Colocó a Carlos Peredo en la titularidad de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a Darío Lugo Sánchez al frente de la Policía Judicial de Morelos. El 13 de abril de 1995, durante un operativo implementado para rescatar al empresario Jorge Coghlan Crombe (acaecido en el Fraccionamiento Santa Fe de Xochitepec), Lugo Sánchez recibió varios impactos de bala que, tras una agonía de diez horas, le provocaron la muerte. A continuación transcribiré parte de la crónica escrita al respecto por Gerardo Ortiz Domínguez: “El procurador Carlos Peredo Merlo lamentó profundamente el deceso de Darío Lugo Sánchez, quien durante casi diez meses al frente de la corporación combatió a nueve bandas de secuestradores, cinco de violadores y ocho de ladrones de autos, entre otras, así como cumplir en 50 por ciento las órdenes de presentación y aprehensión”. Lo anterior significó que Lugo Sánchez estaba trabajando. Tan era así que los familiares de dicho empresario confiaron en él para comandar el rescate.

2.- La desaparición de Darío Lugo Sánchez propició algunas leyendas referentes al operativo y el fuego cruzado, al destino de los alrededor de 600 mil dólares pagados a cambio de la libertad del empresario y sobre la posición que había consolidado Armando Martínez Salgado dentro de la Policía Judicial del Estado comandando el “grupo antisecuestros”. En poco tiempo era el poder tras el trono dentro de la Judicial estatal. Semanas después del asesinato de Darío Lugo Sánchez fueron convocados a Palacio de Gobierno los representantes de medios informativos para “cubrir” la presentación de nuevos funcionarios de la PGJ. Es importante subrayar que la industria del secuestro, como una vertiente del crimen organizado ya arraigado en aquel tiempo, estaba causando graves estragos entre la sociedad morelense. Yo acudí acompañado por Paco Guerrero Garro, a la sazón corresponsal del diario “La Jornada”.

3.- Todo era expectación pues se conocería al relevo de Lugo Sánchez en la Policía Judicial. Al fin salió Carrillo Olea de su despacho (hacia el Salón Gobernadores) seguido por varios funcionarios estatales, incluido desde luego el procurador Peredo Merlo. Y entonces apareció Jesús Miyazawa Alvarez, de triste recuerdo en los anales policiacos de México. Lacónicamente le comenté a Paco Guerrero: “Ya nos cargó la chingada”. “Fue peor el remedio que la enfermedad”, me replicó Paco. No nos equivocamos. La delincuencia organizada se enquistó en nuestra entidad bajo el manto protector de funcionarios públicos, en su mayoría provenientes de otras latitudes de la República Mexicana. Surgió así la delincuencia institucionalizada. La industria del secuestro, finalmente, causó la debacle de Carrillo Olea en mayo de 1998.

4.- Para confirmar la gestación de la delincuencia institucionalizada añadiré lo siguiente. Transcurría el mes de junio de 1997 cuando acudí a saludar al capitán José Abraham Mejía, entonces coordinador estatal de Seguridad Pública, cuya oficina estaba situada en la Base Zapata, edificio que hoy alberga a la Secretaría de Movilidad y Transporte. El despacho de Abraham Mejía tenía un ventanal a través del cual se observaban las instalaciones de la Policía Judicial del Estado y varias oficinas de la PGJ. La citada corporación era todavía dirigida por el siniestro capitán Miyazawa, quien tenía ya como subdirector operativo a Armando Martínez Salgado. Abraham Mejía me mostró el borrador de su renuncia que días después presentaría a Carrillo Olea. El jefe de la Policía Preventiva Estatal decidió irse de Morelos debido a la grave incidencia criminal experimentada por esta entidad y al hecho de que “todo el problema se origina ahí enfrente”. Abraham me señaló las oficinas de la Policía Judicial. Con su dimisión, José Abraham Mejía estaba confirmando lo que todo mundo sabía: la alianza institucionalizada entre criminales y altos funcionarios estatales para moverse con absoluta impunidad.

