Como se recordará, el pasado 3 de junio, en un paraje de Amacuzac, agentes ministeriales revisaron un camión perteneciente a Miranda Gallegos detectándole irregularidades en el número de serie. Al principio del enredo trascendió que el vehículo tenía reporte de robo. Miranda se apersonó en el lugar de los hechos, donde evitó que el chofer de la unidad (transportadora de fertilizantes) fuera detenido y conducido a la Subprocuraduría de Justicia de la Región Sur. Etcétera. El ex alcalde de Amacuzac me envió ayer algunas líneas, en las cuales indica que hasta el momento no ha sido notificado sobre algún procedimiento en su contra, ni por el Congreso, ni por la Fiscalía General. Acusó a los policías ministeriales de haber pretendido extorsionar a su trabajador y aceptó haber amenazado al fiscal Dorantes con hacerlo comparecer, pues no le ha tomado sus llamadas, ni ha aceptado recibirlo. “Tengo la facultad de hacerlo (citarlo a comparecer)”. El diputado no bajó de sinvergüenzas a los policías de investigación criminal, cosa que es conocida por propios y extraños en la región conocida como “El Norteño”. Añadió que “quien nada debe nada teme” y que el juicio de procedencia solicitado al Congreso por Dorantes para desaforarlo es un circo. Servido.
2.- Vía Inbox a través de mi cuenta de Facebook recibí ayer la siguiente información: “Estimado señor Cinta. Somos trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Temixco, a quienes se nos adeudan tres quincenas y la segunda parte del aguinaldo que debió liquidarse en enero pasado. Aunado a lo anterior, cinco personas provenientes de Taxco, Guerrero, llegaron al Ayuntamiento para ‘tomarlo’, pero ni el presidente ni los regidores hacen nada para frenarlos. Según tenemos entendido, son empresarios a quienes la administración municipal adeuda cantidades millonarias. Respecto al no pago de nuestras quincenas, a pesar de ello nuestros jefes siguen presionándonos con que debemos firmar los recibos por salarios no cobrados”. Y como me pidieron orientación les sugerí que acudieran a la Procuraduría para la Defensa del Trabajo, en la sede de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Servidos.
3.- El “Caso Falcón Vega” amenaza con quedar impune. Luego de que el Congreso local rechazó un juicio de procedencia solicitado en su contra por el fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, éste advirtió que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia podría ser detenido y presentado ante un juez oral por el delito de abuso de autoridad que le fue endilgado por su homólogo Rubén Jasso Díaz. Dorantes sostuvo que ningún servidor público de los tres poderes tiene fuero constitucional en delitos del orden común. Lo anterior, dijo el fiscal general, se fundamenta en el hecho de que el artículo 136 de la Constitución Política local prevé que ni el gobernador, los diputados ni los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen fuero ante delitos del fuero penal, solo poseen inmunidad contra delitos del fuero federal. Sin embargo, yo como Santo Tomás: hasta no ver… la aplicación plena de la ley sobre Falcón Vega, no creeré.
4.- La bancada del PRD salió ayer a dar un golpe de imagen frente a los dimes y diretes del pasado reciente, en los que se les exhibió por acudir a recibir línea a importantísimas instalaciones del Ejecutivo para resolver asuntos relativos al funcionamiento interno del grupo parlamentario y del propio Congreso. Una vez que parece haber quedado claro que será Lucía Meza quien ocupe la presidencia de la Mesa Directiva en representación del PRD –aún ayer se especulaba con que Juan Ángel Flores podría continuar por la falta de acuerdos-, los perredistas salieron en bloque a fortalecer a Arturo Flores Solorio y Teresa Domínguez Rivera como quienes coordinarán la bancada en los próximos dos semestres y en ese orden. El arribo de Flores Solorio a la coordinación partidista es una oportunidad de oro para demostrar si tiene madera para encomiendas superiores y con qué responder en su aspiración de ser presidente municipal de Jiutepec.
5.- Vía correo electrónico recibí la siguiente información. Jaime Arturo Dorantes Salinas era director general del Sistema de Agua Potable de Emiliano Zapata, municipio gobernador por Carlos Martínez Varela, ex tesorero del ayuntamiento en la administración anterior. El pasado 7 de julio fue destituido de su cargo porque simple y llanamente no aceptó los designios de la primera dama del municipio, a saber Catalina Ríos, esposa del ex alcalde Alberto Figueroa Valladares, quien sigue mandando en el ayuntamiento. Dorantes Salinas rechazó (una semana antes de ser cesado) apoyar las aspiraciones del priísta Jesús Peralta, quien buscará ser candidato a alcalde en los comicios de 2015. Me parece que el ahora ex director del sistema operador del agua fue congruente con su ideología, pues milita en el PRD y también buscará la misma candidatura. A ver.
6.- Jorge Schiaffino Isunza, presidente interino del PRI-Morelos, declaró ayer que Ricardo Dorantes Sanmartín no puede ser consejero municipal de ese partido en Cuernavaca porque contendió por el PRD como candidato a un cargo de elección popular. “No es miembro del PRI”, agregó. “Hay una solicitud (de Dorantes Sanmartín) para inscribirse, que habremos de rechazar por falsedad del mismo, al suscribir un documento donde afirma que no ha sido integrante de ningún partido antagónico al PRI; y bajo protesta de decir verdad, que no ha sido candidato ni dirigente, ni ha realizado proselitismo por candidatos diferentes a los de mi partido, el Revolucionario Institucional”. Vaya golpe propinado al señor padre del fiscal general, pues aspira a presidir el PRI estatal.
7.- Resulta que las ternas enviadas por el Ejecutivo para que el Congreso elija a los comisionados de Atención a Víctimas no pasaron la revisión de la CDHEM y de la UAEM, que pusieron el grito en el cielo a través de la presidenta del órgano defensor de los derechos humanos, Lucero Benítez, y del rector Alejandro Vera. Y a querer o no, los diputados se han visto en la necesidad de devolver las ternas a Palacio de Gobierno para que les hagan un ajuste e incluyan el número debido de propuestas que contempla la Ley de Víctimas (hoy letra muerta). El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Matías Nazario Morales, tuvo ayer por la mañana una reunión con Benítez Villaseñor y con Nadxiieli Carranco, funcionaria de la administración graquista encargada de la Ley de Víctimas y sus anexos, y luego de ello salió a decir que los diputados no harán “al vapor” el nombramiento de los comisionados de atención a víctimas. A ver.