Propios y extraños suponíamos que desde el año pasado se había implantado el nuevo modelo policial de Mando Único, pero fue necesario que Jesús Alberto Capella Ibarra llegara a nuestra entidad, primero como encargado del despacho en la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública y luego convertido en todopoderoso Comisionado de Seguridad Pública de Morelos, para que trascendiera que el famoso Mando Unico era una farsa. Capella arribó a nuestra entidad el 6 de enero de 2014 para responsabilizarse de una institución débil. A estas alturas de abril, Capella lleva integrados 21 municipios al Mando Unico. Supone que el control vertical de todas las policías de Morelos servirá para el mejor combate a la delincuencia. A ver.
2.- Y la otrora Procuraduría General de Justicia, hoy convertida en Fiscalía General del Estado, también ha evidenciado la misma atrofia institucional. En el ánimo de resolver su problemática o por lo menos mitigarla, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu envió el 5 de julio del año pasado al Congreso morelense una iniciativa de reformas a la Constitución Política local para crear la Fiscalía General del Estado. Por angas o mangas tuvieron que transcurrir nueve meses hasta que los ínclitos diputados morelenses decidieran aprobar la creación de la nueva institución y su marco normativo. Muchas veces he comentado que el fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, al tomar posesión el 18 de enero de 2013, encontró una institución desmantelada, sobre todo en torno a la investigación de delitos del alto impacto. Halló la unidad antisecuestros desmantelada, entre otros graves conflictos.
3.- Aquí quiero trasladarme al 18 de abril de 2010, estimados lectores. Allá y entonces me referí a un reportaje publicado por Milenio Diario, donde se daba cuenta sobre el predominio del cártel del Golfo (CDG) en Tamaulipas (entidad hoy de nuevo gravemente golpeada por el crimen organizado). Según el rotativo, el CDG utilizaba vehículos tripulados por sus integrantes, desde luego fuertemente armados, con el fin de proteger a la ciudadanía. Su principal misión era evitar que los grupos enemigos tratasen de cruzar el río Pánuco, desde Veracruz. Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que las poblaciones se inclinaban a favor del CDG y confiaban que el cártel conseguiría barrer con los “zetas” y su red de extorsiones. Aquí quería llegar para explicar, aunque sea un poco, la debilidad institucional imperante en las policías morelenses y la otrora Procuraduría General de Justicia.
4.- A comienzos de 2010 era un secreto a voces un supuesto pacto entre jefes policíacos de Morelos y capos del narcotráfico bajo el siguiente tenor: 1) Tú, autoridad, nos dejas vivir tranquilos en territorio morelense sin ser molestados; y 2) A cambio, nosotros “coadyuvamos” en la eliminación de criminales dedicados a delitos de alto impacto, sin que tengan relación con la comercialización de drogas. Y fue así como la sociedad morelense constató, entre 2009 y 2012, la frecuente aparición de cadáveres de presuntos secuestradores, extorsionadores, asaltantes y violadores, mientras paralelamente asomaban mensajes con datos precisos sobre los supuestos delitos cometidos por quienes sucumbieron a manos de grupos de exterminio que, en el mejor de los casos, nos recordaron a las “favelas” brasileñas. Conclusión: a estas alturas de la incidencia delictiva nacional y estatal nadie ignora que la precariedad del estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coludieron para configurar el complejo paisaje de la corrupción en México y Morelos. Por eso ha sido muy difícil controlar la situación. Al menos durante las dos décadas anteriores, el catalizador de los procesos fue sin duda el crecimiento de la economía criminal, sobre todo la inherente al narcotráfico.
5.- Cambiemos de frecuencia. La semana pasada, el diputado Héctor Salazar Porcayo, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, subió al pleno del Congreso una propuesta de exhorto -que será analizado por la Comisión de Medio Ambiente- dirigido a autoridades de la UAEM, el IMTA y el Instituto Nacional de Salud Pública, orientado a dar sustento a la exigencia de los morelenses para que se cancelen las concesiones de minería que amenazan con dañar a sus habitantes y su medio ambiente. Se trata de “crear un equipo de trabajo interdisciplinario que se avoque a realizar una profunda evaluación científica de las consecuencias en materia ambiental, particularmente a los acuíferos y de daños a la salud pública que provocaría la minería a cielo abierto de oro y plata en nuestro estado”.
6.- De acuerdo con el legislador, en Morelos siguen vigentes 39 concesiones de minería a cielo abierto para la explotación de oro y plata que abarcan 28 mil hectáreas de terreno en la entidad; la Secretaria de Economía reporta que ha autorizado estudios de exploración por parte de la compañía Minera Austral, S.A. de C.V., por oro, plata y hematita en la región de Tilzapotla; y Minera Percat, S.A. de C.V., realiza exploración en el municipio de Yautepec, únicamente por oro y plata, al igual que la compañía Esperanza Silver Corp (“hemos sabido que la concesión de Esperanza Silver se ha trasladado a la empresa canadiense Álamos Gold, manteniendo el mismo personal e infraestructura en los municipios de Temixco, Miacatlán y Xochitepec”) quien ha realizado trabajos de barrenación en el proyecto Cerro Jumil por oro. La compañía Zinifex Limited realiza exploración regional en el área de Cuautla.
7.- Salazar Porcayo señala que los daños a la salud pública provocados por la minería a cielo abierto son inmensos, pues utiliza dinamita y de manera intensiva grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido, además de que libera arsénico. De esos daños ya se ha hablado en diferentes escenarios de Morelos y la coincidencia es que aún es tiempo de luchar por evitarlos, sobre lo cual dicho legislador pone el ejemplo de que “en Argentina y Costa Rica fueron instancias locales, gobiernos y congresos los primeros actores que aceptaron escuchar las voces de inconformidad de pobladores, activistas y científicos que alertaron sobre los terribles e irreversibles daños de la minería a cielo abierto y su afectación en la salud pública, agua, aire, territorio y tejido social”. A ver.