Es decir, nada. En este contexto haré la siguiente pregunta: ¿Qué pasara con el juicio de procedencia recientemente solicitado a dicho órgano colegiado por el fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado para conseguir el desafuero de Miranda y someterlo a un juicio oral por supuestos delitos del orden común? La respuesta es simple: deberá desecharse de plano y sin entrar al estudio de los delitos que se le imputan. ¿Por qué tengo tal certeza, amables lectores? Porque el asunto tendrá que resolverse tal como el Congreso lo hizo en el caso del magistrado del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega. Si recuerdan ustedes, la Fiscalía General solicitó juicio de procedencia para Falcón retomando el texto del artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que solo prevé el inicio de separación de magistrados, diputados y otros servidores públicos por delitos federales. Así las cosas, la Junta Política y de Gobierno del Congreso, presidida por Isaac Pimentel Rivas, desechó la petición de Dorantes sin entrar siquiera al estudio de las causas o delitos que se le imputaban.
2.- En consecuencia la Junta no puede resolver de otra forma el caso del diputado Miranda Gallegos, por más actitudes o actividades delincuenciales que haya demostrado o cometido. Lo contrario sería exponerse al descrédito y a la crítica fundada. Empero surge otro cuestionamiento: ¿Qué pasará con Falcón y en su caso con Miranda? ¿Pueden incurrir en delitos comunes y ser impunes? ¿Para eso cambiaron la Ley los diputados? La respuesta es no. Simple y llanamente el fiscal Dorantes no requiere del Congreso para someterlos a juicio penal y debe darles el tratamiento de cualquier ciudadano. Es decir, pedir la orden de aprehensión a un juez, y si este la considera fundada, la obsequiará para que los detenga en cualquier lugar donde se encuentren, excepto dentro del Congreso. Cuando un reportero le hizo ver de esta situación al fiscal Dorantes, este respondió que lo hacía porque había duda o se imponía una interpretación a lo que dice el artículo 40 de la Constitución referida a las facultades del Congreso. Sin embargo, una vez analizado dicho artículo inferimos que no hay oscuridad en las fracciones XLI y XLII. En concreto: no ha lugar a interpretar nada; al contrario, dichas fracciones reiteran que solo se puede implementar la solicitud de separación del cargo por la comisión de delitos federales.
3.- Todo lo antes expuesto nos lleva a la conclusión de que el fiscal se expuso… por segunda ocasión. Es indudable que el Congreso le rechazará su nueva solicitud. E inmersos en el ámbito político, Dorantes deja mal parado al gobierno que representa, con todo y la Consejería y los asesores adscritos a la Secretaría de Gobierno. El escenario, allende la resolución que deberá adoptar la Junta Política y de Gobierno, es pesimista y nos lleva a meditar sobre lo siguiente: ¿Qué pasará si la Fiscalía consigue del juez respectivo una orden de aprehensión contra Miranda Gallegos? Supongamos que el juzgador la otorga y el legislador de marras es llevado a juicio oral. Considerando que los delitos que se le imputan son menores o no graves, el ex alcalde de Amacuzac, en caso de ser vinculado a proceso, saldrá libre mediante fianza. Y como si nada regresará a su trabajo hasta que se desahogue todo el procedimiento donde se le demuestre que es culpable, eso incluye hasta los juzgados federales. En consecuencia la causa podría ser larga (y en el mismo contexto situamos a Falcón Vega). Por el lado del Congreso local, ¿qué sucederá después de que Miranda transite por juzgados bajo la metralla mediática? Simple: el G-13 podría ser, en lo sucesivo, G-14, o al menos cuando haya algo que votar contra el gobierno. Es evidente, señoras y señores, la deficiente operación política entre el Ejecutivo y el Congreso. A ver.
4.- El Congreso local clausuró ayer su segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, con una sesión que incluyó un discurso del presidente de la mesa directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, quien en un balance del trabajo de los parlamentarios destacó los consensos que al final del día quedan como el saldo de la legislatura, más allá de los dimes y diretes. La clausura se programó para la noche, pues antes, a las 17:00 horas, los diputados fueron convocados a continuar la sesión suspendida abruptamente el miércoles anterior por una amenaza de bomba. En la última sesión rindieron protesta los diputados Fernando Guadarrama, Gilberto Villegas, Alfonso Miranda y Roberto Yáñez, como quinto diputado y suplentes de la Diputación Permanente. En la continuación de la sesión pendiente, los legisladores desahogaron una decena de dictámenes sobre solicitudes de crédito para igual número de municipios.
5.- La sesión de ayer marca prácticamente el final del segundo año legislativo, pues a partir del próximo viernes los diputados se van de vacaciones y regresan para dedicarse en agosto a cuestiones ligadas a la organización interna del Congreso. A menos que hayan ocurrido decisiones de última hora, al cierre de esta columna se esperaba que dejaran pendiente la definición de la mesa directiva del Congreso para el año próximo. Hay acuerdo en que PRD y PRI se repartirán el tiempo a razón de seis meses cada uno, pero falta que acepten la repartición de turnos, ya que en ambos casos las bancadas pretenden dirigir la mesa en el primer semestre, lo que ha retrasado los nombramientos y hasta se ha especulado con la posibilidad de un periodo extraordinario, lo que no recuerdo que se haya dado en alguna legislatura anterior. Hasta el momento de redactar la presente columna, Flores Bustamante mantenía firme la convicción de que su relevo durante los próximos seis meses legislativos será su compañera de bancada, Lucía Meza Guzmán.
6.- También fue clausurado ayer el año escolar 2013-2014 y en medio de la fiesta por la culminación de estudios desde preescolar hasta niveles superiores, fueron denunciadas una serie de anomalías que ya están siendo investigadas por las autoridades del IEBEM, por un lado por el cierre anticipado de actividades, es decir 29 casos de escuelas de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec que bajaron las cortinas antes de tiempo, y por otro la indebida exigencia de pagos económicos a los alumnos y padres de familia, como condición para la entrega de documentos. Esto último ha sido una preocupación social en los últimos años y provocó la intervención de los diputados mediante la Ley para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares, un rubro en el que en los últimos meses ha puesto el acento la Comisión de Educación que preside el petista Alfonso Miranda. Esperaremos a ver cómo se atienden estas anomalías.