Tocante a dichas entidades la agencia replicó lo que todos conocemos: cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) respecto a la incidencia delictiva general de cada estado y los delitos que se cometen aplicando la tasa por cada 100 mil habitantes. CNN hizo la siguiente pregunta: ¿Debe repetirse el “operativo Michoacán”? Dejó que Vidal Romero, catedrático del ITAM, diera la respuesta e indicó que Michoacán enfrenta una situación extrema debido a que los grupos criminales y las autodefensas sustituyeron al Estado. “De ahí que el gobierno federal optara por desplegar cientos de elementos federales, además de inyectar recursos económicos y nombrar a Alfredo Castillo como comisionado especial para la entidad”, consideró.
2.- He aquí lo interesante para nosotros dentro de la coyuntura actual. Vidal Romero señaló que la situación en otros estados “eventualmente” puede ser igual de peligrosa que la de Michoacán, pero son los propios gobiernos estatales quienes deben pedir ayuda del gobierno federal. Recordó que en febrero pasado el entonces titular del SNSP –y hoy encargado de la Comisión Nacional de Seguridad–, Monte Alejandro Rubido, explicó que se había implementado un operativo federal en Michoacán porque era “el punto focal” de la delincuencia en el país. Otro punto evaluado para iniciar los operativos, según Rubido, fue que en Michoacán ocurrió un fenómeno criminal “muy sui géneris”, no observado en otra entidad: los grupos criminales La Familia Michoacana y a la postre Los Caballeros Templarios habían logrado un gran sustento social. Es decir, la gente llegó a apoyarlos en algún punto después de que los criminales aplicaran una especie de adoctrinamiento donde se presentaron como redentores en la entidad y un mal necesario para echar a Los Zetas de la zona.
3.- Por su parte, Alejandro Hope, experto en tópicos de seguridad nacional y seguridad pública, declaró que es necesario cambiar la “lógica perversa” de las intervenciones federales porque hacen que los gobiernos estatales no tengan incentivos para mejorar sus policías y su sistema local de justicia. “Ha habido operativo federal en Tamaulipas desde hace siete años. Lo que se requiere es cambiar los términos de una intervención federal”, comentó. El operativo no le cuesta a los estados, y si algo sale mal es culpa del gobierno federal, dijo Hope. “Si nosotros pidiéramos un comisionado especial para Guerrero, uno para Morelos, uno para Tamaulipas y uno para el Estado de México no nos alcanzaría el dinero, ni tampoco los recursos… No podemos pedirle a la federación que sea totalmente subsidiaria”, coincidió Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
4.- Otra entidad en la que se lleva a cabo un operativo federal es el Estado de México. Desde el 31 de marzo pasado, a petición del mandatario Eruviel Ávila, el gobierno federal reforzó su presencia en territorio mexiquense y se anunció que se duplicaría la presencia de fuerzas federales, además de aumentar su despliegue coordinado con las policías locales. Pero a diferencia de Michoacán no se nombró un comisionado especial ni se han anunciado recursos económicos adicionales para apoyar su labor contra la inseguridad. Hasta aquí el importante análisis de CNN-México y sus especialistas. En base a todo lo anterior puedo concluir que la intervención federal en Morelos tal como la propugnan algunos opositores al gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu no va a prosperar. Anteayer mismo el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, convalidó las acciones que en la materia está llevando a cabo la administración estatal en materia de seguridad pública y dijo estar informado respecto a todo lo ocurrido recientemente en esta entidad. Lo advertí hace muchos meses: los de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, al haber partidizado y politizado sus métodos, recibirían un tratamiento igual, de carácter político. Es decir, nada. Su causa, sin embargo, no se compara con la que ya inició la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Habremos de estar atentos al encuentro convocado por el Consejo Universitario para el próximo 15 de mayo en el Auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa.
5.- Como colofón del mismo tema agregaré que algunas variantes del “modelo Michoacán” empezarán a regir en Tamaulipas, pero no como sucede en la entidad gobernada por Fausto Vallejo. El columnista José Ureña, del Diario 24 Horas, informó ayer que bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación el modelo policial tendrá algunas variantes, siendo la principal de ellas la regionalización. “Y es que el norte es distinto a Michoacán, un estado comparativamente compacto donde la violencia está focalizada en una parte de su territorio, la llamada Tierra Caliente, donde sentaron sus reales La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, así como Servando Gómez Martínez (La Tuta) y sus secuaces. En Tamaulipas hay mucho más: agricultura, ganadería, industria petrolera, puertos, paso de droga a Estados Unidos, migrantes… Cada región tiene su actividad y sus conflictos. Más de 80 mil kilómetros cuadrados dan para todo, pero también dificultan la eficiencia en la vigilancia. Por ello se sectorizará. Habrá mandos policiacos con plenos poderes en los principales lugares -con sedes en Tampico-Madero al sur, Ciudad Victoria al centro y Matamoros-Reynosa-Nuevo Laredo en la frontera- y supervisión directa desde la capital del país (…) La nueva estrategia es es revisada personalmente por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Egidio Torre Cantú”. Lo máximo que veo venir en Morelos, estimados lectores, es mayor eficacia a través de las Bases de Operaciones Mixtas que ya existen en Morelos y tienen a la Sedena como vértice. A ver. Como dice mi amigo Mario Rojas Alba: “La mayoría de los ciudadanos no queremos a Morelos bajo estado de sitio, toques de queda, retenes, en suma, un estado militarizado”. A ver.
6.- Cambiemos de frecuencia. A propósito del temor de los burócratas del Congreso morelense ante la fragilidad del viejo edificio en que laboran cotidianamente, de lo que ayer les comentaba aquí, el diputado Jordi Messeguer Gally reveló que en el recinto parlamentario se carece de protocolos de seguridad, lo que implica que ante un desastre o conflagración cada ser humano actuará como mejor le parezca y eso puede ser en perjuicio de su propia seguridad o la de otros, porque los diputados, en su calidad de patrones, incumplen con tareas para brindarles la seguridad a la que están obligados. Si se tratara de un establecimiento comercial seguramente el Congreso ya habría sido clausurado o Protección Civil hubiera obligado a la realización de diversas obras y acciones de seguridad y protección civil. Pero lamentablemente eso no ha ocurrido en este caso.