Durante las semanas previas algunos comunicadores advertimos el componente político de la marcha, pues los organizadores difundieron con antelación su pliego petitorio. Parecía un texto elaborado por cualquier partido. Favor de recordar las demandas más importantes: rotundo no al Pacto Hacendario y la remoción del procurador general de Justicia y la secretaria de Seguridad Pública (en aquel entonces Rodrigo Dorantes Salgado y Alicia Vázquez Luna, respectivamente).

2.- El 5 de marzo del presente año se difundió vía internet un artículo bajo la autoría de Gerardo Becerra Chávez de Ita, uno de los principales promotores de la recientemente resurgida Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), a través de la cual se organizó y promovió la marcha de hoy. No fue difícil encontrar la intencionalidad política de la movilización, aunque se haya dicho que se trataba de una “marcha ciudadana”. No ha habido ni hay tal. Becerra recordó las movilizaciones que vimos durante el bienio 1996-1998 y la derivación del Frente Ciudadano Morelense en la CMMC. Todo ello tendiente a llamar la atención del entonces gobernador Jorge Carrillo Olea sobre la creciente inseguridad. Recordó Becerra lo siguiente: “La CMMC vio la luz en aquel restaurante Míster Grill, de la familia Morera, en la todavía no ampliada a cuatro carriles avenida Domingo Diez a principios de 1998 en Cuernavaca. Ahí convergieron por primera vez los partidos políticos de oposición al régimen Carrillo Oleista. El PAN, PCM y el PRD se sentaron por la convocatoria del FCM y junto con las más importantes cámaras empresariales –Coparmex y Canaco-. El Obispo de Cuernavaca, Don Luis Reynoso Cervantes, también hizo acto de presencia en el evento”.

3.- Agregó Becerra Chávez de Ita: “Para la mala fortuna del gobernante en turno todos se habían unido en su contra y era solo cuestión de tiempo para que su salida se diera. Faltaba el ‘tiro de gracia’ y ese sería dado exactamente el domingo 8 de marzo de 1998, cuando la CMMC le aplicó al titular del Poder Ejecutivo un referéndum popular en todo el Estado de Morelos, en el cual se preguntaba al pueblo si quería que Jorge Carillo Olea permaneciese en el puesto de gobernador. El resultado fue lapidario. Con el voto de más de cien mil morelenses que salieron a votar en ese ejercicio democrático y libre, la suerte del gobernante había sido echada. Desde el IEE-Morelos su titular se desgañitaba afirmando que esa muestra popular no tenía ningún valor legal; sin embargo, los otros consejeros electorales se ciñeron y reconocieron la validez moral del mismo (…) con ello se sentó la base para que el Congreso tomara cartas en el asunto y decidiera iniciar juicio político en contra de Carrillo Olea”. Finalmente Becerra advirtió que la marcha de hoy versará sobre la salida de quien gobierna Morelos y su sustitución por los canales legales, e invitó al PRI, PAN, PANAL y PV a sumarse al movimiento. Me parece que después de la marcha de hoy no sucederá nada, según las pretensiones políticas de quienes son sus autores intelectuales. Habrá que esperar el “cauce legal” que pretendan darle al asunto, aunque hasta ahora ha quedado de manifiesto que apuestan al todo o nada.

4.- Tal como lo señalamos en la entrega de ayer, el coordinador de los priístas en el Congreso, Isaac Pimentel Rivas, anunció que no participará en la marcha ciudadana contra la inseguridad que se efectuará la tarde de este martes. Emitió un comunicado oficial en el que insistió en la necesidad de disociar la marcha ciudadana de la cosa política y para contribuir a ello es que no tomará parte físicamente, es decir que no hará el recorrido con los manifestantes, pero sí se mantendrá atento a lo que acontecerá en el centro de Cuernavaca. Dijo que esta postura la adopta “como un acto de respeto a la ciudadanía y nada más”, porque “no sería justo que nuestra presencia como partido político distorsione el objetivo fundamental, que es la exigencia” por más y mejor seguridad. Sotto voce se dice que la postura del líder cameral de los tricolores obedece a una consigna de la dirigencia nacional y estatal, que siguen de cerca lo que ocurre con la marcha ciudadana.

5.- En tanto, el PAN a través de Amelia Marín Méndez lanzó una propuesta que para unos será oportuna y para otros oportunista. En medio de los dimes y diretes con relación a la problemática de la inseguridad, propuso que este factor se convierta en una causal para someter a juicio político al gobernador del estado. Su propuesta es que se reforme el artículo 134 Constitucional y que incluya como causal al hecho de que el mandatario incumpla con lo estipulado en la fracción XX del artículo 70, que establece entre sus facultades la de velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior de Morelos, en su calidad de jefe de la fuerza pública estatal. Si el titular del Ejecutivo no cumple, dice la legisladora, entonces los morelenses se lo pueden demandar, y concluye en que la mejor forma de hacerlo es mediante un juicio político.

6.- Para fortalecer su petición, Amelia ofrece sus argumentos que concluyen con un  "el tejido social, tan recurrido por los gobernantes en turno, se está desmoronando”.  

7.- Obviamente también hay voces que difieren de opiniones como la anterior y que tienen una nueva visión en la que a su juicio debe reconocerse el esfuerzo desplegado por las actuales autoridades para dar resultados en materia de seguridad pública. Ese es el caso de la coordinadora parlamentaria perredista, Lucía Meza Guzmán, quien ayer destacó que “se han estado capturando bandas de secuestradores”, que no hay bases para que los marchistas piensen en promover juicio político contra el gobernador –que además no prosperaría porque el PRD tiene control total del Congreso- y que a final de cuentas la marcha es un asunto político. Un comunicado sobre este tema enviado por la bancada perredista resume esta posición de la cuautlense Meza Guzmán: “No hay causales para que pudiera proceder un juicio político, no hay ninguna, finalmente tal vez se comprometió a un plazo que no estuvo dentro de las manos del Estado cumplirlo pero eso no es una causa que justifique la destitución de un gobernador, la única causal son las faltas graves a la Constitución y en ningún momento este gobierno ha violado la Constitución del Estado, es una situación política la que se está dando”.