El robo en sus distintas modalidades es el que mayor sensación de indefensión, inseguridad y coraje genera entre los ciudadanos, pues a nadie agrada que lo despojen de sus pertenencias, adquiridas mediante grandes esfuerzos por el grueso de la población. Ayer entrevisté a Cipriano Sotelo Salgado, presidente fundador de la Asociación de Abogados Penalistas de Morelos, quien me comentó que vista la tendencia, el pronóstico para los delitos patrimoniales durante el resto de 2014 no es halagüeño. Para reafirmar su dicho, el jurista retomó parte de una investigación realizada sobre el robo en la zona metropolitana de la Ciudad de México por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). “Hay dos razones principales por las cuales no avizoro un escenario favorable: la primera macroeconómica y la segunda inercial. La razón macroeconómica es que los delitos están fuerte y linealmente correlacionados con la inflación”.
2.- Agrega Sotelo Salgado: “La correlación no es simultánea, sino que está sujeta a una temporalidad o un efecto retrasado. Los aumentos en los delitos patrimoniales se asocian con incrementos en los precios de los bienes y servicios, tanto en los tres, seis, nueve y doce meses previos. Dicho de otra manera, si la inflación aumenta este mes, se verá un incremento también en el número de robos a transeúnte y casa habitación (en términos de carpetas de investigación) al menos en los tres meses siguientes, y posiblemente en adelante para el resto del año. Pero viene luego la segunda razón: la inercia de la actividad delictiva. Los incrementos en la actividad delictiva agregada son normalmente rápidos y los decrementos lentos. Asimismo, otros factores que contribuyen al incremento del robo son la falta de prevención por parte de los ciudadanos, pero sobre todo el clima de impunidad derivado de las inexistentes indagatorias a cargo de la Fiscalía General del Estado. Y viene lo peor: la red de complicidades entre malos elementos policíacos y las células dedicadas al robo. Casi siempre los ladrones son los mismos, quienes obtienen su libertad debido a las deficientes investigaciones del Ministerio Público”. En la legislación penal de Morelos las sanciones para el robo son altas en sus variantes más graves (verbigracia el robo con violencia), pero la recurrencia del delito se debe a todo lo antes expuesto. Es un asunto multifactorial, donde también interviene la falta de empleo a miles de jóvenes, los salarios mal pagados, pero sobre todo la falta de castigo. ¿Cómo la ven ustedes, amables lectores?
3.- Cambiemos de tema. Ayer recibí varias fotografías de un encuentro sostenido la víspera por el alcalde de Cuernavaca Jorge Morales Barud y la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales de Morelos, encabezada por José Luis Torres Servín. El pie de foto indicó: “Los integrantes (de dicha agrupación) refrendaron su apoyo al cien por ciento al presidente de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, y a los proyectos del Gobierno Municipal, encaminados a reforzar los trabajos de mejora en materia de servicios públicos, seguridad y desarrollo social”. Leí el texto varias horas después de que entrevisté al subsecretario de Gobierno, José Luis Correa Villanueva, quien me indicó la necesidad de que el gobierno morelense se acerque todavía más a la sociedad, a fin de lograr su colaboración en la lucha contra la inseguridad. El escenario que noté en las fotografías aludidas es uno que aún no acaba de conseguirse desde los más altos planos del Poder Ejecutivo. El propio Correa Villanueva lo reconoció así. Por ejemplo, no se ha socializado un cúmulo de información (en poder del gobierno estatal) sobre las causas de la delincuencia en nuestra entidad, sus lugares de origen, los tiempos en que más se cometen los delitos y los estratos sociales más afectados. En fin. Lo deseable es que no se ahonde más la brecha entre sociedad local y gobierno morelense.
4.- El 11 de febrero de 2014, el entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, descartó que el gobierno federal fuera a aplicar operativos similares al de Michoacán en estados como Guerrero, Morelos o Tamaulipas, “debido a que las condiciones de cada entidad son diferentes, a pesar del aumento en el índice delictivo”. Y anteayer, convertido en Comisionado Nacional de Seguridad, el mismo funcionario anunció que el próximo 13 de julio nacerá la Gendarmería, cuyas operaciones se concentrarán en cinco regiones del país donde se registran altos niveles de inseguridad. Tres mil elementos serán para tareas de reacción y el resto para labores de proximidad. Al comparecer este jueves ante la Cámara de Diputados, Rubido indicó que dichas regiones son La Laguna, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Estado de México, principales focos rojos para el gobierno federal en materia de seguridad. Para desencanto de los detractores del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, entre esas regiones no aparece Morelos. ¿También a Monte Alejandro Rubido le promoverán una marcha silenciosa o una caravana vehicular? Ojo: lo que no mata fortalece, dicho esto por Nietzsche.
5.- Cambiemos de frecuencia. El PRD y Nueva Alianza en el Congreso hicieron suyo el llamado del gobernador para que los diputados locales designen al margen de intereses partidistas, a los magistrados que sustituirán a Virginia Popoca González y Ezequiel Honorato Valdez, quienes deberán dejar el cargo el 16 de mayo, y eventualmente a Andrés Hipólito Prieto, para cuyo caso ya se prevé un lío jurídico al que el Congreso está dispuesto a entrar porque la visión de los legisladores, expuesta al menos por los coordinadores del PRD y el PAN, Lucía Meza Guzmán y Javier Bolaños Aguilar respectivamente, es que no sólo hay elementos para relevar del cargo a este magistrado, sino que el Legislativo incurriría en responsabilidad en caso de no hacerlo.
6.- Quedaron libres Clemente Zenón García, de 68 años de edad, y Pablo Ambrosio López de 30, ejidatario y chofer de Yautepec que en febrero pasado fueron detenidos bajo la acusación de explotar a menores, en un suceso que provocó una airada protesta del PRI en el Congreso local y de diversas organizaciones de productores. En aquella ocasión el diputado Isaac Pimentel Rivas subió a la sesión plenaria un llamado para la liberación de los citados, con el argumento de que se trata de personas con un modo honesto de vivir y que los menores que las autoridades encontraron y liberaron, son en realidad hijos de trabajadores jornaleros. Finalmente no se acreditaron las acusaciones en su contra y ahora ya están libres. Mientras este asunto de presunta trata se ventilaba en juzgados, el escándalo ahuyentó a los cortadores de caña y en la zona de influencia del ingenio de Casasano provocó que hasta 40 mil toneladas de la vara dulce se quedaran en los campos de cultivo, de acuerdo con el dirigente cenecista Félix Rodríguez Sosa, quien se congratuló porque todo haya quedado esclarecido y pidió que el gobierno tome conciencia de las formas de trabajo del campo para que no se vuelva a repetir. Y es que la detención de los “tratantes” de menores en su momento fue achacada por la bancada priísta al desconocimiento del terruño por parte del fuereño Comisionado Estatal de Seguridad, entonces secretario de Seguridad Pública recién desempacado del norte. Visto así, la liberación de los acusados es un punto malo en la gestión de Jesús Capella.