Ese cuerpo colegiado lleva varios lustros convertido en la caja de resonancia de la política morelense, pero la mayoría de quienes antecedieron al actual titular del Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu, no lo entendieron así. Siempre consideraron al Poder Legislativo como un instrumento de presión hacia las autoridades estatales, pero también para la obtención de canonjías y dinero fácil. Al respecto abundan los testimonios en las hemerotecas. Me parece que la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha transitado sobre terreno minado debido a la impericia del mandatario en turno y de los funcionarios responsables de la Secretaría de Gobierno, pero también como si el sistema de comunicación y coordinación estuviera siempre fundamentado en lo económico.
2.- Muy oportunamente comenté que Matías Quiroz Medina llegó al Palacio de Gobierno a cumplir con mandatos constitucionales y otras tantas obligaciones señaladas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Entre muchas cuestiones el flamante secretario de Gobierno debe conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes y con los ayuntamientos, así como llevar los asuntos de orden político interno y aquellos que le sean encomendados por el Ejecutivo. Además, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno le reitera lo anterior, pero el artículo 8 señala además que el titular del ramo deberá ser apoyado por el subsecretario de Gobierno (o sea por Ricardo Robledo, considerado el “Superman” de la negociación) para atender la conducción política y las relaciones con los 33 ayuntamientos, así como también propiciar la participación de los grupos y sectores de la sociedad y organismos no gubernamentales en los programas y políticas de Gobierno.
3.- Robledo, por su parte, debe auxiliar al secretario en la conducción de los asuntos de orden político interno del Estado; mantener la gobernabilidad partiendo de una relación armónica y un constante acercamiento entre el Ejecutivo Estatal y la sociedad morelense, y solicitar por acuerdo del secretario de Gobierno la agenda de los asuntos que pudieran convertirse en conflictos sociales a los secretarios de despacho y sus organismos. Matías Quiroz Medina, entre otras cosas, ya fue presidente municipal de Tlaltizapán en el trienio 2000-2003 y diputado local de 2006 a 2009. En el Congreso coordinó el grupo parlamentario del PRD teniendo como compañera a Lucía Meza Guzmán, hoy presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. En 2009, Quiroz Medina buscó ser diputado federal por el IV distrito, pero no lo consiguió. No es ningún improvisado en la política morelense y tiene capacidad de conciliación, lo cual empieza a demostrar, a diferencia de lo que ocurrió durante el pasado bienio teniendo a Jorge Messeguer Guillén como responsable de la Secretaría de Gobierno.
4.- De esas cosas que ya no se daban en Morelos. Fue raro conocer de la reunión que Matías Quiroz Medina tuvo ayer por la tarde con los coordinadores de todas fuerzas políticas con representación en el Congreso, liderados por el presidente de la Junta Política –y por tanto responsable de los asuntos políticos de la legislatura- Javier Bolaños Aguilar, en el restaurante favorito de los dueños de la chequera del Palacio Legislativo. El acercamiento es uno de los primeros que se dan y por supuesto el tema central fue la relación política entre ambos poderes, que se estima fundamental para sacar adelante el Presupuesto 2015, que debe ser la preocupación principal del gobernador Graco Ramírez, particularmente porque el año próximo habrá elecciones y el gobierno requerirá mostrar más y mejor estabilidad, eficiencia, gobernabilidad, frente a los ciudadanos. La pregunta insoslayable es si la luna de miel que inician los líderes parlamentarios con el secretario de Gobierno soportará los vaivenes de la negociación presupuestal, los jaloneos de la crisis de seguridad y, más adelante, los ventarrones del proceso electoral en el que todos, sin excepción, tienen intereses. A ver.
5.- Generalmente bien informado y con el olfato político bien entrenado, el perredista Juan Ángel Flores Bustamante persevera en su interés por impulsar el tema de la probidad de los futuros candidatos morelenses a puestos de elección popular. A principios de mes impulsó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía a que indague cualquier sospecha de nexos con el hampa que pese sobre cualquier funcionario, y para que los partidos políticos verifiquen igualmente las relaciones que sus posibles abanderados tengan con el crimen organizado. Y el jojutlense volvió ayer al ataque aprovechando declaraciones hechas el lunes por el nuevo dirigente estatal priísta, Rodolfo Becerril Straffon, y ante la certeza de que, con el antecedente del caso Iguala, el tema será prioridad electoral en todo el país. El propio Juan Ángel se coloca así en posición de que lo indaguen porque aspira a suceder en el cargo a su correligionaria Hortencia Figueroa.
6.- El Congreso local deberá retomar hoy el tema de la comparecencia del comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, cuya puesta en el tapete provocó que la sesión fuera suspendida la semana anterior. Los promotores de sentar en el banquillo de los acusados al abogado tijuanense han venido modificando su postura, de tal forma que parece cancelada la posibilidad de que se presente en una sesión pública del Pleno, pero aún hay quienes apoyan la idea de llamarlo, por lo que el encuentro sería de carácter privado, en una posibilidad de la que hace varios días le daba cuenta aquí. El punto de quiebre en las posturas de los detractores del comisionado ha sido la idea que se ha deslizado en el Congreso, en el sentido de que quienes pretenden la comparecencia tendrían interés en conocer detalles sobre la estrategia de seguridad que no deben hacerse del conocimiento de la opinión pública para que no lleguen a los oídos de los delincuentes. Por ello ahora la mayoría de los diputados se pronuncian por pedirle cuentas al funcionario, pero en privado. Sin embargo, en lo personal siempre he considerado que las mentadas comparecencias, independientemente de que no tienen calidad vinculatoria, solo sirven para desgastar y hasta ridiculizar al funcionario en turno y el lucimiento de quienes, cobijados por el manto protector del Congreso local, disponen de cuantiosos recursos sin arriesgar jamás el pellejo. Hasta hoy no he sabido de una comparecencia que haya servido para mejorar el desarrollo integral de la sociedad morelense. Ese tipo de procedimientos parlamentarios se parece a las giras de diputados por el extranjero -pagadas con dinero público- que han servido para maldita la cosa.