Por eso hizo un llamado a los ayuntamientos para que, a la brevedad, firmasen convenios de colaboración con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y establecieran una ventanilla única de atención a la ciudadanía. Así lo expresó ese día al encabezar la primera sesión ordinaria del CEMER, en la que también se firmó un convenio de colaboración con el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Virgilio Andrade Martínez. El mandatario destacó que la importancia de ese convenio radicaba en que nuestra entidad “tiene la posibilidad de atender con eficiencia y eficacia las posibilidades de negocios que, de concretarse, generarán empleo y aumentarán la competitividad del estado”. “Esta enfermedad de los trámites y la lentitud desalienta a quien desea invertir y nos resta competitividad, así como posibilidades de desarrollo”, expresó el gobernador.
2.- Efectivamente: según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el total de trámites del marco regulatorio se incrementó 270 por ciento, al pasar de mil 126 en el año 2000 a tres mil 34 en 2009. Para evitar tan perjudicial tendencia no quedaba más que simplificar y reducir la tramitología gubernamental. Debían eliminarse las prácticas monopólicas, estimular la flexibilidad en la asignación de recursos y tener un marco regulatorio transparente y simplificado para fortalecer la competitividad nacional y regional. Sin embargo, el problema sigue igual: durante el último lustro las administraciones estatales y municipales vieron crecer el número de procedimientos administrativos que deben realizar los ciudadanos ante instancias oficiales, mismo que pasó de mil 783 a 3 mil 387, de acuerdo con el Registro Federal de Trámites y Servicios. Pero adicionalmente la Secretaría de la Función Pública tiene registrados 884 trámites oficiales más, con lo que la cifra total casi alcanza los 4 mil 300. Etcétera.
3.- Doing Business es una certificadora adscrita al Banco Mundial que estudia las regulaciones empresariales desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Anteayer difundió su más reciente estudio aplicado a México, a partir de cuatro áreas de regulación: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. Por segunda vez consecutiva, según dicha institución, es más fácil hacer negocios en Colima, Aguascalientes y Guanajuato, mientras que entre las peores zonas se encuentran el Distrito Federal, Guerrero, Baja California Sur y, acertó usted, Morelos. Nuestra entidad se ubicó en el penúltimo sitio del ranking nacional elaborado por Doing Business. Y aunque en Morelos se han dado pequeñas pinceladas de mejoramiento en cuanto a la expedición de licencias de construcción, el problema casi es el mismo que en 2012.
4.- Tocante al registro de la propiedad, Doing Business señala que los principales componentes del costo de este servicio son el impuesto de traslado de dominio municipal, la inscripción, los honorarios del notario y el avalúo. En Aguascalientes esto llega a un total de 1.7% del valor de la propiedad, mientras que en Morelos alcanza el 6.2% porque la sola inscripción de la escritura en el registro cuesta 1.2% sobre el valor de la propiedad, más un 25% de impuestos adicionales. En resumen: en mejora regulatoria no hemos avanzado. Ello explica que esta zona de la República no sea atractiva para la creación de nuevos negocios. Además, los ilícitos cometidos por servidores públicos constituyen un grave impedimento para el desarrollo de un sistema de gestión urbana responsable y transparente, algo esencial para el uso eficiente y equitativo de los recursos a nivel local. Prevenir la corrupción, a través de la reducción de la tramitología, aumentaría la confianza y la participación de la ciudadanía en todos los programas municipales. En fin.
5.- Dentro de cuatro meses, es decir en la primera semana de octubre, arrancará el proceso electoral constitucional 2015. Los comicios se desarrollarán el primer domingo del año próximo, es decir el 7 de junio. Sin embargo, la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en el artículo noveno transitorio señala que la jornada electoral prevista para el 7 de junio del año 2015 será por única ocasión. Y en este contexto, el mismo ordenamiento indica que para los procesos electorales cuya jornada se realice en 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) deberá desarrollar el proceso de designación de quienes integrarán los consejos generales de los órganos locales. Esto deberá quedar finiquitado a más tardar el 30 de septiembre venidero. Es decir: los actuales integrantes del Instituto Estatal Electoral tienen cuatro meses para preparar su eventual separación del cargo, aunque no se sabe nada a ciencia cierta sobre su posible ratificación. Dentro de este contexto, el INE realizará los nombramientos de manera escalonada en los siguientes términos: a) Tres consejeros que durarán en su encargo tres años; b) Tres consejeros que durarán en su encargo seis años, y c) Un consejero que durará en su encargo siete años. Es previsible, pues, un escenario de tensión entre las fuerzas políticas locales y el Consejo General del INE.
6.- Sin embargo, me parece que quienes hoy conforman el Instituto Estatal Electoral permanecerán en sus cargos allende los comicios de junio de 2015. Me explico. Según el artículo décimo segundo transitorio de la LGIPE las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales, delegadas a los organismos locales, se mantendrán encomendadas hasta en tanto no sean reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General del INE. Es obvio: la primera gran carga de trabajo para el INE descansará sobre las instituciones locales. Faltaba más. Empero, todavía falta por conocerse lo concerniente a los recursos que Hacienda y Crédito Público asigne al INE y tal vez a los órganos locales. Y en el nuevo berenjenal habremos de ver cómo el Senado de la República procede a designar, antes de la primera semana de octubre próximo, a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Esperemos para ver y después diremos. Por lo pronto hay quienes a partir de la semana entrante se colocarán en la zona de arrancadero. Les quedará menos de un año para conseguir rentabilidad electoral.
7.- El diputado Javier Bolaños Aguilar, coordinador de la bancada panista en el Congreso local, puso ayer los puntos sobre las íes al proyecto que el PRD busca cuajar en torno a la Auditoría Superior de Fiscalización. Un solo párrafo de su comunicado, con declaraciones textuales que le adjudica, ilustra los alcances del propósito solaztequista, que estaría contradiciendo con ello su historia formal de lucha a favor de la honestidad, la transparencia, la legalidad y muchas otras aspiraciones: “Lo cierto es que la redacción del artículo 84 de la Constitución, tal como lo propone la iniciativa de la Diputada (Lucía) Meza Guzmán, es un retroceso total a los avances democráticos en materia de fiscalización, pues rompe el principio de autonomía, para regresar a esa institución a un órgano bajo el control y sumisión de los Diputados que integran la Junta Política, pues son quienes designarán a los integrantes del órgano de gobierno, que será la instancia que dirija, supervise y apruebe el trabajo del Auditor y de toda la institución. Por su forma de designación además, se convertirá en un espacio de cuotas de poder para mantener supeditada y a conveniencia la revisión y sanción de las cuentas públicas”. Bolaños desnuda así el eventual uso político de la ASF.