Es en este contexto donde los poderes Ejecutivo y Judicial decidieron no acudir al encuentro organizado para este jueves por la UAEM, en el Auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa, donde teóricamente se analizará la estrategia de seguridad pública implementada por la actual administración desde el 1 de octubre de 2012. A estas alturas del juego nadie se traga el garlito de que las más altas autoridades universitarias están actuando de muy buena fe. No, porque el foro ya está siendo capitalizado por los detractores del titular del Poder Ejecutivo en aras de agredirlo. El rector Alejandro Vera Jiménez confirmó ayer que los poderes Ejecutivo y Judicial anunciaron su decisión de no asistir al evento; y tampoco lo hará el Legislativo como tal, aunque sí estarán a título personal, bajo su propio riesgo y quizá temiendo que les llamen la atención desde cierta oficina poderosa, algunos diputados de las fuerzas políticas con representación en el Congreso local. Tal postura permite advertir que será contrastante la forma como el Congreso responderá a la convocatoria de Palacio de Gobierno, también para el diálogo, y casi puede uno imaginar quiénes ya practican genuflexiones para tal ocasión.
2.- Y es que el diálogo por la seguridad en Morelos tiene esta semana un parto difícil porque los diversos actores políticos se encuentran entrampados en su orgullo y vanidad, en sus intereses políticos y económicos facciosos, amén de que pelean la paternidad del producto hoy concebido como la panacea de todos los males, mientras la sociedad vive atemorizada por los recurrentes homicidios, la extorsión, el secuestro y el nuevo auge del robo a casa-habitación, problemática incluso admitida por altos mandos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Hasta el momento de redactar la presente columna, los parlamentarios morelenses discutían en privado si deben o no deben ir a dialogar, evidenciando que aún no tienen claro que el diálogo y su consecuencia –los acuerdos- son la esencia del trabajo para el que los eligió nuestra sociedad. Los diputados se autodefinen como representantes populares, pero quizás piensan que lo deben ser solo para la foto, para estampar su firma en los jugosos cheques de dietas económicas y para dar a los pobres caridad en forma de juguetes del día del niño o rebanadas de pastel del día de las madres. Ojalá los diputados participen en los diálogos y demuestren que están al nivel de las autoridades que los morelenses reclaman para enfrentar el bache actual de la seguridad pública. A ver.
3.- El líder de la bancada panista, Javier Bolaños Aguilar, anunció que en la sesión de este miércoles solicitará que el Congreso llame a comparecer al comisionado de Seguridad Pública, Jesús Capella Ibarra, quien en entrevista con un diario de circulación nacional sugirió que hay un diputado y un senador involucrados con la delincuencia organizada. Capella nunca dio los nombres, pero es fácil inferir, de acuerdo a la vox populi, que se trata del diputado petista Alfonso Miranda Gallegos y el senador Fidel Demédicis Hidalgo, muchas veces vinculados, mediante las mismas especulaciones, con “gente extraña”. Empero, el propósito de Bolaños Aguilar es emplear un espacio para la camorra tal como lo consiguió el 9 de mayo de 2013, cuando propinó tremenda felpa a la entonces secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, quien días atrás comentó que algunos diputados locales le habían exigido favores al margen de la ley. Las preguntas que le haría Bolaños al ahora súper conocido tijuanense -en caso de ser aprobada su comparecencia- son las mismas del año pasado. La postura del panista a favor de que “se aclaren” los señalamientos de Capella ha sido respaldada someramente por los diputados Juan Ángel Flores e Isaac Pimentel, pero no hay un coro de exigencias como ocurrió en aquella ocasión. Me parece que el punto de acuerdo para exigir la presencia de Capella en el Congreso no prosperará y las izquierdas utilizarán su mayoría para evitar que el comisionado Estatal de Seguridad Pública se convierta en “sparring” de Bolaños y quien se le sume. Hace un año lo hizo José Manuel Agüero Tovar, quien demostró ser un fiel títere del legislador blanquiazul.
4.- María Emilia Acosta Urdapilleta, María Leticia Agüero, Patricia Soledad Aguirre Galván, Marco Antonio Alvear Sánchez, María del Carmen Aquino Celis, Guadalupe Delfina Arredondo García, Guillermo Arroyo Cruz, Rubén Alberto Basurto Ramírez, Roberto Becerra López y Jesús Becerril Cedeño. Ellos forman el grupo de profesionales del derecho que fueron convocados para la primera sesión de pasarela ante los coordinadores parlamentarios, en el marco del trompicado proceso de selección de dos nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cuya titular, Nadia Luz Lara Chávez, deberá nombrar suplentes de Virginia Popoca González y Ezequiel Honorato Valdez a partir del 17 de mayo y hasta el 4 de junio. La pasarela fue ante la Junta Política y de Gobierno y su presidente, el priísta Isaac Pimentel Rivas, afirmó que el listado de 46 abogados que aspiran al cargo de magistrado, es rico en experiencia y preparación académica. Las entrevistas permitirán confirmar que se ajustan al perfil tal y como se deduce de sus impresionantes currículos. En lo personal les sugiero, amables lectores, no perder de vista a las magistradas Guillermina Jiménez Serafín y María del Carmen Aquino, aunque ésta última podría relevar de nuevo a Antonio Tallabs a partir del 20 de mayo como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura. Y por igual, sigan al magistrado del TUJA, Jorge Mario Gamboa Olea.
5.- La Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del Congreso local, presidida por Roberto Yáñez Moreno, realizó ayer un foro de análisis sobre la nueva Ley de Tránsito para el Estado. Entre otros elementos destacó un supuesto estudio que contempla la evaluación de 70 variables distribuidas en siete indicadores clave de la seguridad vial: velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, uso del cinturón de seguridad, uso de teléfonos celulares mientras se conduce, sistemas de retención infantil, uso del casco por motociclistas y conductas de riesgo por peatones, entre las principales. Bien por la idea que impulsa Yáñez Moreno, pero hoy anticiparé que muy pronto veremos invalidada la Ley General del Transporte del Estado, promulgada apenas en marzo. Simple y llanamente fue una pifia legislativa, pues el ordenamiento no sirve para los fines de la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Manuel Santiago Quijano. ¡Cuánto dinero desperdiciado en el Congreso de Morelos!