Recuerdo cómo, en 1998, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entonces a cargo de Mireille Roccatti Velázquez (antigua fiscal para los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez), cimbró las estructuras del Poder Ejecutivo local debido a la frecuente y probada violación de derechos humanos durante el cuatrienio de Jorge Carrillo Olea. Fue de hecho la gota que derramó el vaso y aceleró la defenestración del militar en retiro.
2.- El arribo del abogado Jesús Alberto Capella como encargado del despacho en la Secretaría de Seguridad Pública (otrora encabezada por Alicia Vázquez Luna) junto con varios de quienes fueron sus subalternos en Tijuana (9 de enero de 2014), contribuyó a fomentar el escenario previo de presiones sobre los 33 presidentes municipales de Morelos a fin de que aceptaran la asunción del Mando Único en sus respectivas localidades. Son 23 las que hasta hoy se han adherido a esa estrategia. El 9 de enero llegaron a Morelos, entre otros mandos hoy bajo las órdenes de Capella, los siguientes: Francisco Javier Viruete Munguía, quien quedó al frente de la Subsecretaría Operativa de la hoy denominada Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) en sustitución de Nora Rebeca Romero; y en la dirección general de la Policía Preventiva Estatal fue colocado Miguel Angel Marín Martínez.
3.- En abril del presente año, a través del Facebook, difundí por primera vez datos y fotografías que se me enviaron con relación a la detención y presunta tortura padecida a manos de elementos del Mando Único de Jiutepec por cinco hombres y un menor el 18 del mismo mes. Varios presentaban las lesiones que mostraron -desde luego ya cicatrizadas- este jueves en conferencia de prensa, cuando a la vez trascendió la emisión de una recomendación dirigida a las autoridades estatales por la Comisión de Derechos Humanos del Estado en torno al delicado asunto. Tocante a dicha conferencia de prensa el gobierno de Morelos emitió ayer un comunicado donde se indica que las mismas personas fueron detenidas el 18 de abril de 2014 en la colonia Constitución de Jiutepec en posesión de armas, y que tres de ellas resultaron con quemaduras de primero y segundo grado al ser trasladadas en la batea de la unidad 9845 de la policía municipal.
4.- Según el boletín, el comisionado Capella investigó cómo sucedieron los hechos y detectó la responsabilidad de los oficiales municipales Sabino, Jesús, Guillermo y Lucía Elvira durante el traslado de los detenidos. “En virtud de que la CES no tiene la facultad por tratarse de elementos municipales, se radicó la investigación a la Dirección de Asuntos Internos de la SSP de Jiutepec, abriéndose el expediente QJ/DAI/110/06-14 en contra de los cuatro elementos que realizaron la detención, y el traslado de los hombres a Torre Morelos para realizar la certificación médica correspondiente y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal (…) Es así que se continuó con el procedimiento de llamar a comparecer a los elementos, pero hasta el momento (es decir ayer) el responsable de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec ha dilatado el procedimiento, por lo que se espera que en un plazo a más tardar de 30 días, el Consejo de Honor y Justicia, fije la sanción que se les fincará. Es importante destacar que en ningún momento se recibió alguna queja por parte de los afectados, aun así se inició la investigación correspondiente”. Etcétera. Conclusión: la CES de Capella Ibarra pretende deslindarse del berenjenal que apenas empieza. Aguas: todo tiene precedentes.
5.- Cambiemos de frecuencia. La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos presentó el miércoles anterior ante el Congreso estatal, una solicitud para que integrantes de esa agrupación participen como “coadyuvantes ciudadanos” en la auditoría especial que debe realizar la Auditoría Superior de Fiscalización a cargo de Luis Manuel González Velázquez, al crédito que por dos mil 806 millones de pesos le fue autorizado contratar al gobierno estatal. La auditoría especial fue acordada por los diputados el 10 de septiembre pasado y sus resultados deberán primero hacerse del conocimiento del gobierno morelense como ente auditado, para que en atención a su derecho pueda solventar cualquier observación que resulte. La Junta Política y de Gobierno que preside el panista Javier Bolaños, será la responsable de responder a la solicitud de la CMMC, pero es previsible que la respuesta sea en sentido negativo, debido a que los “coadyuvantes ciudadanos” no son contemplados en la ley.
6.- Esta semana volvieron a la carga un grupo de dirigentes del sector privado que intentan vencer o convencer a los diputados del Congreso local, para que en lugar de construir una nueva sede para el Congreso, mejor destinen los 500 millones de pesos que ya están etiquetados para ese propósito, a la edificación de una central camionera. Semanas atrás ya se habían manifestado con los membretes de Canaco, Canacintra, CMIC, AIESPEM y diversas organizaciones de profesionistas, y fue ahora el presidente del Colegio de Contadores, José Alberto Pérez Apáez, quien hizo llegar al Congreso la petición formal, con la demanda de reunirse con la presidenta de la mesa directiva, Lucía Meza Guzmán, quien deberá tratar con pinzas este espinoso caso respecto del cual sus compañeros legisladores ya se pronunciaron, al solicitar la semana anterior que el gobierno estatal les entregue los 500 millones de pesos que ahora son manzana de la discordia.
7.- Es oportuno recordar que la idea de construir una nueva sede legislativa no derivó de un lapsus de los legisladores ni fue el pago de soborno del gobierno del estado para éstos por haberle aprobado contratar una deuda de dos mil 806 millones de pesos. Construir otro espacio se pretende porque el edificio actual representa una amenaza para todos los que por alguna razón deben asistir a ese lugar, que podrían resultar muertos en caso de sismo o incendio, según un dictamen de Protección Civil que hace mucho ha venido siendo difundido. Además, porque al no ser suficiente para todas sus necesidades el actual recinto, el Congreso debe pagar renta de dos edificios en las esquinas de Matamoros y Morrow y Matamoros y Arteaga, así como de las instalaciones que ocupa la Auditoría Superior de Fiscalización, mientras que otro grupo de oficinas las mantiene en la Casa Cataluña, que es de su propiedad pero está alejada de su principal centro de actividad. A ver.