Por un lado dicho funcionario declaró que la administración estatal “respeta la postura de los senadores que emitieron un exhorto al Ejecutivo estatal en materia de seguridad, el cual será atendido en tiempo y forma”. Empero, Messeguer agregó que “en materia de protección ciudadana hay que sumar a todos, a los senadores y en particular a los que representan a Morelos, pues ellos también deben adherirse al esfuerzo que hace el gobierno del Estado”. Y abundó con algo que en días recientes ha llamado la atención ciudadana, sobre todo porque es una de las principales demandas de quienes organizan la nueva marcha del primero de abril contra la inseguridad: la participación del Ejército Mexicano en labores de patrullaje, como si se tratase de una corporación estatal o municipal responsable de la prevención del delito.
2.- En dicho contexto añadió el secretario de Gobierno: “Quiero insistir en la coordinación permanente con las autoridades federales encabezadas por el Ejército, por la Policía Federal y la PGR”. A juzgar por tales declaraciones, me parece que la administración de Graco Ramírez todavía no está decidida a solicitar un operativo con el Ejército al frente, siendo secundado por la Policía Federal, la PGR y el CISEN, a la manera de los operativos “Morelos Seguro” que en dos ocasiones, durante la gestión de Marco Adame Castillo, resultaron un verdadero fracaso. En la segunda -y esto fue lo peor- abundaron las violaciones a los derechos humanos, las torturas y hasta un asesinato en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería. Puede que ustedes digan: “Pero eran otros tiempos; y hoy que gobierna el PRI las cosas serán diferentes”. En lo personal, lo dudo. Un ejemplo del frecuente quebranto a las garantías constitucionales (del 1 de diciembre de 2012 a la fecha) es el hecho de que las oficinas de la Policía Federal, situadas frente al búnker de la PGR en la parte oriente de Cuernavaca, han servido para la tortura y fabricación de delincuentes. Finalmente y sobre la forma en que la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva -junto con la Policía Federal- en el combate a la criminalidad, son las reuniones que todas las mañanas se desarrollan en la Comandancia de la 24ª. Zona Militar, en la cual participan representantes de todas las instituciones federales y estatales encargadas de la seguridad, pero sobre todo los comandantes a cargo de las operaciones especiales del Ejército.
3.- Tocante al exhorto senatorial, Messeguer Guillén indico que se proporcionará información (creo que fundamentalmente a quienes integran el grupo parlamentario del PRI, promotor del punto de acuerdo que se convirtió en exhorto) que sirva a los legisladores para que, en base a sus atribuciones, “coadyuven en la búsqueda de la tranquilidad social, pues el tema les compete a ellos también”. Y la otra señal enviada por el funcionario fue su encuentro con el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo, quien recientemente se mostró hiperactivo para llamar la atención del Ejecutivo tomando como pretexto el tema de la seguridad. No se reunió con Graco Ramírez, quien andaba de gira por la zona oriente con el secretario de Agricultura, sino con el multicitado secretario de Gobierno. ¿Qué canonjía le habrá solicitado?
4.- Cambiemos de asunto. Mientras que en la prensa nacional se da cuenta de que México es destino de víctimas de trata de diversos países, pero también exporta y sus niñas y adolescentes se llegan a vender en dos mil dólares en Estados Unidos, hay sitios del terruño mexicano donde el tema parece no preocupar a las autoridades. Ayer se difundió ampliamente la nueva Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, y la noticia hace voltear de manera obligada al Congreso de Morelos y preguntar qué hacen nuestros ínclitos diputados respecto del marco jurídico necesario para combatir este mal. Hace unos días, cuando en la Asamblea morelense se habló del caso de los 11 niños “rescatados” de trata laboral, la panista Erika Cortés Martínez recriminó la falta de compromiso de la legislatura 52 en su conjunto, frente a las víctimas de trata, al señalar que su iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Morelos está congelada.
5.- Y sí, tal iniciativa fue presentada por la legisladora en septiembre pasado a nombre también de los diputados panistas Amelia Marín Méndez, Javier Bolaños Aguilar y Mario Arturo Arizmendi Santaolalla; los perredistas Juan Ángel Flores Bustamante y Jordi Messeguer Gally; los priístas Rosalina Mazari Espín, José Manuel Agüero Tovar y Antonio Rodríguez Rodríguez; la aliancista Erika Hernández Gordillo; los pevemistas Griselda Rodríguez Gutiérrez y Gilberto Villegas Villalobos; y Fernando Guadarrama Figueroa de Movimiento Ciudadano. Es decir que la intención de crear esa ley contra la trata tuvo de inicio el apoyo de 17 de los 30 legisladores, pero ni aun así ha podido avanzar en el entramado de burocracia e intereses que pueblan el camino de una propuesta hasta convertirse en ley. ¿Será que la iniciativa duerme el sueño de los justos por alguna instrucción superior o solo ocurre que nuestros diputados no consideran importante este tema?
6.- El Congreso dejó en suspenso su sesión del miércoles anterior porque no estaban listos los dictámenes de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública –un trabajo que le correspondía a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación que preside la perredista Lucía Meza Guzmán- y será el próximo miércoles cuando sin duda se aprueben ambos, de acuerdo con el coordinador de la bancada del PRI, Isaac Pimentel Rivas, quien afirma que su grupo parlamentario apoyará todas las iniciativas del Ejecutivo que estén orientadas a conseguir la seguridad para Morelos y los morelenses, porque la situación en este rubro es grave en todo el estado, y según conoce, en particular en la región oriente a la que pertenece el Distrito 16 de Ayala, al que representa. Dice que no conoce a ningún diputado local que se oponga a ninguna acción oficial que favorezca la seguridad. Finalmente diré que hubo cambios en la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Cuernavaca. Salió Juan Cristóbal Echeverría, caracterizado por el entorpecimiento de asuntos. A ver.