Este trabajo nos ayuda a comprender el origen de las frecuentes agresiones de algunos políticos al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, aunque me parece necesario recordar que el propio mandatario, durante su etapa de consolidación en la política de Morelos (desde 1993, cuando arribó a esta entidad, hasta 2006, cuando se convirtió en senador de la República), también utilizó los mismos recursos para impugnar a los gobernantes en turno. Escribió Daniel Eskibel: ‘Algunos políticos opositores creen que cuánto más radicales sean sus posiciones políticas tanto más daño le harán al gobierno. Pero no es así’”.
2.- Añadió el excelente análisis: “A veces sucede lo contrario y el que sale beneficiado es el gobierno. No me refiero a las luchas contra dictaduras ni a las guerras civiles, sino a situaciones democráticas comunes, en países donde la lucha política se despliega dentro de la legalidad institucional. Dentro de esa legalidad, algunos opositores maximizan sus posiciones. O sea: cuestionan al gobierno en todos los terrenos, en todos los temas, impugnando todas y cada una de sus acciones, criticando todas y cada una de sus palabras, repudiando a todos y cada uno de sus miembros. Elevan al máximo la tensión política de cada día con acusaciones cada vez más duras, con conceptos cada vez más duros y con lenguaje cada vez más agresivo”.
3.- Efectivamente. Algunos detractores del gobernante en turno (lo hemos visto durante décadas) acompañan el proceso con una gestualidad despectiva y llena de enojo, y también con un uso agresivo de la voz tanto en tono como en volumen, lo cual es frecuente en el Congreso de Morelos, hoy por hoy convertido en la caja de resonancia de la política local. El 21 de agosto de 2013 comenté que un ejemplo de ello fue la forma en que los diputados Javier Bolaños Aguilar y José Manuel Agüero Tovar (del PAN y PRI respectivamente) agredieron el 9 de mayo del mismo año a la entonces secretaria de Seguridad Pública del Estado, Alicia Vázquez Luna, por motivos de sobra conocidos. No tuvieron el mínimo decoro al demostrar “la fuerza del lenguaje” desde la tribuna del Congreso local, aunque a la postre no sucedió absolutamente nada. De aquel evento nadie se acuerda hoy. Y en el olvido siempre se quedan las apariciones protagónicas de ambos legisladores.
4.- Hay una explicación, según Eskibel: “¿Por qué ese maximalismo radical beneficia al gobierno? Porque estrecha el mercado opositor, lo hace más chiquito. Al radicalizarse de este modo la oposición solo convoca a quienes piensan, sienten y actúan exactamente igual. O sea que se condena a sí misma a un círculo estrecho, un círculo de iguales, un grupo reducido. Y la oposición pone así una barrera respecto a un amplio sector del público.
Sector que seguramente cuestiona al gobierno en algunos temas y terrenos importantes, pero no en otros. Cuestiona a algunos de sus miembros pero no a todos. Cuestiona algunas decisiones y declaraciones, pero no todas. No soporta vivir en constante tensión política y aunque esté en desacuerdo con el gobierno no se adhiere a políticos crispados y enojados. El maximalismo radical de la oposición suele empujar a ese segmento de la sociedad hacia el campo del gobierno, aún con diferencias y discrepancias”. Hasta aquí el magnífico artículo de Daniel Eskibel. En otra ocasión me referiré a lo que es la economía de fuerzas dentro de la lucha política, la cual despilfarran quienes hoy por hoy son detractores sistemáticos del régimen. Actualmente se le exige a Graco Ramírez que renuncie, lo cual no va a suceder, como tampoco habrá revocación de mandato. Lo tangible sobre el escenario político morelense es la cercanía del proceso electoral de 2015. Ahí será el verdadero referéndum sobre los resultados de la actual administración.
5.- El pasado 5 de agosto, el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPC) emitió el acuerdo AC/CEE/019/2014-PRI mediante el cual impuso al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos una sanción por la cantidad de 936 mil 13 pesos. Esto se debió a la falta comprobación sobre el origen, destino y monto de los ingresos aplicados por el PRI en el ejercicio 2013, es decir durante la gestión de Manuel Martínez Garrigós. La decisión de las autoridades electorales se empató con el expediente ACCEE/013/2013, de fecha 2 de agosto del año pasado, por omisiones en torno al ejercicio ordinario de 2012. Al respecto, el presidente interino del Comité Directivo Estatal del PRI, Jorge Schiaffino Isunza, manifestó ayer que “somos garantes de la transparencia y la legalidad, por lo tanto el PRI respeta la decisión del órgano electoral, y con la finalidad de contribuir a la participación democrática, habrá de cumplirse con el mandato”. Sopas. Casi un milloncito de multa. En más del PRI diré que hoy sábado, a partir de las 10:00 horas y en los 33 municipios morelenses, habrá de tomarse la protesta a igual número de consejos políticos municipales, tras 25 años de haberse mantenido inactivos. Hace ocho días esta acción se suspendió ante el temor de que grupos de inconformes con el procedimiento electivo generaran violencia en algunos lugares. Esperemos para ver y después diremos.
6.- A ver si no se amparan y ganan su jubilación a través de un juzgado de Distrito. Me refiero a cinco ex funcionarios públicos que promovieron el lucrativo privilegio ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso local, que preside el diputado petista Héctor Salazar Porcayo. Esos personajes son: Felipe Sedano Reynoso, ex director general del IEBEM, quien aspira a embolsarse más de 68 mil pesos mensuales; Rubén Jiménez Ricárdez, ex director del Sistema Morelense de Radio y Televisión (y ex consejero electoral), cuya pensión sería de 60 mil pesos; le sigue Melquisedec Piedragil Ayala, ex director del Hospital del Niño Morelense, a razón de 82 mil pesos mensuales; luego está Mirna Zavala Zúñiga, ex consejera del IMIPE, con casi 60 mil pesos, y finalmente tenemos a Guillermina Pérez Rodríguez, ex directora del Centro de Desarrollo Artesanal, quien aspira a poquito: 45 mil pesos cada 30 días. Sin embargo, Salazar Porcayo considera que ninguno tiene derecho a la prestación pues fueron titulares de organismos públicos descentralizados u autónomos. Carecían de la característica de subordinación y por consecuencia de ser considerados como trabajadores. A ver si es cierto. Así decían de Sánchez Gatica y ganó su pensión por jubilación con un juez federal.