En punto de las 11:00 horas, teniendo como escenario el Salón Bicentenario, apareció el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien envió a Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno, en su representación al acto que mandata la Constitución Política de Morelos en su artículo 32. E hizo un interesante anuncio: el gobierno a su cargo y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que preside Juan Carlos Salgado Ponce, buscarán armonizar la legislación morelense con la reforma federal electoral en materia de participación ciudadana, incluyendo las polémicas figuras del referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Para ello se creará una comisión bilateral jurídica, la cual generará los mecanismos adecuados y legales a fin de hacer válida la tan traída y llevada participación ciudadana en las decisiones gubernamentales.
2.- Salgado Ponce, quien es hijo de Juan Salgado Brito, ex candidato a la gubernatura por el PRI para las elecciones del año 2000 y actual delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, acudió a la misma conferencia de prensa acompañado por representantes de Canirac, Canacintra, Coparmex y otros organismos adheridos al CEE. Hace unos días este dirigente empresarial salió a la palestra pública colocándose a la cabeza de un movimiento de presión tendiente a conseguir la entrada en vigor del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, mismo que falta para que la ley en la materia a nivel local comience a regir. Sin embargo, mucho se ha expresado que dicho Consejo no puede avanzar hacia su integración mientras no se consoliden las reformas electorales federales en nuestra entidad y concluya la reestructuración del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En este berenjenal deberá tener participación directa el Instituto Nacional Electoral (INE).
3.- Por primera vez desde hace muchos meses el gobernador Ramírez Garrido Abreu abordó el tema de la participación ciudadana, exacerbado a veces de manera oportunista durante las marchas realizadas bajo los auspicios del PRI, el PAN, algunos segmentos sociales, la UAEM y hasta la Diócesis de Cuernavaca para protestar en contra de la inseguridad pública. Y no evitó la referencia a la revocación de mandato, un procedimiento bastante difícil de conseguir debido a los candados contenidos en la actual Ley Estatal de Participación Ciudadana. Me parece que, una vez más, Graco le está entrando al toro por los cuernos quizás sintiéndose satisfecho con los logros de su gestión administrativa hasta ahora, de lo cual volvió a dar cuenta en la misma conferencia de prensa de ayer. He aquí lo más importante de su declaración: una vez que la Comisión Bilateral Jurídica conformada por representantes del gobierno estatal, el sector privado y el sector social tengan una propuesta lista, será enviada al Congreso antes de que concluya el primer periodo de sesiones el 15 de diciembre próximo. Y podría ser turnada con el carácter preferente, el mismo que no empleó ayer el Ejecutivo respecto a la nueva Ley de Movilidad y Transporte y la Ley de Municipios Indígenas. Esos proyectos se entregarán en breve, pero con un carácter ordinario.
4.- La sesión solemne de ayer en el Congreso local evidenció la ruptura existente entre el Ejecutivo y el Legislativo, no sólo por la inasistencia del gobernador Graco Ramírez, que en sí implica un fuerte mensaje de disenso con los diputados, sino porque los discursos de los representantes de las principales fuerzas política opositoras, el PRI y el PAN, estuvieron cargados de adjetivos y mantuvieron una belicosidad que no se daría si hubiera una relación cordial que les obligara a ser políticamente correctos. La inseguridad pública estuvo presente en los discursos pero no fue tema principal, como si se apreció que lo fue un llamado a recuperar las vías de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, línea general en la que coincidieron los propios aliados gubernamentales, pues la presidenta del Congreso, Lucía Meza Guzmán, pidió respeto para con los legisladores, mientras que el coordinador de la bancada del Sol Azteca, Arturo Flores, habló de impulsar el trato a partir de la idea de que el Legislativo forma, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, un solo gobierno, es decir que tendría el mismo peso específico que los otros dos, y pidió apertura del gobierno a todas las expresiones políticas del Congreso. Los diputados, pues, intentaron hacer valer su investidura, y si no pudieron hacerlo ante el gobernador, sí lo hicieron frente al responsable de la política interna, Jorge Messeguer, a quien el jefe de la bancada priista, Juan Carlos Rivera, le dedicó algunas líneas discursivas respecto a su proselitismo por Cuernavaca.
5.- Como correspondía, el discurso central de la sesión solemne lo emitió la presidenta del Congreso, Lucía Meza Guzmán, quien de entrada expuso que “el Ejecutivo no se puede quejar, puesto que esta representación popular ha sido responsable y generosa para facilitar la tarea gubernativa; si hacemos un poco de memoria, debemos afirmar sin equívocos que como Poder Legislativo no hemos escatimado esfuerzos para dotar al Ejecutivo de distintas herramientas normativas para facilitar la tarea de gobierno”. Luego aprovechó la tribuna para pedir que no la crucifiquen por el escándalo de la cancelación de la convocatoria para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y más tarde afirmó que los diputados representan “la esperanza de los ciudadanos de Morelos, que buscan voz para atemperar los abusos del poder, para reorientar políticas públicas equivocas, para ser un auténtico contrapeso a los excesos y desviaciones”. Terminó diciendo que le tendía la mano al gobernador Graco Ramírez.
6.- El inicio del periodo ordinario mostró a unos diputados con la pila recargada y el ánimo enjundioso como para sentarse a negociar con el Ejecutivo, ahora que su responsabilidad principal será atender la propuesta de Paquete Económico que el Ejecutivo deberá remitir en octubre y ellos deberán resolver antes de clausurar el periodo, el 15 de diciembre. En septiembre los legisladores estaban obligados a ocuparse de la iniciativa preferente que teóricamente el Ejecutivo presentaría en la sesión de ayer. Hasta el viernes estaba previsto que esa iniciativa sería la nueva Ley de Movilidad y Transporte, pero a final de cuentas el secretario Jorge Messeguer fue y no presentó nada, se declaró desierto este rubro y la presidenta Lucía Meza solo dio a conocer que el gobernador pretende acudir en fecha próxima a presentar su iniciativa para crear municipios indígenas, pero ya no como preferente. Esta visita del gobernador al Congreso podría dar paso a la primera escaramuza entre bancadas. A ver.