras tanto, también este fin de semana trascendió que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu dará a conocer hoy (lunes 10 de marzo) un nuevo plan de seguridad, acompañado por los 33 presidentes municipales, en aras de vencer al crimen organizado y la delincuencia común. Lo anunció durante uno de varios actos realizados el sábado con motivo del Día Internacional de la Mujer. En la Plaza de Armas de Cuernavaca agregó que el problema de la inseguridad “no es tema de política solamente, sino una realidad en la cual todos debemos trabajar, pues afecta por igual a panistas, a priístas, a perredistas, a cristianos, a católicos; la inseguridad no distingue a nadie, ni a clases sociales”. Hasta el momento de escribir la presente semana no se conocía el sitio escogido por el gobierno estatal para dar a conocer la aludida estrategia de seguridad. A ver.
2.- Este día, alrededor de las 9:00 horas, sabremos si un juzgado federal acepto el amparo indirecto solicitado por Cipriano Sotelo Salgado, abogado defensor de quienes integran (¿o debo decir integraban?) el Cabildo de Emiliano Zapata, quienes fueron destituidos la semana pasada por el Tribunal Contencioso Administrativo por negarse a pagar un adeudo de 4 millones de pesos proveniente de la administración de Alberto Figueroa Valladares, de quien el actual presidente municipal, Carlos Martínez Varela, fue tesorero municipal. Es decir: el destituido edil no puede llamarse sorprendido, pues conocía los avatares de la empresa demandante, denominada Caminos y Construcciones Sánchez. El problema es que debido a la negligencia de Martínez Varela también pagaron los platos rotos los siguientes regidores: Guillermo Cruz Coy, Felipe de Jesús Santa Cruz Gómez, Stephanie Becerril Gómez, Alejandra Orihuela Figueroa, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce. Quien se salvó fue la regidora Lucía Marcia Borunda Muñoz porque se amparó. Tocante al síndico Ignacio Caspeta Hernández y la tesorera municipal Liliana García Ortega, fueron notificados el jueves por el citado órgano colegiado. También fueron destituidos. Es importante señalar que el resolutivo del TCA fue aplicado desde comienzos de la semana pasada, pero como suele suceder en asuntos políticos de alto impacto se mantuvo en secreto hasta el jueves, cuando era imposible encubrirlo. ¿Pasa Emiliano Zapata por un vacío de autoridad? ¡No, para nada! Ese municipio ha sido flagelado en tiempos recientes por el crimen organizado.
3.- El diputado petista Joaquín Carpintero Salazar reveló que en septiembre de 2012, a poco de tomar posesión como diputado y días antes del inicio de la administración estatal, un hijo suyo fue secuestrado teniendo que participar en la negociación de rescate con la zozobra, además, de percibir que las policías municipales de Tlaltizapán y Zacatepec de aquel entonces estaban coludidas con los delincuentes. Lo anterior le quedó claro al constatar cómo, vía radiocomunicación, estaban en permanente contacto hampones con placa y hampones sin placa. Cuando el legislador comentó aquella mala experiencia ante la prensa, hace unos días, le cuestionaron si presentó la denuncia correspondiente. La respuesta fue que no, por desconfianza, pues estaba seguro de que la Procuraduría General de Justicia, en aquel entonces a cargo de Mario Vázquez Rojas, también estaba corrompida. Si esto le pasa a un diputado, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie?
4.- La diputada panista Amelia Marín Méndez dijo ante dirigentes de diversas organizaciones que acudieron el viernes a reclamar por la inseguridad al Congreso local, que los propios diputados son vulnerables debido a las fallas en el sistema de impartición de justicia, pues libera a delincuentes cuyos ilícitos son acreditados. La legisladora acababa de escuchar el sentido reclamo de uno de los oradores en el Salón de Comisiones, que con voz dolida relató cómo en la comunidad indígena de Xoxocotla hay sorpresa, pesar e indignación, porque los habitantes están dando la batalla contra la inseguridad, con escasos policías, pero cuando son detenidos los delincuentes, a los pocos días son puestos en libertad por el Poder Judicial. Entonces, Amelia Marín habló sobre su propia frustración y tristeza pues acababa de conocer que un delincuente, quien la hizo víctima de extorsión y acoso sexual en Zacatepec –el sonado caso del ex alcalde Gustavo Rebolledo Hernández- estaba a horas de ser puesto en libertad, según le habían avisado. Si eso le pasa a una diputada, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie?
5.- Cuando participó como primera oradora en el Parlamento de Mujeres Morelenses 2014 en representación del Primer Distrito Electoral Federal, Lucía Eréndira Molina Mateos lanzó una larga perorata sobre los problemas de violencia que viven las mujeres, las jóvenes y en particular las jefas de familia, tema del que todos los diputados actuales se han colgado porque les da popularidad; pero la integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos se enojó cuando los legisladores, en una decisión por demás intrascendente, permitieron la utilización de la tribuna del Salón de Plenos, haciendo a un lado el templete colocado para la participación de las invitadas a dicho Parlamento. El coraje de la joven universitaria surgió cuando observó la indiferencia de los ínclitos diputados locales quienes, como siempre, estaban apoltronados en sus curules pero dedicados a otros asuntos, por ejemplo revisando sus teléfonos celulares. “Demuestran su nulo interés en estos temas”, dijo la oradora que, como “homenaje” a su condición de mujer, recibió la distinción de pararse en el lugar que solo le correspondería a una diputada. Así la hicieron diputada por un día pero no le prestaron atención. Y si los diputados no atienden ni a sus compañeros diputados, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie?
