El tema predominante ayer entre los principales voceros del Legislativo fue la posibilidad de llamar a alguien para explicar con manzanitas qué sucedió en el caso de los vecinos jiutepequenses, cuya queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHM), a cargo de Lucero Benítez Villaseñor, motivó el envío de una recomendación a las autoridades estatales sobre el delicado asunto. Lo menos que se ha dicho al respecto es que en la Torre Morelos, donde despacha el abogado tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública, hay o había una sala similar a las utilizadas por la Santa Inquisición durante el oscurantismo. El tema ha llamado sobremanera la atención de propios y extraños frente a la exaltación que del Mando Único han hecho sus responsables, calificando a los principales mandos y subalternos como bien preparados, profesionales, capaces y otras linduras. El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, el priísta Matías Nazario Morales, retomó el tema para insistir en el llamado a cuentas al comisionado Capella, mientras que el coordinador de los panistas, Javier Bolaños Aguilar, se lanzó más arriba y estimó que, en todo caso, quien debería acudir a comparecer al Congreso es el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, pues es el superior del tijuanense y, por tanto, el responsable de la seguridad en el estado y del comportamiento de los agentes del Mando Único.
2.- Y en lo que aparece como una respuesta a la postura del panista y el priísta, pero también un coscorrón al coordinador de los diputados del Sol Azteca, Arturo Flores Solorio (quien no sale de su letargo), la presidenta del Congreso, Lucía Meza Guzmán, se vio obligada a ponerse el overol negriamarillo para defender los intereses perredistas y advertir que su bancada en el Congreso local no será obstáculo para llamar a comparecer, en su momento, al comisionado Capella. Patentizó la inclinación de los legisladores del PRD a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, trátese de quien se trate, pero también para reconocer los resultados de determinados servidores públicos. En el complicado rubro de la seguridad pública, consideró la diputada cuautlense, el gobierno graquista ha hecho bien las cosas, aunque todavía falta mucho por enfrentar sin bajar la guardia. Solicitó, además, que el tema de la seguridad ya no siga siendo bandera política y argumento para enriquecer el discurso impugnativo de los partidos opositores hacia la administración pública estatal rumbo a los comicios del año próximo. En lo personal, amables lectores, considero que a 20 días del último año de la LII Legislatura ya se advierten posiciones encontradas entre los titulares de los dos órganos de gobierno del Congreso, cada cual en su papel defensor de las posturas de su respectiva bancada legislativa. A ver.
3.- Tocante a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso agregaré que su presidente, el ya mencionado Matías Nazario Morales, informó que este miércoles podrían someterse a la consideración del pleno las ternas de candidatos para la integración del Consejo Estatal de Atención a Víctimas, contenido en la ley del ramo aprobada hace un buen número de meses. Serán cinco personas quienes conformen dicho Consejo, aunque serán electas por nuestros ínclitos diputados locales. Es decir: el procedimiento volverá a pasar por el tamiz que marquen los líderes de grupos parlamentarios adscritos a la Junta Política y de Gobierno. En otras palabras: ahí volverán a distribuirse el botín nombrando a quienes favorezcan los intereses priístas, panistas o perredistas. El mentado Consejo dizque velará porque las víctimas de la delincuencia, es decir quienes hayan sufrido la pérdida de un familiar a causa del flagelo, puedan acceder a la reparación económica del daño. Ya hay dinero disponible: 35 millones de pesos, según indicó el diputado Nazario Morales, recursos que podrán ser utilizados de inmediato. En la elaboración de las ternas fue relevante la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos. Esperemos para ver y después diremos.
4.- Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno, en entrevista con quien esto escribe informó ayer que el 1 de octubre, a las 10 horas y teniendo como escenario el Centro de Convenciones de Xochitepec (WTC), el gobernador Graco Ramírez leerá un documento alusivo a su segundo año al frente del Poder Ejecutivo, cuyo contenido no tendrá el carácter constitucional que sí deberá portar el segundo informe de gestión administrativa, mismo que deberá ser entregado al Congreso morelense durante la primera quincena de febrero próximo. El inminente acto será una demostración de músculo por parte del mandatario estatal justo cuando varios grupos de sus principales antagonistas tienen previsto cuestionar al Ejecutivo por factores de sobra conocidos, entre ellos el complicado tema de la seguridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas, asuntos aludidos ayer mismo por Graco Ramírez en la tradicional conferencia de prensa de los lunes, marco que le sirvió para presumir el posicionamiento del gobierno a su cargo en el “ranking” de instituciones sujetas a revisión por el IMIPE. Por otro lado, Messeguer Guillén agregó que en noviembre del presente año quedará terminado el C-5 de Emiliano Zapata, cuya construcción lleva un 90 por ciento de avance. Actualmente se está instalando el equipo que permitirá la operación de 400 cámaras de videovigilancia, dentro de una primera etapa.
5.- Cambiemos de frecuencia. Ayer volvió a demostrarse que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, no están a partir de un piñón. El gobernador y el edil, cada uno por su lado, informaron respecto al acto matutino en que ambos entregaron más de dos mil 600 pares de anteojos a estudiantes de nivel básico con deficiencias visuales. La realidad es que la donación se insertó dentro de un programa federal denominado “Ver bien para aprender mejor”, propugnado por el presidente Peña Nieto a través de la Secretaría de Gobernación. Por eso también hizo acto de presencia José Luis Santisbón Aguilar, enviado de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana de la Segob, a cargo de Roberto Campa Cifrián. Sigue la pugna por las loas… Concluiré diciendo que la reciente elección de consejeros perredistas en Morelos fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los detractores de la administración estatal, es decir el “fuego amigo”, no están dispuestos a ceder sus ínsulas personales. Y sucede al cuarto para las doce…