5.- Aunque varios antecesores de Carrillo Olea enfrentaron o administraron de alguna forma u otra la presencia del crimen organizado y la colusión de policías con hampones (un sexenio de pesadilla fue el de Armando León Bejarano, entre 1976 y 1982, cuando radicaron aquí los fundadores del cártel de Juárez), nunca otras vertientes de la delincuencia organizada, además del narcotráfico, habían causado tantísimos estragos a nuestra sociedad como ocurrió en el cuatrienio del defenestrado general. Y situamos a la industria del secuestro como principal agravio social. Sin embargo, desde 1998 los morelenses hemos experimentado altibajos en el combate al secuestro, que siempre repunta a partir de la adaptación de los plagiarios a las nuevas estrategias gubernamentales de seguridad pública. Siempre hay bandas dispuestas a todo. Muy lamentable para Morelos es que el área de investigaciones especiales de la PGJ, pero particularmente el grupo antisecuestros, aparecieran desmantelados al comienzo de la actual administración.

6.- En más sobre los perennes vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado es necesario recordar la defenestración de José Agustín Montiel López, quien fuera el segundo coordinador general de la Policía Judicial del Estado en el periodo del gobernador Sergio Estrada Cajigal (2000-2006). El primero fue Alberto Pliego Fuentes, pero duró escasos meses tras descubrírsele nexos con secuestradores (por delitos cometidos en el Estado de México se le sentenció y murió en prisión). Montiel era considerado por SECR como un “súper policía”, pero el 6 de abril de 2004 fue detenido por la PGR bajo acusaciones de contubernio con narcotraficantes y comercialización de estupefacientes. El 15 de agosto de 2008 se le sentenció a 32 años de prisión. Propios y extraños conocen las repercusiones políticas causadas por su encarcelamiento: Estrada Cajigal fue sometido a juicio político por el Congreso local y separado del cargo el 24 de octubre de 2004. Sin embargo, pudo concluir su sexenio gracias al respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nadie ignora lo ocurrido entre 2008 y 2012 en el sexenio de Marco Adame, cuando Morelos vivió una de las peores crisis de inseguridad pública. Hay quienes no olvidamos los agravios de antaño.

7.- Cambiemos de frecuencia. He escuchado a diputados miembros de la bancada priísta expresar sus dudas sobre la lealtad de su compañero José Manuel Agüero Tovar y describir que fue esa desconfianza el punto central que llevó a destronarlo como su coordinador y como presidente de la Junta Política y de Gobierno. No lo sienten uno de los suyos y les parecería natural que decidiera formalizar su adhesión a la bancada del PRD. Por eso en el grupo parlamentario no causó sorpresa que fuera el único que asistiera ayer al evento gubernamental sobre seguridad celebrado en el llamado C-5, en contraposición al acuerdo que la bancada había tomado para no acudir. Agüero fue y además declaró a favor del trabajo oficial en materia de seguridad y del titular del área, Alberto Capella, a quien dio un espaldarazo aludiendo su sensibilidad. Es de recordar que hace meses, al principio de la legislatura, Agüero era un destacado opositor al gobierno de la nueva visión y a su activismo se debe, por ejemplo, que el Congreso no autorizara al de Diego Rivera como el escudo oficial del gobierno.

8.- Otro legislador que acudió al evento gubernamental de ayer en la base de Palo Escrito fue Juan Ángel Flores Bustamante, quien lo hizo en su condición de representante del Congreso por su calidad de presidente de la Mesa Directiva y también por ser parte de la bancada afín al partido que detenta el poder estatal. El perredista dijo que los diputados aceptan el llamado que hizo el mandatario estatal para cerrar filas en materia de seguridad pública y consideró que está en contra de los intereses de la sociedad quien le apuesta a debilitar al gobierno actual usando a la inseguridad como pretexto, pero con el objetivo real de satisfacer afanes electorales. Con la camiseta bien puesta, Juan Ángel encara la polémica actual sobre seguridad señalando que el gobernador no es omiso ni cómplice y que la administración estatal acredita avances en la tarea de combatir a la delincuencia. También asistió Javier Bolaños Aguilar, jefe de la bancada panista.