Ayer trascendió que Morelos también es el objetivo de un recurso del gobierno federal (vía controversia constitucional), mediante el cual se busca enmendar la plana a esta y otras entidades donde se tomaron decisiones que la administración del presidente Enrique Peña Nieto considera equivocadas. Esas determinaciones se asumieron en el ánimo de no confrontar a los respectivos gobiernos estatales con el gremio de los maestros, tal como ya ocurrió en algunas entidades federativas.
2.- Con el propósito de deshacer ese entuerto, el gobierno graquista envió al Congreso una iniciativa de contrarreforma hace 15 días y este martes la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, acudió al recinto parlamentario de Matamoros para pedir encarecidamente a los diputados que no dejen el documento en su alterón de pendientes. Por el momento el panista Javier Bolaños ya aquilató la dimensión del recurso del gobierno federal y al menos dijo algo así como “déjenme ver”. El delicado asunto fue abordado antenoche por el gobernador y los coordinadores parlamentarios que integran la Junta Política y de Gobierno del Congreso, presidida por el priísta Isaac Pimentel Rivas, surgiendo fuertes diferendos entre las dos partes (el fondo del conflicto es ciento por ciento económico). El escenario: la Casa de Gobierno, donde además surgieron compromisos del Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el Diálogo por Morelos, cuyas conclusiones deberán aterrizar en la multicitada soberanía popular a más tardar en julio venidero, justo cuando la administración de Graco Ramírez estará absorta en la elaboración del Proyecto de Egresos y Ley de Ingresos 2015, documentos que deberán ser entregados al Congreso en septiembre próximo. Todos los aspectos abarcados por dicho Diálogo aterrizarán en lo que pronto conoceremos como “presupuesto participativo para la seguridad y la justicia de Morelos”. El 19 de junio próximo, muy seguramente en el Centro de Convenciones de Xochitepec, se llevarán a cabo las mesas temáticas propuestas por el gobierno estatal y la plenaria definitiva. A ver.
3.- Por cierto que el panista Bolaños, quien puede presumir del equipo más productivo en el Congreso local, entregó ayer una iniciativa para incentivar la presentación de denuncias ciudadanas que permitan combatir el crimen y la inseguridad pública, en dos vertientes. Por un lado, vía una instancia que dependería de la Fiscalía General, propone pagar recompensas a quienes denuncien la comisión de delitos. Y por otro, tipificar como delito la revelación de la identidad de quien haga una denuncia de carácter anónimo, por parte de servidores públicos, en protección de la vida de quien se atreva a descubrir a los malosos; la pena sería de 10 a 20 años de prisión. A simple vista la idea parece buena, aunque para ponerla en práctica se debe luchar con la creencia social de que los buenos y los malos son uno y la misma cosa, de que las corporaciones aún siguen infiltradas por la delincuencia y que, por tanto, presentar hoy una denuncia anónima implica riesgos para la propia integridad física. Pero por algo se debe comenzar.
4.- La coordinadora de los legisladores perredistas, Lucía Meza Guzmán, presentó una cuarta propuesta para definir el haber de retiro de los magistrados del Poder Judicial. Por un lado les da la opción de obtener una pensión vitalicia no heredable a quienes tengan antigüedad suficiente para ello, contándoles los años que sean magistrados, y por otro a obtener un haber de retiro cuyo monto no precisó pero sí dijo que no debe ser un gasto excesivo para el Poder Judicial. Meza además preside la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, que junto con la de Justicia y Derechos Humanos encabezada por el priísta Matías Nazario Morales, será la encargada de emitir el dictamen sobre el famoso haber de retiro, el cual se basará también en la propuesta de los propios magistrados, la del diputado Roberto Yáñez Moreno (del PSD), y la de la priísta Rosalina Mazari Espín. El dictamen sería presentado la próxima semana.
5.- Los coordinadores parlamentarios han caído en la cuenta de que se quedaron sin materia para hacer comparecer ante el Pleno al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra. A algunos les apena decirlo, pero de acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Juan Ángel Flores Bustamante, la duda que motivó el acuerdo de comparecencia ha quedado resuelta con declaraciones públicas del funcionario estatal respecto a qué diputado local, vinculado al crimen organizado, se refirió durante una entrevista al diario “El Universal”. Sin ambages, el funcionario manifestó que se trataba del diputado petista Alfonso Miranda Gallegos, ex presidente municipal de Amacuzac. Y aunque hay interés porque Capella explique otros temas sobre la seguridad estatal, ello derivaría de un nuevo acuerdo parlamentario. Conclusión: hizo agua la mentada comparecencia.
6.- Y al diputado bravucón Alfonso Miranda Gallegos no le ha quedado más que decir: “Si Capella me comprueba algún delito mediante las averiguaciones previas que dice están abiertas sobre mi persona en la Fiscalía General del Estado, yo seré el primero en solicitar licencia. Pero si no lo hace voy a pedir su cabeza”. Esta última expresión, obviamente, provocó escalofríos entre quienes lo escucharon. Empero, esas poses teatrales siempre son asumidas por funcionarios públicos y políticos involucrados en acciones ilegales. Sería preferible que Miranda Gallegos solicitara licencia para dejar temporalmente su plaza de diputado local y se ponga a disposición de la Fiscalía General, tal como lo hizo la senadora michoacana Iris Vianey Mendoza para aclarar ante la PGR los infundios que la vinculaban al crimen organizado en la entidad gobernada por Fausto Vallejo. Y en más de Capella, pero también con relación al municipio de Amacuzac, cuyo ayuntamiento estuvo a cargo de Miranda Gallegos en el trienio anterior, el comisionado declaró ayer que a lo largo y ancho de Morelos encontró un escenario desastroso, con policías que en algunas corporaciones recibían cuotas diarias de hasta 150 mil pesos provenientes de bandas criminales. “Corporaciones completas trabajando para la delincuencia, por ejemplo en Amacuzac, donde tuvimos que remover prácticamente al 100 por ciento de elementos”. Esto lo señaló en entrevista con José Cárdenas en Telefórmula.