Al asunto de la cuota compensatoria fijada por Estados Unidos (de entre 2.9 y 17 por ciento) se refirió el viernes el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera (CNIAA), Juan Cortina Gallardo, quien advirtió la necesidad de que los gobiernos de EUA y México se apeguen al Tratado de Libre Comercio y lleguen a un acuerdo de suspensión. Lo anterior, amables lectores, significa que la administración de Barak Obama se mantiene indiferente mientras avanza la crisis económica en 16 estados mexicanos productores de caña de azúcar, entre ellos Morelos.
2.- Cortina Gallardo explicó que a partir de la puesta en marcha del TLC de América del Norte, EUA había importado sin problemas un millón 300 mil toneladas anuales en promedio sin ninguna afectación para ambas partes, derivado de una necesidad real de consumo que tiene ese país, por lo cual “no se puede estar de acuerdo con las cuotas”. Y si el ajuste no se concreta, la situación para el sector azucarero será difícil de sobrellevar, pues implicará buscar nuevos mercados para 200 o 300 mil toneladas de azúcar que al mes se exportan a Estados Unidos. Recientemente, el líder de la Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blackaller Ayala, dijo que si EUA establecía una cuota compensatoria al azúcar mexicano haría inviable la exportación a ese mercado y pondría en riesgo de quiebra al sector de la caña de azúcar. La sanción a los productores mexicanos afectará alrededor de 500 mil empleos directos y más de 2 millones de indirectos, distribuidos en 16 estados (incluido Morelos) y 230 municipios del país (varios de ellos morelenses), donde habita 10 por ciento de la población mexicana. A ver.
3.- Tal como lo advertí el sábado, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, liderado por Javier Bolaños, buscará sabotear la presentación de una nueva ley en materia de movilidad y transporte como iniciativa preferente del gobernador Graco Ramírez. Bolaños anunció este fin de semana que el proyecto se pondrá a consideración de la ciudadanía, lo cual significa que el sentido preferente de la propuesta le importa un comino a los panistas. Sin embargo, el legislador blanquiazul expuso lo hipotético de su declaración al decir que “en caso de que el 1 de septiembre se reciba una iniciativa con carácter preferente en materia de transporte, el Congreso quedará emplazado para analizarla, dictaminarla y votarla en un plazo de 40 días naturales”. “Pero dentro de ese término la Comisión correspondiente (presidida por el inepto diputado pesedista Roberto Yáñez Moreno) podrá convocar a amplias consultas, no solo a los sectores involucrados, sino a la sociedad en su conjunto que al final es la que merece un transporte de calidad a precio justo”. Conclusión: Bolaños vuelve a hacer ruido. Sin embargo, el fondo de las impugnaciones a la nueva ley en materia de movilidad y transporte se desprende de la eventual operación del Morebús. Cuando alguien desde el gobierno toca los intereses de los actuales permisionarios siempre aparecen sus acalorados defensores. Bolaños es uno de ellos.
4.- El próximo presidente municipal de Jiutepec saldrá de entre las filas de los diputados de la 52 legislatura. Al menos eso es lo que piensan los priístas Antonio Rodríguez y José Manuel Agüero, y el perredista Arturo Flores, y por eso están buscando adeptos de manera desesperada con miras a convertirse, primero, en candidatos de sus respectivos partidos, y después en el sucesor de la polémica alcaldesa Silvia Salazar. Días atrás dimos cuenta del interés de Agüero y cómo se destapó durante un evento reciente, pero hay que decir que no es el único. Haciendo caravana con sombrero ajeno, el joven Rodríguez y Flores Solorio, prospecto del grupo de su primo, el senador Rabindranath Salazar, buscan aumentar su popularidad y su rentabilidad electoral mediante obras realizadas con recursos del erario y a través del gobierno de la entidad. Desde hoy pues, la disputa por Jiutepec ya es feroz, y no es limpia.
5.- Cuatro partidos promueven consultas populares sobre tres temas de interés para la sociedad: PAN, PRI, PRD y el recién nacido MORENA. El PAN reúne firmas para una consulta sobre si los mexicanos quieren un salario digno; PRD y MORENA, hasta ahora por separado, quieren consultar acerca de la reforma energética; y el PRI sobre una reducción en los plurinominales en el Congreso de la Unión. Son temas de índole federal que han movilizado en el estado a las respectivas estructuras partidarias. Es previsible, sin embargo, que al menos el tema de los representantes populares plurinominales se lleve al terreno local, aunque eso no aplicaría sino hasta los comicios del 2018, eventualmente. Por lo pronto quienes se interesan en la reducción de esas curules voltean hacia el Congreso local y se preguntan si aquí han servido de algo, de mucho o de poco, nuestros plurinominales, que son los panistas Erika Cortés, Amelia Marín, Mario Arizmendi y Javier Bolaños; los priístas Rosalina Mazari, José Manuel Agüero, Matías Nazario y Manuel Martínez Garrigós (llegó por estas siglas aunque hoy es independiente contra su voluntad); los pevemistas Griselda Rodríguez y Gilberto Villegas; el socialdemócrata Roberto Yáñez; y Erika Hernández Gordillo, de Nueva Alianza.
6.- El Congreso local a través de diputados como Gilberto Villegas, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y Roberto Yáñez Moreno, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, se han pronunciado en numerosas ocasiones porque las autoridades municipales garanticen condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad puedan trasladarse por la ciudad contribuyendo así a su calidad de vida. Los llamados de ambos legisladores, a veces convertidos en exhortos apoyados por el resto de los diputados, han sido generalmente ignorados, aunque ahora la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del estado, a cargo de José Huber Abarca Román, afirma que por fin actuará particularmente en contra de aquellos automovilistas que obstaculicen los acceso para las personas con discapacidad, recurriendo para ello al uso de grúas y a la aplicación de multas hasta por 15 días de salario mínimo. La noticia es buena, pero ojalá otras autoridades cumplieran apoyaran a este sector poblacional y pusieran orden, por ejemplo en áreas como el IMSS de Plan de Ayala, donde la banqueta es obstruida por comerciantes y el acceso para sillas de ruedas por los taxis que ahí hacen sitio. A ver si algún día.