Dicho consorcio, presidido por Juan L. Kaye López (quien presuntamente es un icono en la arquitectura nacional), presume en su portal de internet dichas obras -mostrando espléndidas fotografías-, pero no dice nada respecto a las afectaciones causadas por el incumplimiento en los programas de construcción. Lo que la SCT presupuestó de inversión en el caso del distribuidor vial Palmira ascendió a 123 millones de pesos, cifra que al cabo de los años rebasó los 200 millones de pesos. Y tocante al caso del puente Apatlaco se suponía que costaría 300 millones de pesos (100 de la SCT y 200 del sector privado), pero se calcula que el despilfarro llegó ya a 400 millones de pesos. Sin embargo, en ambos proyectos no pasa nada, lo cual se explica con el hecho de que Infratec fue uno de varios grupos favorecidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir: ha deambulado bajo el manto del encubrimiento.
2.- Donde se para Infratec siembra y cosecha problemas. En octubre de 2000 la compañía fue demandada penalmente por el Ayuntamiento de Ciudad Neza (Estado de México), debido a que durante la edificación de un centro tutelar para menores rompió la red de agua potable dejando sin el vital líquido a 150 mil personas. El 10 de octubre de 2008 las autoridades municipales de San Juan Nuevo Parangaricutiro (Michoacán) acusaron a Infratec de un grave retraso en el asfaltado de la carretera Uruapan-Nuevo San Juan. En diciembre de 2010 vino a Cuernavaca Juan L. Kaye López, mintiendo sobre la construcción de un viaducto elevado en la avenida Plan de Ayala. Allá y entonces informó que la SCT tenía programada la inversión de 50 millones de pesos. Pero no pasó nada. A comienzos de la administración graquista, en enero de 2013, el gobernador reconoció que el distribuidor vial Palmira llevaba año y medio de retraso, con más del 50 por ciento del presupuesto pagado. Esta vialidad se pactó desde 2009, imagine usted, amable lector.
3.- Cambiemos de frecuencia. Anoten ustedes el nombre del arquitecto Adrián Inda Valencia, quien actualmente es vicepresidente de la Canacintra-Morelos, como posible relevo de Alejandro Escobar Botello -a finales de año- en la presidencia de dicha organización. Esta persona forma parte del sector construcción de la Canacintra y ha destacado en los clubes rotarios de Morelos, pero sobre todo después del violento asalto al restaurante “El Secreto” (perpetrado el 3 de marzo del presente año), cuando se realizaba ahí una sesión del Club Rotario Jardines de Cuernavaca. El 19 de marzo, junto con rotarios afectados, Ida Valencia entregó un oficio dirigido al Ejecutivo de Morelos firmado por el gobernador rotario del distrito que abarca los estados de Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, Alejandro Dávila Valdés, desde luego condenando el atraco. Si ustedes vieron el video del asalto por la televisión nacional, seguro observaron a un niño durmiendo plácidamente en un sillón colocado frente a la caja del restaurante. Es hijo de Adrián Inda Valencia. Y en breve volverá a la escena pública durante una reunión estatal de agrupaciones civiles con representantes de fuerzas federales, estatales y locales en materia de seguridad pública, dando a conocer un programa de Vecino Vigilante. A ver.
4.- Como lo señalé ayer, el de la comparecencia del comisionado Jesús Capella Ibarra fue uno de los temas abordados por los coordinadores parlamentarios durante la sesión de ayer de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, pero hasta entrada la tarde aún no había definición sobre el día y la hora en que esperan al funcionario, si será ante algunas comisiones o, como fue el acuerdo que aprobaron los diputados, ante el Pleno. Es probable que los líderes de las bancadas estuvieran esperando a tocar el asunto durante la reunión nocturna que ayer tenían programada con el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, aunque ésta tenía oficialmente el propósito de charlar sobre la convocatoria del mandatario al Diálogo por Morelos. El presidente de la Junta, Isaac Pimentel Rivas, indicó que al menos su bancada acudirá con el ánimo de no ser obstáculo a las acciones que se promuevan a favor de la seguridad, en un discurso similar al que mantiene el grupo parlamentario panista que lidera Javier Bolaños Aguilar.
5.- Diputados, representantes del SNTE y autoridades del IEBEM y el gobierno estatal, iniciaron ayer el análisis de la iniciativa recién enviada por el Ejecutivo con relación a la Reforma Educativa en el ámbito local y que es considerada como una contrarreforma, debido a que pretende dar marcha atrás al respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación. La reunión se dio en las oficinas de la Junta Política y de Gobierno y estuvo enmarcada en una sesión de la Comisión de Educación y Cultura, con participación del presidente de ésta, Alfonso Miranda Gallegos, y la diputada vocal Griselda Rodríguez Gutiérrez, además de Isaac Pimentel Rivas, Erika Hernández Gordillo y Fernando Guadarrama Figueroa, mientras que por las autoridades acudieron Marina Aragón y Fernando Pacheco. La petición primera de los sindicalistas para los diputados es en el sentido de no tomar una decisión sobre las rodillas y, por supuesto, desechar cualquier propuesta que afecte a los trabajadores del magisterio. Aunque por muchas razones se puede pensar que tal iniciativa no prosperará, se trata por ahora del inicio de un proceso que se podría prolongar un par de meses. A ver.
5.- Derivado de la interposición del juicio de amparo número 1163/2014-D, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, se determinó no conceder la suspensión de los actos reclamados a los magistrados María del Carmen Verónica Cuevas, López, Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Miguel Ángel Falcón Vega, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Manuel Díaz Carbajal. El juez de distrito estimó como improcedente la suspensión atendiendo a que con el otorgamiento de la suspensión indudablemente se afectaría la debida integración y correcto funcionamiento del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al pretender que la magistrada presidenta recién elegida para el nuevo periodo del 18 de mayo de 2014, al 17 de mayo de 2016, no ejerza las actividades que le competen como representante de uno de los poderes que conforman el Estado, con lo que indefectiblemente se propiciaría incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio de la colectividad y en particular de los justiciables, porque en esas condiciones podría entorpecerse el debido servicio de impartición de justicia. Sopas.