Les explico. El Ayuntamiento de Jiutepec, a cargo de la perredista Silvia Salazar Hernández, no encuentra cómo salir del berenjenal financiero. El gobierno municipal cumplirá el último día de diciembre próximo dos años de estar sumido en el precarismo que caracteriza también a los 32 ayuntamientos restantes. La alcaldesa, el síndico y los regidores decidieron imponer descansos una vez al mes a sus trabajadores, previo descuento del jornal, bajo el pretexto de que ahorrarán alrededor de 20 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento de redactar la presente columna había trascendido la inconformidad de un nutrido número de empleados municipales que rechazan la medida, amén de que otros compañeros suyos están siendo presionados para aceptar la opción del retiro anticipado.
2.- A lo anterior se suma la iniciativa que el miércoles recibió formalmente el Congreso, mediante la cual se pide a los diputados modificar la Ley de Ingresos para que el municipio incremente la recaudación a través de las multas a los automovilistas. El problema es que los empleados no se motivan a participar en el esfuerzo por ahorrar recursos y fortalecer las finanzas municipales, porque no advierten un esfuerzo real de las autoridades mediante un programa de austeridad que implique un parejo apretón del cinturón. Además, en los próximos meses, con la refriega electoral, la previsión es que la situación de las arcas municipales se agrave. Aquí es donde se cumple el adagio popular citado al principio: “Hágase señor tu voluntad… en los bueyes de mi compadre”. Para el personal de confianza, como son directores y jefes de departamento, así como a los demás integrantes de la plantilla laboral, sí habrá descanso obligatorio con el descuento salarial implícito, pero no sucederá así con los miembros del Cabildo, ni con los principales funcionarios que rodean a la presidenta municipal, quienes se embolsan un promedio de 100 mil pesos mensuales dizque por trabajar a favor de los desvalidos jiutepequenses. Sobra decir que la decisión asumida por el Cabildo sin el consenso de la clase trabajadora municipal provocará problemas. A ver.
3.- Y ya que estoy comentando respecto a aquella municipalidad agregaré que los precandidatos de los más importantes partidos políticos que irán en pos del cargo hoy ostentado por Silvia Salazar Hernández empiezan a decantarse. Ahí van algunos nombres: por el PRD anote usted a Arturo Flores Solorio, apoyado por Eder Rodríguez y Patricia Izquierdo como aspirantes a diputados locales por los distritos VI y VII, respectivamente; por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adolfo Barragán Cena, yendo en fórmula con Miguel Rabadán (junior) y una hija de Quintín Barrera, sedicente presidente de Morena en Morelos (les debo el nombre), por los distritos VI y VII; por Movimiento Ciudadano, Demetrio Román Isidoro, siendo apoyado en el distrito VI por el ex regidor Angel Santana; y por el PRI anoten a José Manuel Agüero Tovar, a su prima María Guadalupe Jiménez Tovar y a Rafael Reyes, ex secretario general del Ayuntamiento. Sin embargo, Maricela Sánchez Cortés quiere imponer al ex diputado Javier Mújica Díaz y Amado Orihuela Trejo a Adrián Escamilla. Como Maricela y Amado son los dueños del PRI todo puede suceder en Jiutepec, a pesar de las legítimas aspiraciones de otros distinguidos priistas. A ver.
4.- Llevo varias semanas refiriéndome al desfase con que opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para actualizar y difundir las cifras de la incidencia delictiva nacional y por estados. Apenas ayer 21 de agosto actualizó la información de julio con información que supuestamente le envían las fiscalías y procuradurías estatales, entre las cuales figura la nuestra. Sin embargo, ayer detectamos que el famoso Secretariado Ejecutivo del SNSP publicó datos equivocados con relación al secuestro en Morelos. En la Incidencia Delictiva del Fueron Común estampó la cantidad de 10 secuestros cometidos en julio, pero en su Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión correspondiente al mismo mes colocó la cifra de 14 secuestros. Y durante la mañana de ayer el asunto se exacerbó cuando el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, descalificó los datos del SNSP aduciendo que en julio solo hubo nueve plagios. Es importante subrayar que la carátula de los dos documentos supracitados indica que la información divulgada “se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de los datos”.
5.- Luego de lo ocurrido ayer con esta “actualización” de datos, ¿a quién debemos creer en lo sucesivo? En lo que a mí concierne ya no confiaría en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues difundió documentos con estadísticas equivocadas. ¿Desde la Fiscalía de Morelos se le enviaron mal los datos? Puede ser, pero no creo que el fiscal Rodrigo Dorantes o alguno de sus colaboradores quisieran correr riesgos al sesgar información. Así las cosas, creo que llegó el momento de dar a conocer la información aquí mismo, entre la sociedad de Morelos, inclusive con mayor oportunidad, pues con un desfase de casi un mes las mentadas “actualizaciones” se van al bote de la basura, es decir a la ya arraigada incredulidad social. A ver. Por cierto: es importante subrayar que más allá de los nueve o 14 secuestros, lo verdaderamente peligroso es el alto índice de delitos patrimoniales. El robo en sus diferentes modalidades está desbocado, según las cifras de julio del SNSP, lo cual provoca el incremento en la percepción de inseguridad. Y ahí viene el obispo priista Ramón Castro con una nueva movilización (para el domingo 31 de agosto en Cuautla).
6.- La bancada del PRI tiene programada para este viernes la reunión en que definirá al sucesor de Isaac Pimentel Rivas en la Coordinación y apenas le queda tiempo para enfrascarse en pleitos internos. Los priistas no tienen frente a sí un año prometedor, pues de los dos órganos de gobierno la Junta Política estará en manos del PAN a partir del primero de septiembre, y la Mesa Directiva en las del PRD también a partir de esa fecha. Por si fuera poco, amenaza con frustrarse su intención de hacerse de la presidencia de la Comisión de Hacienda para capitanear los trabajos para dictaminar la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2015, que está en poder del blanquiazul y no la quiere soltar. Si los priistas no eligen hoy a su coordinador y permiten que escale su división interna, PAN y PRD terminarán por desaparecerlos del mapa político del Congreso.