Tocante a EPN, al comienzo de su sexenio consiguió que la estrategia formara parte del Pacto por México y para nadie es un secreto que el gobierno federal está cabildeando con las cámaras de Diputados y Senadores una iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional a fin de implantar el modelo a lo largo y ancho del país con el involucramiento directo de la Federación en el ámbito estatal. Y así lo refrendó este jueves el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, al comparecer ante miembros de las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación del Senado, donde rindió su primer informe trimestral sobre la incidencia delictiva nacional y los programas impulsados por Peña Nieto para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia común.
2.- El Mando Único Estatal va. El gobierno federal propugna la homologación de los cuerpos policíacos para que al final del sexenio nuestro país cuente con instituciones sólidas en cada entidad federativa. Así las cosas, Osorio precisó que en el próximo periodo ordinario presentará al Senado una iniciativa para crear el Mando Único en todo el país y que tendrá ya el consenso de la mayoría de los municipios, a fin de que no se politice y no fracase la propuesta, como ocurrió en el gobierno pasado. Enalteció el respaldo otorgado a la iniciativa por 29 gobernadores mexicanos, pues “no queremos ver de manera permanente al Ejército Mexicano o a la Marina en las calles o en apoyo a los estados”. Aquí recordaré que el sistema policial del Mando Único ya opera en la mayoría de municipios morelenses, prevaleciendo el interés del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu por armonizar el sistema con los proyectos del gobierno federal en la materia. Empero, hay zonas de Morelos donde, bajo cualquier pretexto, es rechazado el Mando Único, verbigracia Cuautla. La “Coordinadora Ciudadana” de aquella localidad programó una marcha el 29 de mayo en protesta por los que considera abusos del Mando Único. ¿Quién o quiénes mueven realmente la cuna con esa expresión de inconformidad? ¿Acaso la delincuencia institucionalizada? A ver.
3.- Simultáneamente con la presencia de Osorio Chong en el Senado trascendió el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014, con cifras actualizadas al mes de abril pasado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese documento pondera el hecho de que el secuestro descendió 7.1 por ciento en el país entre marzo y abril. De acuerdo con el informe, los estados de Michoacán y México reportan los descensos más significativos en el número de víctimas por secuestros. Durante marzo Michoacán reportó 27 víctimas de secuestro, los que descendieron para el mes siguiente a 15 casos; mientras que el Estado de México pasó de 13 a nueve víctimas entre marzo y abril del presente año. Durango pasó de siete a una víctima de secuestro en el mismo periodo, y Tabasco de 12 a ocho, precisa el informe. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Querétaro y Yucatán no han registrado casos en 2014. Infortunadamente, Morelos no puede presumir todavía la disminución del flagelo, pues en lo que va del presente año se han cometido 54 secuestros: 12 en enero, 15 en febrero, 12 en marzo y 15 en abril. En su comparecencia, Osorio Chong fue cuestionado al respecto por el senador morelense Fidel Demédicis Hidalgo, a quien le informó que el gobierno federal está trabajando de manera coordinada con la administración de Graco Ramírez y que en breve comenzará a regir una nueva “agencia” antisecuestros adscrita a la Fiscalía General del Estado. “Nos preocupa y ocupa la situación de Morelos en ese tema, pero estamos trabajando con el gobernador para devolverle al estado la tranquilidad de antaño”, agregó el secretario de Gobernación. A ver.
4.- Cambiemos de frecuencia. El caso del asesinato de la tesorera de Tlalnepantla, Jenny Sánchez, escala conforme pasan los días, pero no sólo en el terreno policiaco, sino también el político, y la próxima semana podría llegar a la caja de resonancia del Congreso local. El miércoles por la tarde hubo una acalorada reunión en aquel municipio con la participación de autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y líderes de la comunidad, entre ellos de manera destacada el que hace algunos años fuera delegado de la Sedesol y que es importante productor de la región, Álvaro Urreta Fernández. Se pidió la salida del alcalde Fausto Rubio Pillado, cuyo nombre se menciona en versiones confusas que hablan de amenazas en contra de la funcionaria asesinada, y que son investigadas por la autoridad correspondiente. De este tema, el diputado Matías Nazario Morales advirtió que contribuye al clima de desconfianza social respecto de la seguridad pública y que ésta debe partir de fortalecer el tejido social de la entidad en general y de cada municipio en particular.
5.- Durante la sesión ordinaria pasada del Congreso local tuvo sus primeros efectos prácticos la decisión tomada el martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a invalidar diversos artículos de la Ley del Servicio Civil estatal, mediante los que los poderes Ejecutivo y Legislativo otorgaban pensiones por jubilación o cesantía en edad avanzada a funcionarios que ya no trabajaban para ellos o que un ayuntamiento debiera pagar la pensión de un trabajador que trabajó ahí en la última parte de su vida activa, aunque la mayor parte de sus años de servicio los haya realizado en otras instancias o niveles de gobierno. Lo que sucedió el miércoles en el recinto legislativo atendió a una solicitud de la diputada Lucía Meza Guzmán, avalada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos como único representante en la Asamblea, en ese momento, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y consistió en no someter a votación dictámenes de pensiones que estaban enlistados para segunda lectura, discusión y votación, hasta en tanto los diputados no tengan claros los alcances de la decisión de la Corte. A quienes se quedaron a un tris de que su jubilación fuera aprobada debe haberles dado el telele.
6.- Sin el respaldo de una bancada legislativa, el diputado Manuel Martínez Garrigós parece luchar contra molinos de viento cuando usa la tribuna para combatir al auditor Superior de Fiscalización, a quien ha convertido en un enemigo personal a partir de que el Congreso hizo la declaratoria de un informe de resultados de auditorías del 2010 del ayuntamiento de Cuernavaca, en las que se pide resarcir una millonada a los responsables del ayuntamiento, en esa época encabezado por el propio Garrigós. Así, la semana anterior Manuel propuso un acuerdo para destituir de su cargo al auditor y el miércoles pasado volvió a la carga con un abultado expediente para acusar a Luis Manuel González Velázquez de que ocupa su cargo de manera indebida porque, entre otras cosas, es militante de un partido político, el PRI, donde ocupa cargos representativos en órganos colegiados de decisión y del que además ya fue su dirigente estatal. “El Chueco” está amparado para que no lo puedan cesar, pero esta historia tendrá más episodios en los próximos días.