Es decir, transcurrieron ya seis meses desde aquel procedimiento legislativo, pero según el coordinador del grupo parlamentario del PAN, sobre la aplicación de los recursos nada se sabe. Me refiero a la contratación de un empréstito por 2 mil 806 millones 348 mil pesos y un refinanciamiento por mil 378 millones 585 mil pesos. Todo junto suma la nada despreciable cifra de 4 mil 184 millones 933 mil pesos. El refinanciamiento, supuestamente, se haría con Bancomer y Banamex. Por tal motivo, durante la siguiente sesión del Congreso dicho legislador presentará a la consideración del pleno un punto de acuerdo donde se exhorte a la Secretaría de Hacienda del Estado, cuya titular es Adriana Flores Garza, a que responda 11 preguntas de un cuestionario básico respecto a la eventual aplicación de los recursos, si es que el gobierno estatal gestionó la obtención de ese dinero ante la banca comercial o de desarrollo. Es importante subrayar que previo a la autorización de los créditos, la certificadora de deuda Fitch había divulgado algunos factores negativos en torno a la capacidad de pago del gobierno estatal. A ver.
2.- Cambiemos de tema. A principios de 2008 cuestionamos el desdén del gobierno de Marco Antonio Adame Castillo sobre la inseguridad jurídica y demás irregularidades prevalecientes en la colonia Universo de Cuernavaca, situada al norte de la capital en el poblado de Ahuatepec. Mediante un entrego periodístico que constó de cuatro columnas hicimos referencia a la grave problemática causada por dicho asentamiento humano, surgido a través de una “invasión” de predios privados. Es importante retomar hoy el delicado asunto, frente al discurso reiterado de la actual administración estatal en el sentido de que pugnaría por garantizar a los ciudadanos la seguridad jurídica en su vivienda, la integridad en su persona y sus bienes, el respeto a los derechos humanos, el acceso a los servicios principales y un ambiente sano para el buen desarrollo de las familias, lo cual no se da en la colonia Universo, cuyos habitantes viven en condiciones de inseguridad, insalubridad e incertidumbre jurídica. Es importante subrayar que la empresa “Terrenos Potrero S.A de C.V.”, cuyo apoderado es José Eduardo Winters Alfaro, mantiene abierto un litigio desde hace varios lustros ante instancias de los tres órdenes de gobierno, sin que exista una resolución definitiva de por medio.
3.- Así las cosas, miles de familias de la colonia Universo viven un infierno, pues por la inseguridad en la tenencia de la tierra son obligadas a pagar periódicamente miles de pesos por constancias de posesión expedidas por el Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, además de cooperaciones por asfaltado de calles, red de agua, postes de luz colocados ilegalmente porque es propiedad privada, y muchos otros conceptos; todo con la amenaza de que si se rebelan les pueden quitar su casa los “dueños” en asociación con los comuneros. Insisto, la problemática es grave, pues centenares de familias enfrentan la falta de drenaje, lo cual propicia la contaminación de zonas aledañas con toneladas de heces fecales, amén de que las autoridades policíacas de Cuernavaca consideran a la colonia Universo como uno de los principales puntos criminógenos de la ciudad. Desde ahí se están fraguando muchos de los delitos que se cometen en otras colonias cuernavacenses. A ver.
4.- Cambiemos de frecuencia. A diferencia del panista Javier Bolaños, quien acusó intromisión del Ejecutivo ante el pronunciamiento hecho el jueves pasado por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu sobre la designación de magistrados del TSJ, aludiendo a la independencia y autonomía del Legislativo, el PRD a través de Jordi Messeguer Gally respaldó la posición asumida por el mandatario y dijo que los nuevos magistrados deben ser electos con base a su preparación, experiencia y carrera judicial. Consideró que, independientemente de ser requeridas las personas con mayor reconocimiento social, debe atenderse además la equidad de género, un elemento que hasta el viernes no había sido considerado como tal en el proceso que mantiene abierto la Junta Política y de Gobierno. Este martes concluye la etapa de recepción de documentos de los aspirantes. La propuesta de equidad de género probablemente cobre fuerza esta semana y reduzca las posibilidades de maniobra de los interesados en manejar la designación.
5.- Tocante a la construcción de la nueva sede legislativa han corrido tantas versiones en los últimos días que el caso ya comienza a oler mal. El tema se puso en la agenda a partir de un trascendido y de ahí ocurrieron una serie de declaraciones a botepronto, pero nadie ha atinado a dar una versión oficial respecto de la que se prevé como una mega obra. Lo último del caso es que siempre sí ya se compró el predio y siempre sí los diputados ya le dieron su visto bueno, según afirmaciones del secretario de Economía, Julio Mitre Cendejas. Eso sumado a lo dicho por el diputado priísta Isaac Pimentel Rivas en cuanto a que el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, ya comprometió que será inaugurado el 17 de abril del año próximo, a 79 días de las votaciones del proceso electoral local y federal, nos hace pensar en la existencia de tratos, acuerdos, amarres y contraprestaciones con relación a este proyecto, hasta hoy casi clandestino, pero que implica la danza de miles de millones.
6.- Con el descubrimiento, la semana pasada, de ajustes legales hechos en el Instituto Estatal Electoral para beneficio económico de los consejeros electorales, éstos han quedado mal parados ante la opinión pública, los partidos políticos, los diputados y al parecer también ante las autoridades estatales que días atrás preveían que los cambios derivados de la reforma política permitirían conservar en el órgano electoral morelense a Jesús Meza Tello y sus homólogos y sólo contratar a un par de consejeros más. Se supone que para concentrar una “bolsa” conteniendo posibles indemnizaciones en caso de que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones los corra, esos personajes se basaron en jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las declaraciones del líder estatal del PRD, Abel Espín, quien censuró la actitud de los consejeros, podrían evidenciar el disgusto de la cúpula de la administración estatal perredista por este tema, en razón de la comunicación permanente que el solaztequista mantiene con la Secretaría de Gobierno. ¿Se van todos los consejeros o no se queda ninguno? Se reciben apuestas.