Para los mexicanos tal condición es opuesta a la de países democráticos y desarrollados, cuyos ciudadanos están acostumbrados a ver cambiar las circunstancias en que llevan a cabo sus actividades, pero no el marco de referencia que establece las reglas básicas de su interacción social y de su relación con la autoridad. Cuentan con un marco de referencia que permanece esencialmente intacto. Dicho marco de referencia se refiere al Estado de derecho, a la protección que las leyes confieren, a la certeza de que existen mecanismos judiciales perfectamente establecidos para dirimir controversias y hacer cumplir los contratos. Además, esas personas cuentan con seguridad pública y la tranquilidad de saber que su sobrevivencia no está de por medio. “Lamentablemente, eso mismo no le ocurre a un mexicano. Para muchos mexicanos, los cambios económicos de los últimos años han sido inmisericordes. Estos han ocurrido no sólo de una manera estrepitosa y devastadora -lo que se ha traducido en desempleo, pobreza y ausencia total de mecanismos de protección familiar-, sino en total ausencia de un marco de referencia confiable. En lugar de ese marco de referencia, lo que ha caracterizado al país en estos años es precisamente lo contrario: inseguridad pública, jurídica y patrimonial” (Luis Rubio, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Económico, CIDE).
2.- Dentro de tal contexto de incertidumbre se insertó la conferencia de prensa convocada ayer por el Consejo Laboral Ciudadano de Morelos, cuyo presidente es Juan Carlos Salgado Ponce. El también dirigente del Consejo Coordinador Empresarial citó a los medios en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde declaró que los hombres de negocios y quienes están dedicados a generar riqueza (supuestamente) desde el sector privado pierden hasta 40 millones de pesos al año por el retraso de cualquier número de audiencias ante ese cuerpo colegiado y otros que dependen del mismo. Los juicios llegan a tardar hasta cinco años, en un ambiente burocrático caracterizado por la falta de recursos materiales y humanos. Así las cosas, Salgado Ponce advirtió que los empresarios de Morelos cerrarán el año con alrededor de seis mil 500 demandas laborales, lo cual es grave considerando que no hay la suficiente y debida conciliación. Etcétera.
3.- El 8 de octubre de 2012, al comentar la designación de Víctor Manuel González Cianci como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, señalé que el también ex presidente del Tribunal Superior de Justicia enfrentaría una intrincada red de complicidades existentes en dicho órgano laboral desde hace décadas. Hoy por hoy, la multicitada junta y sus tres juntas especiales deben combatir el negocio para sindicatos de protección y abogados y líderes corruptos que han manejado y siguen manejando los emplazamientos a huelga y la toma de nota como mercancías ante el mejor postor. Ojalá y sirva de algo la protesta del Consejo Laboral Ciudadano de Morelos y el Consejo Coordinador Empresarial. Lo deseable es que nuestra entidad no vuelva a ser relegada por el sector privado nacional y se le cree de nuevo una leyenda negra laboral como nos sucedió en el primer lustro de los años setenta. A ver.
4.- Cambiemos de frecuencia. La bancada del PRI concretó la designación de Juan Carlos Rivera Hernández como su nuevo coordinador, quien asumirá el cargo el lunes primero de septiembre. El anuncio se hizo en las oficinas de la Junta Política y de Gobierno, que en unos días los priistas deberán dejar en manos del PAN, y no –como correspondía- en las de la Coordinación del grupo parlamentario tricolor, que se encuentra sólo a unos pasos. El flamante coordinador logró su cargo gracias a quienes lo flanquearon en el evento: Isaac Pimentel Rivas -a quien sucederá-, Humberto Segura Guerrero, José Manuel Agüero Tovar y Antonio Rodríguez, con cuyos votos, sumados al suyo, obtuvo la mayoría de la bancada que tiene siete integrantes. Unos diez minutos después del anuncio, dado al filo del mediodía, arribó al lugar Matías Nazario Morales para validar la elección. Tal como lo había advertido, Rosalina Mazari no acudió, lo que no significa que no estuvo presente, pues su postura contraria a sus homólogos ensombreció a los priistas que a pesar de todo presumieron de unidad pero no dejaron de exhibir a la ixtleca como una de quienes más beneficios han recibido de la bancada. El acuerdo para convertir en coordinador a Juan Carlos Rivera implica que la primera batalla que la bancada librará será por la presidencia de la Comisión de Hacienda, a fin de convertir en su presidente a Agüero Tovar.
5.- En medio de la polémica en torno a la Ley de Participación Ciudadana y su Consejo, el presidente de la Comisión del ramo en el Congreso local, el priista Antonio Rodríguez, salió a ofrecer un faro de luz al afirmar que las figuras de participación ciudadana tales como plebiscito, referéndum, consulta popular y revocación de mandato, sí pueden aplicarse en la entidad al margen de las insuficiencias de la legislación local, pero apoyados en la Constitución Política federal, que está por encima de una ley secundaria y de la propia Constitución morelense, y a través del Instituto Nacional de Elecciones. Se necesitaría no sólo que hubiera grupos interesados en impulsar tales instrumentos, sino que cumplieran con los requisitos de ley y, por supuesto, que el INE tuviera disposición. Esto último parece difícil si vemos el enorme compromiso que tiene el Instituto de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina, con los procesos de selección de consejeros estatales y con la elección interna del PRD, de la que es seguro que al final resultará como el cohetero.
6.- Mauricio Rodríguez González es el alcalde de Tlaquiltenango que ha sido vapuleado por sus quejas por la falta de recursos en el ayuntamiento que encabeza y, entre otras declaraciones polémicas, la amenaza de cerrar las puertas del palacio municipal. Este edil dio la nota el miércoles en la penúltima sesión de la Diputación Permanente –clausura actividades la próxima semana- al presentar dos documentos ante el Congreso, que son variantes del mismo conflicto financiero que vive Tlaquiltenango y muchos otros municipios, como Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca. Por un lado el munícipe, a nombre de su Cabildo, presentó la iniciativa de reforma constitucional que devuelva el fuero a los alcaldes y los libre de amenazas como las órdenes de destitución por incumplimiento del pago de laudos, que han menudeado este año. Por otro lado, ingresó una propuesta para crear un fondo que salve las finanzas de los 33 ayuntamientos y que forme parte del presupuesto del gobierno estatal para el próximo año. Las peticiones exhiben el nivel de desesperación que priva en algunos municipios.