En cumplimiento de la Constitución Política local que lo obliga a presentar un informe semestral ante los representantes populares. El funcionario hizo un reporte no sólo de los escasos meses que lleva en funciones de Fiscalía esa dependencia, sino desde que llegó al cargo máximo de la entonces Procuraduría General de Justicia, y precisamente mencionó esa conversión como uno de los pasos más importantes ocurridos durante su gestión, como elemento necesario para llevar la modernidad a una institución a cuya llegada encontró, vicios, corrupción, malas prácticas y desorganización plena. Dejó ver que el trabajo de la Fiscalía no es sencillo al tener que atender un promedio anual de 45 mil carpetas de investigación. De enero a agosto de 2014 se registraron 32 mil 250 carpetas como producto de que la ciudadanía tiene cada vez más confianza en la Fiscalía y se está generando una cultura de la denuncia. Sin embargo, es importante subrayar que la cantidad de delitos, desde 1997 a la fecha (es el registro que nosotros tenemos), nunca ha bajado de los 42 mil anuales, en promedio. Esto significa que nuestra entidad se inserta dentro de las más conflictivas a nivel nacional.
2.- Un tema que predominó durante la comparecencia fue el secuestro. Así, el fiscal afirmó que ha disminuido este año en un 50 por ciento y en lo que va de 2014 han sido detenidos 105 secuestradores pertenecientes a 28 organizaciones delictivas. Los cuestionamientos de los legisladores (la más incisiva fue la panista Amelia Marín, hermana de una exdirectora de servicios periciales que fue cesada por Dorantes Salgado) se refirieron entre otras cosas a que no coinciden las cifras que presume la dependencia estatal con otras que maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tocante al flagelo del secuestro, en el mismo Salón de Plenos entrevisté a Adriana Pineda, coordinadora de la Unidad Antisecuestros de Morelos, quien me comentó que durante el año se han cometido 118 plagios y nueve en lo que va de septiembre. En agosto, según el SNSP, hubo diez secuestros. Agregó que la entidad inició este año con 19 plagios, pero el haber bajado a nueve tal incidencia propició que Morelos pasara del primero al quinto sitio en el “ranking” nacional. Los cuatro estados que anteceden al nuestro, según Adriana Pineda, a comienzos de 2014 se ubicaban en posiciones muy distantes. Es decir: el secuestro se les disparó.
3.- En términos generales la comparecencia resultó como se esperaba. El fiscal Dorantes Salgado ofreció cifras y estadísticas del trabajo a su cargo y los diputados afines fortalecieron la idea de que esos resultados son buenos aunque falta tarea por hacer. Mientras, los legisladores oposicionistas cumplieron el papel que de ellos se esperaba y que ya habían anunciado: desestimar lo hecho y señalar con énfasis el clima de violencia e incidencia delictiva que vive la entidad. En el contexto de la multicitada comparecencia también entrevisté a Javier Bolaños Aguilar, coordinador del grupo parlamentario panista, quien anunció que su bancada pugnará por un sustancial incremento en el presupuesto de la Fiscalía General para 2015. Esto sucederá en el análisis y posible aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal, mismo que deberá ser entregado a más tardar el 1 de octubre a los diputados locales, quienes tendrán hasta el 15 de diciembre para aprobarlo. A ver.
4.- Dentro de lo que es el combate al crimen organizado y a la delincuencia común, son destacables las declaraciones vertidas anteayer por el general Ricardo Martínez Luis, comandante de la 24ª. Zona Militar, en el sentido de que esta entidad presenta sustanciales avances contra la inseguridad, aunque el Ejército Mexicano mantiene operativos “más consistentes” en Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y la región de Puente de Ixtla. Llevo meses y meses reconociendo la participación de la milicia como segundo y tercer escalón en los dispositivos de seguridad implementados por el gobierno estatal en coordinación con la Policía Federal, la Sedena, la PGR y el CISEN. Y si se trata de retomar declaraciones importantes de funcionarios federales lo haré en torno a Erick Castro Ibarra, delegado de la Secretaría de Gobernación, quien consideró que la tortura de detenidos atribuida a elementos del Mando Único vulnera la estrategia de lo que hoy identificamos como Grupo Interinstitucional Morelos. Así, mientras en Xochitepec había un paro de labores por policías del Mando Único encabritados contra Isaías Pérez Martínez (le hicieron lo que el viento a Juárez, pues Alberto Capella lo ratificó como encargado de la seguridad pública en el terruño del alcalde Rodolfo Tapia), en Axochiapan la cosa se puso color de hormiga debido al fallecimiento de un joven, el fin de semana anterior, presuntamente a manos de policías.
5.- Una vez más se registraron protestas y cierre de calles en el Congreso local con el argumento de la inconformidad social por el incremento al cobro del predial y los servicios municipales, y se enderezaron acusaciones contra la administración del edil Jorge Morales Barud y los responsables de la crisis financiera municipal. Si no fuera porque lleva desde el 10 de enero con su protesta política y obligando a marchar cada semana a un grupo de personas de la tercera edad y de bajo perfil socioeconómico, podría pensarse que el ex diputado Gabriel Rivas Ríos movilizó ayer a sus seguidores del Frente de colonos en lucha contra el alza de impuestos en Cuernavaca, con el ánimo de obstaculizar la sesión en que el fiscal Dorantes tendría que comparecer ante los diputados. El bloqueo del Frente, que incluyó por largo rato los dos accesos al Palacio Legislativo, lo hizo ver como el manejador de un grupo político al servicio del mejor postor. Por supuesto, nada más alejado de la realidad. Ajá.
6.- Es difícil percibir como casualidad que la empresa Promotora Ambiental S. A. (PASA) haya presentado hasta ahora su solicitud de juicio político en contra del alcalde Jorge Morales Barud ante la Junta Política del Congreso, justo cuando ese órgano es controlado por dos panistas. Es de recordarse que PASA se hizo de la concesión para el manejo de residuos en Cuernavaca en tiempos en que el PAN controlaba el gobierno del estado, el ayuntamiento de la ciudad y el propio Congreso, y que desde siempre la concesión fue señalada como un negocio con panistas como beneficiarios. Esta historia de juicio político apenas comienza y es previsible que dará mucho de qué hablar cuando sus dos principales actores son adversarios del grupo que tiene el control político estatal: el PAN que quisiera quemar en leña verde a Morales Barud para complacer a PASA y sus inversionistas, y el PRI que irá a la defensa de su más importante presidente municipal en el estado, por las repercusiones políticas que su linchamiento tendría de cara a las próximas elecciones; frente a un PRD que en teoría es ajeno al pleito, pero que se antoja gustoso de abonar a la caída tricolor en la capital del estado. A ver.