Lo anterior, según las tesis de Gustav Le Bon, se vincula estrechamente a la actitud que asumen las masas en momentos determinados: por el simple hecho del número, sus miembros adquieren un sentimiento de potencia invencible, aunque cediendo a instintos que, por si solos, habrían frenado forzosamente. La mayoría, por ser anónima e irracional, soslaya el sentimiento de responsabilidad que retiene siempre a los individuos. Lo ocurrido antenoche en Tetelpa, municipio de Zacatepec, se enmarca dentro de un escenario donde ciertos fragmentos de la sociedad deciden poner un coto a los abusos de autoridad y la negligencia de jueces, policías y funcionarios públicos. La violencia social tiene carácter político en la medida en que se cuestiona el orden político y social existente, pero la acción social-colectiva pretende restablecer el orden, aunque sea por medios violentos. Una gran parte de la población estuvo a punto de linchar a dos sujetos, presuntamente relacionados con el delito de extorsión. Para su fortuna fueron rescatados por autoridades policíacas estatales.
2.- Este tipo de sucesos nos recuerda la combatividad y reacción violenta de ciertas poblaciones morelenses, cuando es necesario. Jamás olvidaremos cómo en 1975, cuatro agentes de la Policía Judicial del Estado, por andar extorsionando a campesinos, fueron apresados por decenas de lugareños, trasladados a una celda de la ayudantía municipal de Temoac (todavía pertenecía a Zacualpan de Amilpas), rodeados con pilas de chiles secos que incendiaron para asfixiarlos, y finalmente bañados con gasolina. Alguien lanzó un cerillo y…lo demás fue historia. Historia que en 1977 derivó en la creación del municipio número 33 de Morelos. Así se gestó el actual municipio de Temoac, junto con la lucha social a favor de la Normal Rural “Emiliano Zapata Salazar”.
3.- A continuación mencionaré algunos linchamientos: el 19 de mayo de 1994, en el municipio de Axochiapan, se ultimó a cuatro presuntos asaltantes; el 19 de septiembre de ese mismo año, en Chalcatzingo (Jonacatepec), fueron linchados tres presuntos secuestradores; en diciembre de 1994 un hombre fue colgado en Hueyapan (Tetela del Volcán) por intentar recoger una grabadora de un acreedor; en noviembre de 1995, en Xoxocotla, un sujeto fue linchado por haber violado y lesionado a una mujer; los vecinos fueron por él, lo sacaron de la cárcel y lo lincharon. El 19 de noviembre de 1995 las oficinas de la Policía Judicial del poblado de Tres Marías fueron incendiadas, así como dos patrullas, luego de que un agente de la policía judicial hirió de dos balazos a un joven sin causa aparente. Durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) hubo varios eventos: en Tlalnepantla, Huitzilac y Ocotepec, donde la gente se hizo justicia por propia mano, así como el linchamiento ocurrido el 26 de marzo de 2005 en el pueblo de Santo Domingo Ocotitlán, en Tepoztlán, donde la gente asesinó a pedradas a Sergio Carrillo Gutiérrez, de 43 años, por haber intentado robar una tienda de abarrotes. Otro linchado fue Mariano García Escamilla, de 21 años, residente de Huazulco y que era identificado como abigeo. Etcétera.
4.- Este es el Morelos bronco, el mismo que el 4 de agosto de 1993 cimbró al entonces gobernador Antonio Riva Palacio en Jonacatepec, donde el procurador de Justicia de aquel tiempo, Tomás Flores Allende, estuvo a punto de ser quemado junto con los agentes judiciales Ernesto Alvarado, Guadalupe Hugo González Acosta, Cruz González Olivera y José Luis Velázquez Beltrán. Los entonces efectivos policiacos fueron señalados como asesinos de Ramiro Gollolarte Arcos y Lauro Gollolarte Bonilla, vecinos de la localidad. Sólo la presencia y negociación de Riva Palacio salvó a todos de la hoguera. “¿Quién mató al comendador? ¡Fuente ovejuna, señor!”. Y en el fondo de todo está la impunidad.
5.- Como era de esperarse, el tema de la marcha del martes siguió motivando polémica ayer entre las principales figuras de las diferentes bancadas parlamentarias, con la continuación de posturas que ya no son noticia pero que permiten prever que este tema de la seguridad pública seguirá en la agenda política. Pasada la movilización, en el centro del debate se colocó la participación de personajes de la política, que es indebida desde el punto de vista de algunos porque buscan beneficios particulares en forma de poder político y económico, además que su actividad ya tiene relación con las elecciones de 2015, mientras que otros opinan que marcharon en uso legítimo de sus derechos ciudadanos a expresarse. Por un lado el coordinador parlamentario panista, Javier Bolaños Aguilar, defendió a quienes perteneciendo a su partido, participaron en la marcha, como Amelia Marín, Adrián Rivera, Germán Castañón y Óscar Cano, porque a su juicio lo hicieron a título personal, toda vez que el PAN como institución se había desligado previamente de la marcha.
6.- En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Matías Nazario Morales, consideró que la bancada de su partido, que lidera Isaac Pimentel Rivas, debe tomarle la palabra al gobierno estatal y sumarse a un pacto que incluya a todos los sectores, los partidos, los políticos y por supuesto la sociedad. Es un pacto al que de hecho él fue el primero en llamar, como hemos señalado en entregas anteriores. Matías estimó que el gobierno estatal y sus operadores políticos harán bien escuchar el reclamo central de la marcha, a favor de la seguridad, valorar la expresión de la ciudadanía y tender puentes para favorecer el diálogo. La coordinadora solaztequista, Lucía Meza Guzmán, se unió a las voces que cuestionan la legitimidad de la marcha que se vio manchada por la participación de figuras políticas, dijo que no es mediante la politización como se obtendrán resultados en materia de seguridad y convocó a los actores políticos a que mejor se sumen a acciones concretas para devolver la tranquilidad y la paz a los morelenses, en otra alusión al pacto que ya se ve venir. Meza Guzmán también destacó que el Congreso, con todas las bancadas que lo integran, ha acreditado su actuación en pro de la seguridad, no ha sido omiso en este tema, pues ha aprobado por unanimidad asuntos trascendentes como la nueva Fiscalía General o la Comisión Estatal de Seguridad.
7.- La sesión del Congreso local fue suspendida ayer sin que los diputados consiguieran avanzar nada en el más de centenar de asuntos que aprobaron en su orden del día, documento único que pudieron desahogar. Resulta que al salón de plenos ingresaron miembros del Frente contra los cobros por servicios municipales de Cuernavaca, liderados por Gabriel Rivas Ríos, y en atención a ellos se ubicó en primer lugar el tratamiento de un punto de acuerdo presentado por la diputada Teresa Domínguez Rivera, con el que pedía que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el panista Mario Arizmendi Santaolalla, analizara de nuevo la Ley de Ingresos para atender el reclamo del Frente, que pide echar abajo el impuesto por recolección de basura. Entró entonces a escena la diputada panista Erika Cortés Martínez proponiendo una revisión total de la Ley de Ingresos y luego se pidió que la Comisión hiciera esa revisión y entregara su dictamen el mismo miércoles, lo que significó un albazo que dividió a los diputados y rechazaron la propuesta en una votación que encendió los ánimos entre los del público, algunos de los cuales lanzaron insultos y quisieron brincar a la zona de curules provocando la intervención de los elementos de seguridad a cargo del comandante José Crespo Meléndez. El zipizape dejó en claro que no había condiciones para continuar y por tanto la sesión fue suspendida por el presidente de la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante.