pues ésta última constituye un cuarto poder, aquí y en cualquier parte”. Y vaya que tenía razón. Hoy por hoy –como en antaño- los gobernantes necesitan ambientes de coexistencia pacífica con esas instituciones. Ninguna de las autoridades adscritas a los tres órdenes de gobierno queda excluida frente al requerimiento. Por eso es de vital importancia que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu despliegue renovados puentes de comunicación a fin de distender el conflicto surgido tras los arteros asesinatos del catedrático universitario Alejandro Chao Barona y su esposa Sara Rebolledo. Es cierto: la autoridad morelense no se ha cruzado de brazos para encontrar a los responsables del doble homicidio y consignarlos ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Inclusive la Fiscalía General del Estado incorporó a funcionarios de la UAEM como coadyuvantes en las investigaciones, amén de la comunicación que pudieron haber generado Jorge Messeguer Guillén, Alberto Capella Ibarra y Rodrigo Dorantes con el rector Alejandro Vera Jiménez. Pero el escenario no es nada terso, mismo que tiene sus antecedentes en el recurrente clima de inseguridad general. Lo peor de todo es que, desde algún ámbito del poder público, se contribuye a generar procesos de incredulidad, tal como lo comprobamos la víspera en torno a tres presuntos responsables de los homicidios. Y mejor no le abono al delicado asunto.
2.- A continuación analicemos los factores del problema desde una perspectiva más constructiva. El 5 de diciembre de 2013, en este mismo espacio, consideré que la clase política morelense, la sociedad civil organizada y el empresariado local debían hacer un alto en el camino a fin de no fomentar más el divisionismo imperante entre todos. Y es que “los de enfrente, es decir quienes integran el crimen organizado, saben muy bien que una de las vulnerabilidades de nuestra clase dirigente es la falta de cohesión y el aglutinamiento en torno a un proyecto de gobierno. Por eso no cuajan las estrategias que en materia de seguridad ha diseñado el gobierno estatal”. Agregué que el tema de la seguridad pública estaba peligrosamente politizado, mientras el crimen organizado seguía su implacable marcha. Hoy debo decir: el crimen organizado sigue su implacable marcha.
3.- Así las cosas y desde esta modesta trinchera periodística propuse la estructuración de un gran acuerdo que pudiese denominarse “Todos por Morelos”. Pero, ¿convocado por quién? Respondí que esa convocatoria tendría que partir de la UAEM con la venia del H. Consejo Universitario. En algún momento le expuse la idea a Gerardo Becerra Chávez de Ita, uno de los principales dirigentes de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos de Morelos, quien vio la idea con buenos ojos. Insistí en que si el acuerdo no era convocado por nuestra máxima institución educativa, no prosperaría. Es así como llegamos a la difícil coyuntura actual. Dentro de este contexto será importante mantenernos atentos sobre lo que evolucione ante la decisión del propio Consejo Universitario para que este 15 de mayo, en el auditorio Emiliano Zapata de la institución, se lleve a cabo un encuentro entre los tres poderes estatales, los líderes de todos los partidos políticos y cualquier número de representantes de los tres órdenes de gobierno a fin de sostener un diálogo público donde se analice la estrategia de seguridad pública en Morelos y se encuentren soluciones mediante un gran acuerdo. A ver.
4.- Tal como lo acordó el Consejo Universitario la tarde del lunes, ayer se llevó a cabo una segunda marcha de integrantes de la comunidad universitaria. El contingente, que evidentemente patentizó el nivel de indignación existente en la UAEM tras los asesinatos de Alejandro Chao Barona y su esposa Sara Rebolledo, pero también debido al recurrente contexto de seguridad a nivel estatal, hizo una parada frente al Congreso local, donde catedráticos y alumnos se dieron vuelo no solo manifestando a gritos su coraje por el artero crimen del lunes anterior en Cuernavaca, sino también haciendo patente que la actual legislatura no es precisamente un dechado de virtudes a los ojos de la sociedad. Los gritos de los universitarios clamando ¡justicia, justicia! se trocaron por momento en ¡Rateros, rateros! y ¡Estos son, estos son, los que _ingan la nación! La vanguardia de la columna de marchistas hizo parada en la calle de Matamoros frente al Palacio Legislativo, donde el grupo encabezado por el rector Alejandro Vera y Javier Sicilia, también miembro de la comunidad universitaria, dio lectura al acuerdo aprobado el martes por el Consejo Universitario mediante el que emplaza a las autoridades de los tres poderes a una reunión el jueves en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa, para hablar sobre seguridad. Esa lectura se hizo frente a un grupo de diputados que salieron a atender al contingente, entre ellos el presidente de la mesa directiva, Juan Ángel Flores, y los coordinadores parlamentarios del PAN, el PVEM y Nueva Alianza. Cuando los legisladores amagaron con usar el altavoz para dirigirse a los manifestantes, fueron acallados por el grito de ¡No más discursos, queremos soluciones! A nombre del Congreso, Flores Bustamante anunció que el Poder Legislativo participará en el encuentro del 15 de mayo. A ver.
5.- Cambiando de frecuencia diré que el Congreso se lanzó de lleno en contra del IMSS acusando que en sus servicios falta la calidad y calidez de que por años ha presumido la institución. Los diputados aprobaron un punto de acuerdo que fue leído en la tribuna parlamentaria por el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Isaac Pimentel Rivas, pero tuvo el aval de todos los coordinadores parlamentarios y además fue aprobado por unanimidad. Las quejas han llegado con insistencia ante los legisladores, que ahora se han decidido a intervenir.
6.- Se esperaba que fuera una propuesta del PRI, pero finalmente fue el único diputado del PSD, Roberto Yáñez Moreno, quien presentó ayer la iniciativa para otorgar una pensión vitalicia de entre el 80 y el 100 por ciento de su ingreso actual, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que tengan al menos seis años en ese cargo y otros 14 antes como carrera judicial. Otro beneficio es que esa pensión se incrementará en la misma medida en que se aumente el ingreso de los magistrados en activo. Como se trata de dinero del pueblo, esa masa amorfa que nunca se queja y a la que nadie importa, el argumento del iniciador fue reconocer el enorme bien que los magistrados le han hecho a Morelos, a México, a América y al planeta Tierra, o algo así. Finalmente el argumento resulta intrascendente frente a lo que parece una decisión ya tomada por los legisladores, pues aunque la iniciativa pasó a manos de los diputados Lucía Meza Guzmán y Matías Nazario Morales, como presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, nadie apuesta a que será desechada.