La actual coyuntura socio-política de nuestro Estado, la estructura gubernamental que no termina de acoplarse a la velocidad marcada por la sociedad y el entorno de constantes presiones al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu generan la necesidad de recurrir a ciertos autores para hallar explicaciones sobre las consecuencias del conflicto político. Uno de ellos es Fukuyama, quien afirma que la única posibilidad de crear un nuevo ordenamiento económico, político y social se sustenta en la reconstrucción de ese valor -la confianza- entre todos los sectores de la comunidad.

2.- Las evidencias de lo que ocurre en Morelos nos motivan a construir escenarios futuros aplicando todas las variables posibles. Los elementos de la confianza deberían ser considerados como razón de estado por el gobernador si desea consolidar su administración durante el presente año rumbo a las elecciones intermedias de 2015. Lo que pueda lograr a favor del PRD en esos comicios le otorgarán capital político para perfilarse de manera exitosa hacia el final de su administración. ¿Qué puede conseguir a favor del PRD? Lo que haya construido a lo largo y ancho de nuestra entidad federativa. La obra del gobernante en turno sobre diversos rubros del desarrollo allana siempre el camino a los candidatos en las plazas más importantes. Y en más respecto al concepto de la confianza Francis Fukuyama escribe que “el capital social es como un trinquete que se mueve con más facilidad en una dirección que otra; las acciones de los gobiernos pueden derrocharlo enseguida, mientras que reconstruirlo resulta mucho más difícil. Ahora que la incertidumbre sobre la ideología y las instituciones está resuelta, la preservación y acumulación del capital social ocupará el primer plano”. Los actores se apoyan entre sí en caso de creer que forman parte de una comunidad basada en la confianza mutua, que nos lleva al concepto de “capital social”. Más claro: es la capacidad que posee la gente de trabajar juntos para lograr propósitos comunes en grupos y organizaciones.

3.- ¿Cuál es la realidad que experimenta Morelos? Sin lugar a dudas, un delicado proceso de polarización social y política, que se exacerbará en las próximas semanas tras la marcha de ayer. Pudimos constatar que la movilización tuvo matices ciudadanos, pero se derivó de una convocatoria realizada por bien conocidos politicastros (vimos desfilando a algunos), hoy adversarios del gobernador en turno, quienes van por todo. No buscan mayor seguridad. Quieren defenestrar al titular del Poder Ejecutivo. Aquí quiero recordar lo que escribí a finales de agosto de 2013, previo a la marcha del 1 de septiembre: “En esta ocasión, a diferencia de la marcha del 28 de junio (también de 2013), se exigirá la renuncia de funcionarios del gabinete estatal de seguridad. Sin embargo, la nueva movilización sentará las bases para nuevas demandas a futuro, de mayor envergadura y trascendencia histórica. Me refiero al juicio político contra el gobernador”. Transcurrieron siete meses hasta llegar a la marcha de la víspera y no me equivoqué. El punto medular fue imponerle a Graco Ramírez el plazo de 90 días para informar al Congreso local que deja el cargo e inicie su sustitución. Me parece que esto no va a ocurrir, pero el conflicto le generará a Morelos un nuevo daño de imagen. La siguiente ruta de los antagonistas de Graco Ramírez será por la vía jurídica en el Congreso. Así lo vimos en 1998 con Jorge Carrillo Olea; en 2004 con Sergio Estrada Cajigal, y en 2010 con Marco Adame Castillo. A ver.

4.- Entre las muchas declaraciones y opiniones que se han generado acerca de la seguridad en esta semana, el Poder Legislativo a través de su presidente, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, dijo que es legítima la demanda de seguridad de los marchistas de ayer y señaló que en lo que le concierna el Congreso atenderá  el llamado de los manifestantes. Se congratuló ante el anuncio de que existe una investigación para determinar si existen elementos policiacos que estando en activo se encuentran también vinculados a grupos criminales y, por tanto, les sirven a éstos traicionando a la sociedad a la que deberían servir y siendo un factor que da ventaja a la delincuencia y pone en riesgo aún mayor la vida de los buenos policías, porque también los hay. Flores Bustamante lamentó la existencia de gente que recibe una paga y tiene la obligación de procurar justicia o seguridad y que lo está haciendo, como se dice que podría estar ocurriendo en particular con elementos policiacos de Cuernavaca y Jiutepec. Esta investigación deberá tener resultados en los próximos días a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Juan Ángel, por cierto, en otro escenario se dio tiempo también para lanzarle un coscorrón a su correligionario Eloy Martínez Rojas, el diputado federal sureño que desde la Cámara Baja manifestó su apoyo a la marcha contra la inseguridad, a quien ya quisiera ver iniciando su viaje a Marte.

5.- El diputado jojutlense hizo las declaraciones sobre seguridad tras encabezar ayer con su coordinadora parlamentaria, la diputada Lucía Meza Guzmán, una reunión con representantes del medio periodístico al que, según las apariencias, sólo los legisladores perredistas están apoyando. La reunión fue la primera de una mesa de análisis en torno a la nueva Ley Estatal de Protección a Periodistas, con la cual se buscará fortalecer el mecanismo de protección a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y periodistas en general, pero que además impulse su protección en materia de seguridad social. La noticia de esta reunión y otra que ocurrió en los días previos parece ser una buena señal para el gremio periodístico, pero es destacable cómo en años anteriores desde el Congreso se han burlado de la prensa con asuntos similares (Sergio Álvarez Mata y Omar Guerra Melgar por ejemplo, cada cual en su momento), por lo que estos acercamientos todavía están muy lejos de ser motivo para echar las campanas al vuelo. A ver. El PAN en el Congreso local se alista para presentar este miércoles una iniciativa para crear la Comisión Estatal Anticorrupción, cuyos comisionados tendrían que cumplir como uno de los principales requisitos el de que nunca hayan sido servidores públicos.