Aquello fue noticia nacional. Millones de mexicanos lo vieron repetido en el video grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Para entonces el abogado tijuanense Jesús Alberto Capella ya despachaba como encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (semanas después le fue creada ex profeso la Comisión Estatal de Seguridad Pública). El lunes 10 de marzo, en respuesta a lo sucedido y a la exigencia de mayor seguridad para la ciudadanía morelense, el gobernador Graco Ramírez anunció una serie de acciones que, fundamentalmente, se intensificarían en nueve municipios considerados de alta incidencia delictiva, a saber Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec, Huitzilac, Jojutla, Tlaltizapán y Cuautla.
2.- El mandatario agregó que las medidas abarcarían, entre otras cosas, la aplicación de un programa de “tolerancia cero” a la circulación de motocicletas y motonetas sin placas, y un estricto control en los horarios permitidos por la ley para la venta de bebidas alcohólicas. En lo sucesivo los establecimientos que expenden bebidas alchólicas en envase cerrado tendrían como límite de venta las 23:00 horas, en tanto los restaurantes y bares deberían cerrar la barra a las 2:00 horas y sus puertas una hora más tarde. Para el control de motos y motociclistas se exigiría la utilización de chaleco y casco, a los cuales de manera obligada tendría que imprimirse el número de la placa del vehículo. Etcétera. La justificación para aplicar tan drástica medida fue la siguiente y no solo lo acontecido en el restaurante “El Secreto”: desde octubre de 2012 a marzo se habían iniciado más de cinco mil averiguaciones por delitos en los que se involucró la utilización de motocicletas. Es decir, cuatro mil 212 robos, 94 homicidios dolosos y 1 mil 196 casos de narcomenudeo. El gobernante informó, además, que la cantidad de motocicletas y motonetas irregulares alcanzaban la cifra de 13 mil.
3.- Conforme pasaron los días, después de la conferencia de prensa respectiva, hubo protestas de motociclistas que vienen a Morelos o pasan sobre nuestro territorio con fines de esparcimiento. Las autoridades estatales flexibilizaron lo de la “tolerancia cero” para ellos, pero los operativos en contra de los vehículos sospechosos o irregulares, al menos en la zona metropolitana de Cuernavaca, continuaron, a veces con abusos de autoridad cometidos por policías estatales y municipales. La circulación de esos vehículos, pues, se criminalizó. Fue así como llegamos a la víspera, cuando el secretario de Movilidad y Transporte, Manuel Santiago Quijano, declaró que solo el 50 por ciento de 24 mil motocicletas existentes en Morelos ha acudido a regularizar su situación. Esto significa que unas 12 mil unidades siguen circulando como lo hacían antes de la conferencia de prensa del 10 de marzo, lo cual nos revela que la estrategia está fracasando o es objeto de la simulación. Y recientemente, en torno a las mentadas motocicletas, el gobierno de Cuernavaca anunció ayer que no impondrá sanción alguna a los conductores de esos vehículos que incumplan con la obligación de traer impreso el número de la placa en el casco y el chaleco, tal como lo mandata el nuevo Reglamento de Tránsito vigente en nuestra capital a partir de este 7 de agosto, mientras el monto de las sanciones no quede plasmado en la Ley de Ingresos de Cuernavaca. Etcétera. Conclusión: la laxitud y la simulación en su máxima expresión.
4.- Cambiemos de frecuencia. El Congreso local modificó la Ley del Servicio Civil para que los municipios se ocupen de atender lo relativo al otorgamiento de pensiones y jubilaciones para sus trabajadores, luego de años de lucha de autoridades municipales que llevaron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara jurisprudencia tras considerar que el Poder Legislativo no debía disponer de los recursos municipales como lo hacía al decretar el pago de pensiones a empleados municipales. Sobre esta base el gobierno de Jorge Morales Barud interpuso la controversia constitucional 74/2014 contra el decreto por el cual el Congreso otorgó pensión al ex alcalde Rogelio Sánchez Gatica afectando la hacienda municipal con unos 27 mil pesos mensuales. La pensión procedió en base al cargo que ocupó de titular del Jurídico municipal, no como ex titular de la comuna, y pese a que más de un diputado estaba en contra. A Sánchez Gatica simplemente le asiste el derecho a reclamar su pensión y la controversia en el mejor de los casos retrasará el momento en que el ayuntamiento se la comience a pagar. Respecto a las pensiones por jubilación, el exdirector del IEBEM, Felipe Sedano Reynoso, pretende 63 mil pesos mensuales. Y como él un montón de vividores que durante décadas han subsistido pegados a la ubre gubernamental.
5.- El PAN a través de su dirigencia estatal y bancada en el congreso local, deberá replicar acciones que este partido ya ejecuta en diversas entidades, relativas a la propuesta del comité nacional que dirige Gustavo Madero para hacer una consulta pública respecto del salario mínimo, cuyo incremento se está convirtiendo en una exigencia generalizada y ha prendido focos rojos en las más altas autoridades del país, de tal suerte que, por ejemplo, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, han emitido mensajes de alerta. El secretario Navarrete advierte que elevar el minisalario es peligroso, mientras que Carstens, siempre polémico y ocurrente, dijo que llevar el salario mínimo a cien pesos podría generar inflación. A final de cuentas resultará que los pobres del país, sobrevivientes con salarios miserables por debajo del umbral de la pobreza, ponen en riesgo la estabilidad económica de México por querer un aumento. ¡Qué malvados!
6.- A principios de la semana señalamos aquí que estaba indefinido el acuerdo para nombrar a la mesa directiva del Congreso para el tercer año legislativo, tema que motivó un periodo extraordinario de sesiones que está convocado para iniciar a las cinco de la tarde de este viernes. Luego de ello se han generado diversas declaraciones de los involucrados, algunas de ellas festejando acuerdos que darían la impresión de que entre los legisladores priva el espíritu de compañerismo, ayuda mutua y preocupación de los morelenses. Otras exhiben que al menos hasta la tarde de ayer no había acuerdos en firme y, por el contrario, existía un divisionismo grave no sólo entre perredistas y priistas o perredistas y panistas, sino particularmente entre los propios legisladores del PRD. Lo único claro es que Lucía Meza será ungida presidenta de la mesa directiva, pero aún no se ve cuál será el precio final que deberán pagar los de la bancada mayoritaria. El priísta José Manuel Agüero sería presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. A ver.